El presidente y el apoderado en Mendoza de la Obra Social del Personal de Empresa de Limpieza Servicio y Maestranza (OSPELSYM) fueron denunciados en los tribunales porteños de la Justicia Federal por una serie de irregularidades que podrían tipificarse en los delitos de administración fraudulenta, estafas reiteradas y falsificaciones de documentos privados.
Te puede interesar:Nuevo aumento para las empleadas domésticas: la paritaria de mayo definirá el monto
En la denuncia se pide que se los investigue a ellos y también si hay responsabilidad de la gerencia mendocina del Banco Nación, la legalidad de dos empresas “en creación” y también del Sindicato de Obreros y Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicios y Maestranza (SOTELSYM).
Mientras tanto, los denunciados indicaron que "todo es absolutamente falso y es parte de una campaña de difamación", al tiempo que sostuvieron que también radicaron una denuncia penal en la justicia provincial por los delitos de extorsión y cohecho.
Al momento de dar la entrevista, los denunciados lo hicieron junto a dos de los "denunciantes", que supuestamente otorgaron poderes legales para radicar la acusación en la justicia federal. Estos últimos hicieron el mismo relato que los denunciados y subrayaron que "la justicia está investigando".
La denuncia en Buenos Aires
La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado Federal 8 de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que debió hacerse cargo también del juzgado del fallecido Claudio Bonadio. El fiscal de la causa es Jorge Di Lello, quien en 2017 imputó al entonces presidente Mauricio Macri por la concesión de rutas aéreas a la empresa Avianca.
Los abogados que presentaron la denuncia son Carlos Alberto Eduardo Majdalani y Andrés Roberto Carvajal y representan a cuatro empleados y miembros de la comisión directiva de la misma obra social OSPELSYM.
Curiosamente dos de los denunciantes, al ser entrevistados por Diario Uno, negaron haber hecho estas acusaciones, pese a que en la causa están incorporados los poderes firmados ante escribano público, que indican a Majdalani y Carvajal como sus representantes.
Una de las maniobras que se denuncia en Comodoro Py, es la retención de los fondos que le envía a la obra social la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y que termina dejando sin cobertura o generando graves inconvenientes a los afiliados. Es por esto que los letrados denunciantes consideraron que la denuncia debía ser presentada en uno de los juzgados federales de Comodoro Py.
La otra maniobra es más compleja y hasta curiosa. Supuestamente a los empleados de la obra social , según dijo a este medio el abogado Carlos Majdalani, los impulsan a sacar préstamos personales, fraguándoles los recibos de haberes para que los préstamos sean mayores, y ese dinero queda en poder de los responsables de la obra social. En la denuncia se aclara que esos préstamos terminan devolviéndose, pero les bloquea a los empleados la posibilidad de acceder a cualquier otro crédito.
En la denuncia los cuatro denunciantes, empleados y/o integrantes de la administración de OSPELSYM, relatan que los denunciados “vienen desarrollando un manejo discrecional de los fondos de la Obra Social y, en especial de la toma de recursos mediante la maniobra de falsificar recibos de sueldo del personal tanto efectivo cuanto contratado o tercerizado y, con tales instrumentos apócrifos, requerir del banco de la Nación Argentina, sucursal Mendoza, en aparente complicidad con la Gerencia del mismo, créditos personales, obteniendo ingentes montos en tal carácter que utilizan a su exclusivo arbitrio sin entregar suma alguna al aparente beneficiario”.
Además indican que “los directivos aludidos también hacen uso y abuso de las prestaciones por discapacidad que deben oblar a los afiliados, obteniendo el dinero pertinente por parte de los organismos estatales correspondientes y retrasando en varios meses la efectiva entrega de los mismos a sus beneficiarios, redundando tal actividad en una verdadera apropiación indebida de los montos indicados”.
En la denuncia, el doctor Majdalani argumenta que “los aquí acusados despliegan desde hace tiempo una verdadera administración fraudulenta mediante estafas reiteradas, falsificaciones de instrumentos desembozadas destinadas a obtener créditos de cuyos importes se apoderan, pese a que se gestionan a nombre de empleados o vinculados a la entidad, apropiaciones indebidas de montos destinados a abonar a los prestadores de los afiliados, discapacitados de la Obra Social que gerencian a su arbitrio. Todo ello con la ineludible complicidad de terceros, como quienes se desempeñan en la gerencia de la institución financiera antes mencionada”.
Falsificación de recibos de haberes
Para obtener mayores montos de créditos, los acusados habrían falsificado los recibos de haberes de algunos empleados. Estos se ofrecieron como prueba documental.
Caso 1:
Recibo verdadero mes de febrero de 2019: $ 47.087.
Recibo falsificado: $ 58.367,08
Caso 2:
Recibo verdadero de febrero de 2019: $ 30.977,11
Recibo falsificado: $ 130.485,76
Caso 3:
Recibo verdadero de diciembre de 2018: $ 38.804,26
En tanto a septiembre de 2019, con el mismo cargo de Gerente se le “abonó” un neto de $ 69.820,40 lo que resulta un sugestivo aumento del 80% en nueve meses.
Caso 4:
Recibo verdadero febrero de 2018: $19.526, 54.
Recibo falsificado: $ 47.808,27.
Caso 5:
Recibo verdadero de febrero de 2018: $9.578,11.
Recibo falsificado: $ 46.892,71.
Caso 6:
Recibo verdadero de abril de 2019: $16.344,90
Recibo falsificado: $ 46.294,04.
Caso 7:
Recibo verdadero de febrero de 2018: $10.8282, 93.
Recibo falsificado: $ 44.472,21.
