El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene actualmente 28 viviendas bajo revisión por incumplimientos de las condiciones con las que fueron adjudicadas. Se trata de casos en los que las propiedades presentan deudas prolongadas o son utilizadas para fines distintos a los establecidos, como alquileres no autorizados o actividades ajenas al uso habitacional.
Ley para desalojar viviendas sociales: el IPV aseguró que son 28 las casas en estas condiciones
Es para quienes nunca pagaron la cuota de las viviendas, las usaron con fines comerciales o las alquilaron. La disposición estará operativa en agosto
Las casas del IPV se podrán desadjudicar con mayor facilidad una vez que sean promulgados las modificaciones a las leyes y a través de la intervención de un juzgado de Paz.
En este contexto, la Legislatura de Mendoza aprobó una serie de modificaciones a leyes destinadas a agilizar los procedimientos para recuperar esas viviendas y reasignarlas a familias con necesidad habitacional.
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El director del IPV, Gustavo Cantero, explicó en radio Nihuil que uno de los principales problemas del organismo era la demora de los procesos. "Antes teníamos el problema de que se hacía eterno el recupero de viviendas. Algunos casos quedaban años sin resolverse", señaló.
Cambios para acelerar los trámites
Las modificaciones alcanzan a la Ley 4.203, la Ley 9.001 y al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Entre los cambios más relevantes, se habilita al IPV a promover juicios de desalojo una vez que la desadjudicación quede firme y se incorpora la intervención de los juzgados de Paz Letrada para este tipo de procedimientos.
Según explicó Cantero, los cambios aún deben ser reglamentados y publicados en el Boletín Oficial, pero la expectativa es que comiencen a aplicarse a partir de agosto.
El funcionario aclaró que estas herramientas serán utilizadas como última instancia y que antes de llegar a una medida de recuperación de la vivienda existen varias notificaciones previas al adjudicatario.
También remarcó que no habrá una aplicación automática de las sanciones. En los casos de familias que atraviesen dificultades económicas, como la pérdida del empleo, podrán presentar su situación para que sea evaluada por el IPV.
Qué pasa con las viviendas alquiladas del IPV
Uno de los incumplimientos más frecuentes detectados por el IPV es el alquiler de viviendas que todavía no fueron escrituradas sin autorización previa del organismo.
Cantero explicó que existen excepciones contempladas para situaciones justificadas, principalmente por razones laborales o de salud, pero que esos casos deben contar con autorización.
"La gente estaba acostumbrada a no pedir ningún permiso y alquilar las casas igual. Esto no va a poder ser más así", advirtió.
La normativa parte de la premisa de que las viviendas construidas o financiadas con fondos públicos deben cumplir una función social y estar destinadas a familias que no pueden acceder al mercado inmobiliario formal.
Cómo se asignarán las viviendas recuperadas
Una vez que las viviendas puedan volver a estar disponibles, el IPV prevé trabajar junto a los municipios para identificar a las familias que necesitan una solución habitacional.
Para ello, las comunas aportarán la información de sus registros de demanda habitacional, que servirán como base para futuras adjudicaciones.
Desde el IPV sostienen que el objetivo es garantizar que las viviendas financiadas con recursos públicos lleguen efectivamente a quienes las necesitan y cumplan el destino para el que fueron construidas.