Los jueces penalistas Carlos Manuel Díaz, Gonzalo Guiñazú y Jorge Coussirat, de largas carreras en el Poder Judicial de Mendoza, renunciaron para jubilarse.

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Las salidas sucedieron en medio de una nueva reforma impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de acelerar los retiros de magistrados y bajar el gasto público tomando como referencia a los que más ganan.

El gobernador Rodolfo Suarez aceptó las dimisiones que fueron presentadas hace poco más de un mes, aunque trascendieron en las últimas horas por una serie de consultas realizadas por Diario UNO.

Díaz, Guiñazú y Coussirat dejarán de ser jueces cuando estén en condiciones de percibir el primer cobro jubilatorio.

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Los tres ya superaron el mínimo de 60 años fijados para iniciar los trámites del retiro aunque, como es oportuno recordar, los magistrados se retiran cuando quieren porque el cargo es vitalicio e inamovible, salvo que un juicio político los destituya.

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Por ahora, Díaz, Guiñazú y Coussirat están de licencia extraordinaria porque integran los grupos de riesgo de personas que podrían contraer COVID 19. La situación laboral no cambiará mientras les llegue la jubilación.

Uno por uno

Díaz tiene 74 años e ingresó al Poder Judicial hace casi 40 años.

Su imagen alcanzó gran notoriedad pública en noviembre último por presidir el tribunal que, al final de un juicio histórico y de largo aliento, condenó a dos sacerdotes y un civil por abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Luján a menores hipoacúsicos.

"Me voy a jubilar en febrero o marzo de 2020", había anticipado a Diario UNO a fines de 2019, mientras los ecos del primer juicio del caso Próvolo seguían retumbando en Mendoza y el país y llegaban hasta Italia, cuna de la institución dedicada a atender a hipoacúsicos. Así fue.

Díaz hablaba de su retiro porque consideraba que su ciclo estaba cumplido y que el juicio del caso Próvolo había sido irse por la puerta grande. Acababa de asumir Suarez la gobernación de Mendoza y lejos estaba de imaginar que el primer mandatario ideaba una reforma judicial que terminaría involucrando a los mismos usías.

Gonzalo Guiñazú tiene 63 años y es el más joven de los tres que dimitieron. A diferencia de Díaz, el ex integrante de la Quinta Cámara del Crimen se va de la Justicia prácticamente empujado por las reformas en ciernes pero también por cuestiones de salud.

Ingresó a la Justicia hace 36 años. Durante muchos años lideró la Quinta Cámara del Crimen.

En su rol de juez dictó sentencias emblemáticas, como en el caso conocido popularmente como El crimen del Parque, entre otras.

Otrora considerado un juez duro, Guiñazú también fue presidente de la Asociación de Magistrados que en 2008 firmó el fin del larguísimo conflicto salarial entre el Gobierno y los jueces provinciales.

Aquella vez, durante la gobernación de Celso Jaque, los usías dejaron de lado las demandas judiciales contra el Estado y abrocharon aumentos salariales a futuro ya no por la inflación -lo que había detonado el conflicto en la gestión de Julio Cobos- sino de acuerdo a los índices que signaban las mejoras para los jueces federales. Una especie de cláusula gatillo.

Coussirat es el mayor de los tres renunciantes. Tiene 75 años y una aquilatada trayectoria en el Poder Judicial y en las facultades de Derecho. Ingresó a la Justicia en 1965 y este año cumplió 55 años de carrera.

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En 2019 integró el tribunal suplente del caso Próvolo y su figura, generalmente de bajísima exposición pública, alcanzó cierta notoriedad por dos hechos: su oposición al sistema de juicios por jurado popular desde lo académico y su intervención en el caso de los hermanitos Kruk, atropellados y muertos en la Costanera, porque sobreseyó a los responsables en una de las primeras etapas.

Dijo de los juicios por jurados populares: "Son más lentos y burocráticos y más caros que los juicios con jueces técnicos".

En la década del ´90, los jueces Coussirat y Díaz llevaron adelante el segundo juicio oral y público por los asesinatos de Neme y Ros desde la Cuarta Cámara del Crimen.

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