Tuvo que esperar a que su bebé muriera en el vientre: "Te sientes como si fueras su verdugo"

Un diagnóstico letal y el inicio del laberinto clínico

El embarazo de Catalina había sido intensamente buscado durante un año y medio. Por cercanía y lazos familiares, decidió atenderse en un centro médico privado de la zona oriente de la capital chilena. “Tenía confianza de que iban a cuidar de mí”, relató a la BBC. Sin embargo, en la ecografía de la semana 11, los médicos advirtieron un cuadro de extrema gravedad: la beba presentaba un higroma quístico bilateral acompañado de hidrops fetal generalizado, una anomalía severa del sistema linfático incompatible con la supervivencia extrauterina.

Bajo la legislación chilena aprobada en 2017, la interrupción voluntaria del embarazo está permitida bajo tres causales específicas: peligro para la vida de la madre, violación e inviabilidad fetal letal. Esta última exige la ratificación de dos diagnósticos coincidentes de especialistas.

A pesar de que un peritaje externo elaborado por el obstetra Waldo Sepúlveda confirmó el pronóstico terminal y recomendó acogerse a la causal legal, el equipo de la clínica comenzó a dilatar los plazos. Le exigieron sucesivas evaluaciones, derivaron el caso a un comité ético y la pusieron bajo la órbita de Carstens. Catalina describió ese proceso ante la BBC como un “peregrinaje” agotador de estudios repetitivos mientras su embarazo seguía avanzando sin respuestas concretas.

“Es una tortura muy grande”: la agonía de las ecografías semanales

En lugar de facilitar el segundo dictamen o formalizar una objeción de conciencia como fija la ley, el médico le aseguró a la paciente que su cuadro no encajaba con el protocolo y le propuso una alternativa angustiante: acudir todos los lunes a su consultorio para monitorear si el feto continuaba con signos vitales. “Me ofreció ir todos los lunes, él me hacía un sobrecupo en su consulta y no me cobraba la ecografía para ver si seguía latiendo. Me dijo que iba a pasar en cualquier momento”, recordó Pizarro.

La espera se prolongó durante casi un mes, sumiendo a la mujer en un cuadro de profundo desgaste emocional. “Es como estar en el borde de la locura, porque de verdad te llegas a cuestionar todo… El encariñarse, por ejemplo. Le hablas y después dices 'no, no te puedes engañar, no puedes generar un lazo porque esto no va a durar'. Y luego te sientes culpable por eso, y es un loop, un loop horrible. Es una tortura muy grande, muy grande”, relató Catalina sobre aquellos días recluida con licencia médica.

El desenlace ocurrió el 5 de diciembre de 2018, en la semana 20 de gestación, cuando el monitor confirmó el cese de los latidos. Según la denuncia, tras confirmar la muerte, el especialista le dijo: “Preferí que fuera así porque es más natural. Así no tendrás cargo de conciencia”. Ante esa frase, Catalina afirmó: “Ahí entendí todo”. Luego atribuyó la conducta médica a un sesgo moral: “Yo creo que fue puro paternalismo (...). Como el papá que te dice 'esto es lo mejor para ti'. Pero ellos no saben lo que es mejor para uno, porque ellos no están en tus zapatos”.

Dilaciones encubiertas y la advertencia sobre la objeción médica

El fallo civil de primera instancia —que fue apelado por la defensa de Carstens, quien asegura haber actuado bajo la lex artis médica y niega la inviabilidad— abrió un debate de fondo sobre las barreras invisibles en la salud pública y privada.

Consultada por la BBC, la exministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, explicó que este caso transparenta una práctica que detectaron en diversas instituciones: “El caso de Catalina muestra que en el derecho al aborto los obstáculos no siempre son un 'no': se disfrazan en dilaciones, un examen más, una cita más, una segunda opinión que nunca llega”.

Para la exfuncionaria, postergar los tiempos clínicos atenta contra el espíritu de la normativa: “Cuando hay una discrepancia clínica, lo que corresponde es resolverla con diligencia, no dejar que el embarazo avance hasta que la discusión se vuelva irrelevante. Eso es paternalismo”. Asimismo, diferenció la objeción institucional de la mala praxis: “El problema es cuando alguien que no se ha declarado objetor opera como obstructor. Piden exámenes innecesarios o postergan la segunda opinión; eso no es objeción de conciencia, es derechamente obstrucción”.

Catalina retomó de a poco sus actividades y su labor como bajista en una agrupación de música tropical, a la espera de que el tribunal de alzada confirme la sentencia definitiva. “Me encantaría que se pudiera generar un precedente para otras mujeres”, subrayó a la BBC, con el anhelo de cerrar este ciclo judicial para finalmente esparcir las cenizas de su hija en el mar.