En los Tribunales de San Rafael sobrevuelan algunas dudas en torno a la reforma de la Justicia penal del Sur mendocino. Presupuesto y personal insuficiente, escaso tiempo para concursar y designar nuevos funcionarios, y el riesgo de incorporar empleados sin experiencia son los puntos débiles que le ven a esta movida.
Básicamente lo que se hará es aplicar el "nuevo" Código Procesal Penal (sancionado en 1999) para que los fiscales se encarguen exclusivamente de investigar los delitos, y los jueces controlen que no se violen los derechos y garantías de los acusados y autoricen los allanamientos. Hasta el momento los jueces investigan y controla a la vez, mientras que los fiscales acompañan.
Para ello en San Rafael se crearán siete fiscalías de instrucción (hay cuatro fiscales, se necesitarán tres más) y quedarán sólo dos jueces de garantías; en General Alvear se armará un esquema con dos fiscalías penales y un magistrado de garantías y en Malargüe se montará desde cero un juzgado de garantías y una fiscalía de instrucción, ya que hasta ahora los delitos cometidos allí se investigan judicialmente desde San Rafael.
Todo esto se quiere tener en funcionamiento en abril, según anunció en diciembre en San Rafael el subsecretario de Justicia, Marcelo D'agostino.
En lo que respecta a los jueces, su cambio de atribuciones no implicará grandes dificultades y se encargará la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El mayor trabajo está en la creación de las fiscalías y le corresponde a la Procuración General (el jefe de los fiscales) asignar oficinas, personal y presupuesto. Para el juez Jorge Yapur, miembro de la Segunda Cámara del Crimen local, "es muy cerca abril, estamos finalizando febrero y hay que hacer un montón de nombramientos, cargos y tomar exámenes".
Este magistrado es uno de los encargados de tomar exámenes a los futuros funcionarios y uno de los pocos que se anima a expresar públicamente lo que se habla en los pasillos de Tribunales: "hay concursos del Consejo de la Magistratura que están previstos para marzo, de manera que dudo mucho que estén cubiertos todos los cargos en abril". Ejemplificó que para fiscal de instrucción el examen escrito está previsto el 15 de marzo y el oral el día 22; mientras que las evaluaciones para defensor oficial el 29 de marzo y 6 de abril.
Pero para el juez, lo importante es "que los nuevos actores estén a la altura de las circunstancias, es decir que se provea de personal idóneo, porque si vamos a lo ha ocurrido en el norte de la provincia, el nuevo Código trajo innumerables problemas en sus 16 años de vigencia. Y con toda humildad, podemos decir que aquí se ha trabajado mejor con el código viejo".
Por eso, dijo a UNO San Rafael, "esperemos que nuestros gobernantes sean prudentes en esto y elijan personal adecuado porque de nada sirve cambiar la letra de un código, si ese código no es aplicado eficazmente".
Ayudantes fiscales y presupuesto
También se crearán 20 cargos de ayudantes fiscales, que actuarán en las comisarías del Sur y no podrán vivir a más de 30 kilómetros de ellas para estar a disposición las 24 horas en forma activa o pasiva. Su preparación es otra de las dudas que se plantean.
Yapur criticó que sólo se les pida seis meses de antigüedad en el título de abogado. "Eso para mí está mal, porque estamos hablando de gente sin experiencia. Poner esa gente en la primera trinchera después de cometido el delito es bastante arriesgado".
Otro punto débil de la reforma es el presupuesto asignado: $17 millones. En 2016 un grupo de jueces calculó un mínimo de $55 millones por año. "Esto se maneja desde el norte y muchas veces desde el sur estamos esperando recursos. A veces sentimos que somos como ciudadanos de segunda. Esperemos que esa situación se revierta y provean de personal adecuado en cantidad y preparación", manifestó.
Un tribunal más para evitar retrasos en juicios
Temen que con la reforma las causas se acumulen en las dos Cámaras del Crimen y extiendan el tiempo para que un caso llegue a juicio (actualmente de seis meses a un año).
Es que se pasará de cuatro jueces de instrucción elevando causas, a diez fiscales en todo el Sur.
Además, esos tribunales también deberán resolver apelaciones durante la investigación previa. "Habría que evaluar cómo funciona el nuevo esquema durante un tiempo para decir cuántos tribunales más harían falta, pero por lo menos uno más sería prudente tener", dijo el juez Yapur.