Retención de fondos de la SSS
En cuanto a la retención de fondos remitida por Superintendencia de Servicios de Salud, en la denuncia se sostiene que “en relación a la falta de cumplimiento del pago de discapacidades, se adjuntan también – al solo efecto ejemplificativo – diversos mensajes de Whatsapp de beneficiarios o prestadores a quienes no les abonaba o les entregaba cheques sin fondos, así como también una consulta de integración, detalle de facturas impagas y /o pagos diferidos, en abierta violación ( y se citan decretos y resoluciones) que dictan que los pagos deben rendirse el mismo mes del ingreso del dinero a la cuenta de la Obra Social. En algunos casos las deudas datan de 2018 y aún no fueron saldadas”.
Un ejemplo de esto es Luana, una nena alvarense de 6 años y que está internada en el Hospital Notti y padece leucemia.
Su madre es afiliada a OSPELSYM y, ante la falta de respuesta de la obra social, finalmente logró este lunes que el mismo hospital le proveyera la medicación, pero deberá devolver su valor, que asciende a los $270.000, para lo cual programó un evento solidario en General Alvear.
Sin embargo Sergio Spadaro, apoderado de la obra social, dijo que "la medicación la proveímos y la pagamos nosotros".
Este retraso en los pagos de obras sociales hasta generó una reacción del gobierno provincial. El gobernador Rodolfo Suarez analiza llevarla a la Justicia esto, debido a que, desde el 2016 al 2019, la falta de pago de las obras sociales llegó a casi $190 millones.
La acusación
Finalmente en la denuncia Majdalani dice que “la administración fraudulenta, maniobras extorsivas, falsificaciones varias, presuntas complicidades con la Gerencia del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Mendoza, y demás ilícitos que eventualmente se tipifiquen en el decurso de la investigación que propiciamos, no se limita a la Obra Social reiteradamente aludida sino que se extiende a, por lo menos, cuatro entidades más” y menciona al sindicato SOTELSYM y a tres sociedades anónimas “todas ellas manejadas por presuntos testaferros de los encartados”.
"Campaña de difamación"
La obra social OSPELSYM tiene 30.000 afiliados. Al menos eso es lo que dice su comisión directiva, que también asegura que recibe de 200 a 300 solicitudes mensuales, para tener esa cobertura.
Su sede principal está en Montevideo 629, un enorme y moderno edificio en donde hay un enorme movimiento. La sede del sindicato SOTELSYM , muchísimo más modesta, está justo enfrente.
Tiene 10 sedes en toda la provincia, además de consultorios y otras dependencias en la ciudad de Mendoza.
La comisión directiva y la administración funcionan en una coqueta construcción del barrio Bombal, en Leopoldo Suárez 629.
Allí, en una amplia sala de reuniones, este medio obtiene la otra versión.
Allí se juntan Pedro Segundo García, presidente de la obra social, y Sergio Fabián Spadaro, apoderado de la misma. Son los dos denunciados.
También están Gustavo Daniel Pizzinato y Rubén Américo Martin, que son parte de la administración y que son dos de los denunciantes, junto a Patricia Nélida Quintero y Cinthia Anabela Olguín.
“Ellos son los denunciantes y yo soy uno de los denunciados”, se presenta Spadaro, refiriéndose a la causa de Comodoro Py. Además dice que “todo es absolutamente falso y es una campaña de difamación. Negamos terminantemente todo”.
Luego Spadaro agrega que “tenemos un abogado penalista que está actuando, para saber quién es el que ha maquinado todo”, haciendo referencia a una denuncia hecha en los tribunales provinciales.
Ese abogado penalista es Pablo Salinas quien, al ser consultado por este medio, confirmó la radicación de una denuncia en la fiscalía de delitos no especializados y sostuvo que se constituirán como querellantes en esta causa, en la que se denuncia extorsión y cohecho.
Todos repiten más o menos lo mismo, atribuyendo la denuncia en la Justicia Federal a una maniobra de desprestigio, sin decir quién persigue ese objetivo y tampoco abundando sobre el detalle de que, estos que desmienten, son dos de los que denunciaron.
Martin es el más verborrágico. Dice que “eso está en manos de abogados y está investigando la Justicia. Yo puedo decir que, como integrante de una comisión directiva, es imposible denunciar a mis pares, cuando soy parte de la administración”.
Sostiene que para ellos lo importante es “dar servicios de salud” y buscar soluciones a los problemas financieros “por lo tarde que te reintegran, lo tarde que te subsidian, lo nunca que te mandan el dinero para ciertas cosas, y a lo cual nosotros, con más de 10 delegaciones, tenemos que responder porque damos servicios de salud”.
Luego agrega que “tenemos 30.000 afiliados y la recepción de entre 200 y 300 opciones de cambio mensuales, porque las personas siguen optando por nosotros y eso habla del servicio que damos”.
Pizzinato, refutando lo expresado en la denuncia en Buenos Aires, dice que “acá nadie puede hacer algo solo, nadie puede hacer nada solo. Todo requiere la firma en conjunto de la comisión directiva”.
Luego se sostiene que “han quedado afuera de la Obra Social algunos terceros, médicos auditores, administrativos…” sosteniendo que por allí podría existir el motivo de la denuncia.
“Si yo lo denuncio a él, me estoy denunciando a mi”, dice Pizzinato, que agrega que “puede haber prestadores que hayamos cambiado y que estén enojados”.
Pedro García, el presidente de OSPELSYM, sostiene que “la salud en este país se ha judicializado”.
Finalmente sostienen que “la justicia determinará “quién extorsiona y quién coacciona".