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El coronavirus se metió en la discusión por la libertad de Mauro Aguirre

Una de las pocas audiencias que se realizó este jueves en el Poder Judicial tuvo como protagonista a Mauro Aguirre, el docente de la Universidad Nacional de Cuyo acusado de abusar de dos alumnas. Y también al coronavirus, argumento con el cual podría recuperar su libertad.

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El primer turno para alegar en la cumbre judicial que se realizó mediante videoconferencia fue para el fiscal de Delitos Sexuales, Darío Nora, quien solicitó que se dicte la prisión preventiva con cumplimiento en la cárcel contra el hombre.

Rápido de reflejos y antes de que hablara la defensa, el magistrado entendió que no se le debe otorgar el beneficio domiciliario pese a que Aguirre pertenece a los grupos de riesgos del coronarvirus debido a que tiene 67 años.

Para el fiscal no hay mejor lugar que la cárcel ya que allí existen los medios para asistirlo, están suspendidas las visitas y las salidas transitorias y además el acusado no tiene ninguna enfermedad preexistente.

La abogada de las víctimas, Viviana Beigel, también pidió que el presunto abusador siga detenido en la cárcel mientras avanza la investigación.

En tanto que la defensa, a cargo de Enoc Ortiz, esgrimió lo contrario y pidió que si se dicta la prisión preventiva sea en forma domiciliaria.

Tras la audiencia de casi 5 horas, la jueza Dolores Ramón dispuso un cuarto intermedio sin fecha para pasar a dictar la resolución al respecto.

Vale recordar que en febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de Justicia ordenó la detención de Aguirre revirtiendo un fallo de junio, a cargo del juez Víctor Comeglio, que había anulado la primera orden de detención.

El caso

Aguirre está imputado por siete delitos que habría cometido contra dos jóvenes que en su momento tenían 18 y 19 años entre 2010 y 2015. El relato de las víctimas sostiene que formaban parte de la Agrupación Universitaria Nacional (AUN), una organización que tenía conductas sectarias.

Aguirre -según el relato de las denunciantes- era visto como el líder y ejecutaba debates con vehemencia, llegando hasta golpearse el pecho cuando quería imponer su pensamiento.

La acusación sostiene que las víctimas eran citadas para una "cena de gala" en un domicilio. Para esto -siempre según la denuncia- el docente recibía la colaboración de Leandro Fontán, Lucia Fernández y Mario Codoni. Estas personas están imputadas como partícipes primarias y se encuentran libres bajo fianza.

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En medio de esas reuniones, los cómplices se retiraban y dejaban a las adolescentes junto con el hombre, quien las abusaba sexualmente. Siempre según la versión denunciante.

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Las imputaciones son por dos abusos sexuales con acceso carnal, uno hecho similar en grado de tentativa y cuatro abuso sexuales simples. Todos estos delitos están agravados por la calidad de educador del presunto victimario.

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