La reforma de la Ley de Salud Mental volvió a instalarse en la agenda pública. El gobierno tiene listo un proyecto para modificar la norma vigente desde 2010, con cambios que apuntan sobre todo al régimen de internaciones y al rol que debe tener la Justicia en estos casos.
Cambios en la atención
Internaciones involuntarias: la clave entre la ley de salud mental vigente y la reforma
El gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto que modifica, entre otros puntos, el rol de la Justicia y el modelo de atención actual
El hospital residencia El Sauce, en donde muchas personas han pasado años internadas. Con el proyecto actual se reivindican estos espacios.
La ley actual, aprobada hace más de una década, se basa en un enfoque de derechos humanos y plantea que la internación debe ser una medida excepcional. El nuevo texto, en cambio, busca que este criterio sea más flexible y dar más margen de intervención frente a situaciones consideradas de riesgo.
Internaciones: de excepción a herramienta accesible
Uno de los puntos centrales de la discusión está en las internaciones involuntarias. La normativa vigente establece que solo deben aplicarse como último recurso, cuando no hay alternativas fuera de la hospitalización y existe riesgo cierto para la persona o terceros.
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Además, exige evaluaciones profesionales y fija controles judiciales posteriores, es decir, la Justicia interviene para supervisar la medida, pero no la define en primera instancia.
El proyecto en estudio propone un cambio de lógica. La intención es facilitar las internaciones en situaciones críticas, ampliando los criterios que las habilitan. También se plantea que los jueces puedan intervenir desde el inicio del proceso, con mayor capacidad de decisión.
En paralelo, se analizan modificaciones en los requisitos médicos necesarios para internar, con la posibilidad de simplificar los procedimientos y reducir exigencias formales.
El rol de la Justicia y los controles de las internaciones
Otro de los ejes del proyecto es el lugar que ocupa la Justicia. En el esquema actual, su función es principalmente de control: revisa que la internación se ajuste a la ley y garantiza los derechos de la persona.
La reforma busca darle un rol más activo. La intervención judicial podría ser previa o simultánea a la internación, lo que implica un cambio en la dinámica de decisión y en los tiempos de respuesta ante una crisis.
Este punto genera debate porque modifica el equilibrio entre el criterio médico y la intervención judicial en situaciones de salud mental.
Dos modelos de atención de salud mental en discusión
Las diferencias también aparecen en el modelo de atención que propone cada enfoque. La ley vigente impulsa un sistema comunitario, con eje en tratamientos ambulatorios y en la integración social de las personas con padecimientos mentales.
En esa línea, promueve la reducción progresiva de los hospitales psiquiátricos tradicionales y su reemplazo por dispositivos alternativos.
El proyecto, en cambio, abre la puerta a reforzar centros especializados de internación. Por lo menos en Mendoza, las camas de salud mental están ocupadas en 85%. Esto implica, en la práctica, un regreso a estructuras más institucionales para abordar ciertos casos.
Un debate que excede lo sanitario
Los cambios en estudio responden, en parte, a reclamos de familias, profesionales y sectores que advierten dificultades para intervenir en situaciones de crisis, sobre todo cuando hay riesgo para la persona o su entorno.
Al mismo tiempo, organizaciones vinculadas a la salud mental y a los derechos humanos advierten sobre el riesgo de retroceder en garantías conquistadas con la ley actual.
En ese escenario, la discusión no es solo técnica. El eje de fondo sigue siendo el mismo: cómo equilibrar la necesidad de actuar ante una crisis de salud mental con la obligación de proteger los derechos de las personas.
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