El cuestionado protocolo antipiquetes se estrenó ayer en el país sin los resultados que muchos esperaban para impedir el caos del tránsito que generaron las manifestaciones de ATE. Como siempre, las calles de Capital Federal se convirtieron en un verdadero infierno para circular con el auto y muchos taxistas se negaron a ingresar a la zona de las movilizaciones para evitar los clásicos trastornos. La policía no actuó en ningún momento para descongestionar a los manifestantes, al igual que en la Ciudad de Mendoza, donde las marchas se desarrollaron con total normalidad. Aunque aquí la Comuna multó al gremio con $29.000 por ocupar los dos carriles de la avenida San Martín y no dejar pasar a los automovilistas.
En este caso, se aplicó el Código de Convivencia que promovió el intendente Rodolfo Suarez y que se aprobó en octubre de 2014. Lo curioso es que desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que no fue necesario poner en práctica el polémico protocolo porque nunca se impidió el paso total de vehículos, además de que se cumplió con lo pactado previamente con el gremio que representa a los trabajadores del Estado.
Desde las 9, transitar en el microcentro mendocino se volvió toda una odisea, ya que al corte de calle San Martín, en el cruce con Garibaldi, se le sumó el corte total en el acampe frente al Casino, en San Martín y Brasil. Sin embargo, las autoridades provinciales optaron por poner paños fríos y no enrarecer aún más el clima de tensión que se vive por los reclamos salariales. Ni hablar de los docentes, cuya paritaria se ha dado por fracasada por el propio gobernador , quien no descartó otorgar el 22,6% de aumento por decreto si el SUTE decide ir al paro y no comenzar las clases el lunes, tras el rechazo del ofrecimiento.
Mientras las protestas se desarrollaban, decenas de cronistas de televisión y radio se quejaban por el fracaso del protocolo para manifestaciones públicas. Incluso, algunos, me animo a decir, parece que hubiesen estado esperando que la policía reprimiera a los manifestantes para liberar las calles. Otra de las quejas apuntó a que tampoco se hubiese guiado a los conductores con tiempo para que pudieran llegar a su trabajos sin la necesidad de pasar por la zona de cortes.
En avenida Belgrano y 9 de Julio fueron los mismos piqueteros los que indicaban a los automovilistas que tenían que desviarse, e incluso trataban de ordenar el flujo de vehículos frente a una pasiva actitud policial.
A diferencia de Mendoza, la Justicia tomó intervención en la Capital Federal, minutos después de que manifestantes bloquearan el cruce de las avenidas Corrientes y Callao. La fiscal contravencional Andrea Scanga instó a las fuerzas de seguridad a liberar algunos carriles para garantizar de ese modo el derecho al libre tránsito.
También se conoció que el tribunal rechazó un hábeas corpus preventivo presentado por ATE Capital y la Defensoría General de la Ciudad en contra de la norma. En la presentación se había cuestionado que a través del dictado del protocolo se invadía, supuestamente, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Más allá de las reclamos de diversos sectores, en la práctica nada cambió y el tránsito resultó caótico como en cualquier otra protesta callejera.