Comenzó con la construcción de un estanque en su propio terreno y enfrentó una posible multa de US$75.000 por día: le ganó al gobierno

Construcción de estanque: fallo de la Corte Suprema limita el poder federal

El problema comenzó en 2014, cuando la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) se enteró de la existencia del estanque. La agencia aplica la Clean Water Act (Ley de Agua Limpia), una legislación federal destinada a proteger los principales ríos, lagos y cursos de agua del país de la contaminación y la destrucción. Johnson explicó que no se trataba de un río navegable, sino de un arroyo diminuto que permanecía seco durante buena parte del año y que, además, contaba con los permisos otorgados por el estado.

Sin embargo, la EPA sostuvo que necesitaba un permiso federal y le envió una orden. Debía destruir la construcción y devolver el terreno a su estado original. Si no cumplía, podía enfrentar dos multas simultáneas de US$37.500 por día. Una por haber construido el estanque sin autorización federal y otra por desobedecer la orden de destruirlo. Johnson, sin embargo, consideró que se trataba de una injusticia. A su entender, el gobierno federal estaba pasando por encima de las autoridades de su propio estado y de sus derechos como propietario de la tierra.

Construcción de estanque: le ganó a EE.UU. y evitó multa millonaria

Además, Johnson sostenía que la propia Ley de Agua Limpia contemplaba excepciones para determinados estanques destinados a proporcionar agua al ganado. Por eso, consideraba que la EPA no tenía autoridad para intervenir en su propiedad de esa manera. En 2016, después de años de disputa, la EPA retiró su orden contra la construcción de Johnson y el caso terminó convirtiéndose en un antecedente dentro de una discusión mucho más amplia sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal al regular pequeños cursos de agua y terrenos privados.

El conflicto adquirió una nueva dimensión en 2023, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió otro caso contra la EPA, conocido como Sackett v. EPA. Los jueces establecieron límites más estrictos a la autoridad federal bajo la Ley de Agua Limpia y determinaron que no cualquier zona húmeda o curso de agua situado cerca de una vía navegable puede quedar automáticamente bajo regulación federal.

La decisión no fue literalmente una sentencia sobre el estanque de Johnson ni eliminó toda autoridad de la EPA sobre estanques, zanjas o canales artificiales. Sin embargo, sí redujo de manera significativa el alcance de la regulación federal sobre determinados humedales y cursos de agua en terrenos privados.

Desde entonces, las autoridades federales han tenido que adaptar sus criterios y reglamentos a la nueva interpretación establecida por la Corte Suprema. El proceso regulatorio continúa teniendo efectos prácticos en 2026, mientras los organismos encargados de aplicar la Ley de Agua Limpia ajustan sus procedimientos a ese nuevo marco legal.