Tres jóvenes que se bañaban en el canal Cerrito, de San Rafael, deberán pagar un mínimo de $9.500 cada uno, después de que la policía les labrara multas por infracciones al Código Contravencional. Son personas de bajos recursos, por lo que seguramente pagarán con tres días de arresto o trabajo comunitario.
La sanción la aplicó el juez de Contravenciones, Oscar De Diego, que ya ha sido centro de varias polémicas y hasta hubo un intento de llevarlo a un Jury por organismos de Derechos Humanos. El magistrado se lamentó que, por no tener posibilidades de pagar la multa, los tres muchachos debieron quedar libres cuando cometieron la infracción, “debido a que no tenían recursos para la caución”.
Según relato del mismo juez De Diego, entrevistado por la radio sanrafaelina Vos, los tres jóvenes, que se bañaban en el canal junto a unos 10 niños que viven en un barrio de bajos recursos que está cercano al canal, “cometieron tres contravenciones: cortaron un árbol, atravesaron el canal con él y se bañaban allí”. Dijo que la obstrucción está multada con entre 1.000 y 3.000 unidades fijas, “la depredación con 1.500 a 4.000 unidades y bañarse en un canal de riego un máximo 500 unidades fijas”.
Sostuvo que en su mismo juzgado “me dijeron que creían que me había excedido en la multa”, pero argumentó que hizo un cálculo único sobre las tres contravenciones.
Hoy la unidad es de $9,50 y De Diego les hizo un “combo” por casi $9.000 para cada uno de los tres infractores. El juez, pese a reconocer que el calor y los bolsillos flacos justifican un chapuzón en un curso de agua, dijo los tres muchachos “actuaron de muy mala fe”.
La multa tiene para cada joven un monto similar al que hubiera gastado yéndose una semana a alguna de las playas del mar bonaerense.
En 2016, el juez De Diego enfrentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento de organismos de Derechos Humanos por detener a un alumno de un establecimiento educativo de nivel superior de gestión estatal que protestaba en asamblea contra el arancelamiento de la inscripción, según recordó el portal Explícito.
La propia presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dirigió una nota al Jury de Enjuiciamiento solicitando se diera celeridad al procedimiento, indicando que “los hechos denunciados revisten una gravedad institucional inaudita”.
No obstante, el Jury fue desestimado por unanimidad.