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Según el escrito de la recusación que presentó la Fiscalía, comenzó una discusión en la cual el magistrado se negó a cambiarse de lugar o a que le coloquen una lámpara personal para mejorar su visibilidad.
Tras solucionar el incoveniente, la audiencia siguió y le consultaron al testigo sobre cómo estaba conformada su familia pero comenzó a responder cómo es que había llegado al instituto Próvolo en Mendoza. El juez Escot volvió a interrumpir pidiendo "que conteste lo que se le preguntó", pese a que se trata de una persona con dificultades comunicativas no sólo por ser hipoacúsico sino por su nivel de alfabetización bajo.
Esto generó una nueva discusión con la presidenta del Tribunal quien le pidió que tenga mayor tolerancia con el declarante, sobre todo teniendo en cuenta que si bien no estaba respondiendo lo que estrictamente le habían preguntado sí se estaba refiriendo a los hechos que se juzgan. "No es falta de tolerancia, es falta de criterio. Se le preguntó con quién vivía en Salta. Si no sabe contestar no se puede hacer un diálogo. Es un diálogo de sordos", replicó Rafael Escot.
Esta situación valió el pedido de recusación por parte del jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales, Alejandro Iturbide, quien consideró que su desafortunado comentario fue discriminatorio: "Constituye una expresión que debería evitarse a todas luces, justamente tratándose de un juicio donde la mayoría de los principales testigos son sordos o hipoacúsicos".
El pedido fue escuchado formalmente este miércoles por las integrantes del Tribunal Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna quienes se tomaron un cuarto intermedio para resolver si apartan al juez. En ese caso será reemplazado por la última de esas magistradas, que lleva adelante el proceso en calidad de suplente.
No es la primera vez que es proceso atraviesa una situación similar ya que días antes de que comenzara el debate tuvo que ser apartado el juez Horacio Cadile luego de que se filtraran conversaciones de Whastapp en un grupo de colegas donde hacía chistes sobre una relación sentimental con la monja Kosaka Kumiko, principal sospechosa en el juicio.
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La monja Kumiko Kosaka, una de las nueve mujeres imputadas en el caso Próvolo 2.
Segundo megajuicio del caso Próvolo
El 3 de mayo de 2021 comenzó el segundo megajuicio por los abusos sexuales que sufrieron los menores de edad que estaban alojados en el instituto Antonio Próvolo. Se trata de tres expedientes penales que tienen imputados a las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez; la representante legal Graciela Pascual; y otras directivas y empleadas de la institución: Edith Pinacca, Cristina Leguiza, Valeska Quintana, Laura Gaetan, Cecilia Raffo y Noemí Paz.
La más cómplicada es la monja japonesa, quien está sospechada de participar de algunos de los vejámenes y tiene más imputaciones en su contra. En tanto que el resto de las imputadas están sospechadas de encubrir lo que ocurría en el establecimiento ubicado sobre calle Boedo.
En el primer megajuicio del expediente habían sido condenados En el primer megajuicio del expediente habían sido condenados los curas Horacio Corbacho -45 años de cárcel-, Nicola Corradi -45 años de cárcel- y el monaguillo Armando Gómez -18 años de cárcel-.
