A las 18.58 del sábado 12 de diciembre un hombre hizo una llamada al 911, dijo que había gritos y pedidos de auxilio de una mujer en la casa de un vecino. Al no entenderse con la policía que lo atendió, ella cortó la comunicación. Ahora fue suspendida de su trabajo y puede ser imputada. La voz que pedía auxilio era la de Florencia Romano (14), la chica que fue asesinada en Maipú.

El hombre indicó que había una situación de violencia de género en la casa de un vecino del callejón Berra, casi padre Vázquez, de Maipú.

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Cuando la mujer policía que lo atendió le pregunta la dirección, el hombre le indica las calles, pero la mujer no le entiende. Luego de preguntarle tres veces al hombre, ella seguía sin entender bien la dirección y le dijo al denunciante que no lograba encontrar esa ubicación en el mapa.

Ante esta situación, el hombre le dijo: "¿Vos sos policía o qué?", a lo que la mujer le habría contestado que no iba a dejar que la tratara mal, y antes que el hombre pudiera llegar a insultarla, decidió cortar la comunicación. Lo grave es que los gritos de socorro eran de Florencia Romano, que luego sería asesinada.

La llamada quedó desestimada, tal vez por pensar que era una broma o no era nada serio, tal como pasa en un centenar de llamados diarios que ingresan al 911.

Cuando los investigadores capturaron a Pablo Arancibia (33) y a su novia Micaela Méndez (27) en su casa de Maipú, por la desaparición de Florencia Romano (14), algunos vecinos señalaron que el sábado escucharon gritos de pelea y música fuerte. Allí se enteraron que por lo menos una persona había alertado a la Policía sobre esa situación.

Al buscar las grabaciones de las llamadas en el rango horario cercano a las 19, se encontraron con la comunicación fallida.

Debido a que se trató de un crimen, los fiscales de Homicidios Fernando Guzzo y Claudia Ríos sacaron una compulsa penal para que otra fiscalía investigue lo que pasó.

La mujer policía fue sancionada por la Inspección General de Seguridad, quienes la suspendieron y quedó en pasiva, lo que significa que no puede trabajar y cobrará la mitad del sueldo hasta que se termine la investigación.

Por otro lado, la Justicia penal puede imputarla por abandono de persona, o por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y hasta puede ir presa.