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Media sanción en el Senado

Vargas Arizu defendió el fin de la ley de contratos aunque falta el visto bueno de Diputados

La Cámara Alta aprobó con amplia mayoría la derogación de la ley 9.133 de contratos agrícolas y ahora pasó a Diputados. El ministro de Producción lo celebró

"La ley que fue creada en 2019 no trajo en la práctica las ventajas para la que fue creada y generó más problemas que soluciones; por eso desde el sector privado se anhela su derogación", explicó el ministro, quien a su vez es empresario vitivinícola.

Desde la puesta en marcha de la ley, "ya se pagaron unos $1.100 millones ente multas y sellados por casi 400 infracciones, todas por formalismos como presentaciones fuera de término", dijo Vargas Arizu a Diario UNO. De hecho, agregó, en estos cuatro años "no hubo denuncias por falta de cumplimiento de los contratos".

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Avanza en la Legislatura la derogación de la ley de contratos agrícolas impulsada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Media sanción para la derogación de la ley de contratos

El Senado dio media sanción al proyecto impulsado desde el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, que busca derogar la ley 9.133. Se trata de la normativa impulsada en el año 2019 que obliga el registro de contratos de compra-venta de materias primas agrícolas.

El proyecto fue votado a favor por 28 senadores, mientras que el peronismo se abstuvo (10 votos). Según dijeron en los argumentos, con la derogación se busca restablecer la libertad contractual entre productores y empresarios y evitar el pago de multas y sellados innecesarios.

"Una bodega grande hace 700 contratos. Alguno va a tener errores formales y se pagan caro. Incluso a veces son los mismos productores los que en plena cosecha no tienen tiempo para ir a firmar" y eso demora los procesos, generando multas para el privado, explicó el ministro Vargas Arizu.

Durante el tratamiento del proyecto, senadores del oficialismo destacaron la importancia de fortalecer las economías regionales con normas adecuadas que fomenten el desarrollo y crecimiento del sector. Además, remarcaron que dichas normativas de evitar todos aquellos obstáculos comerciales innecesarios en un contexto económico complejo.

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"La intención de la ley era proteger a los pequeños productores mediante la obligación de registración, asegurando que se establecieran precios y plazos de pago antes de la entrega de la producción. Sin embargo, en la práctica, los resultados no fueron los esperados", dijeron desde Producción.

Como ejemplo señalaron que en la actividad vitivinícola y frutícola los acuerdos definitivos no pueden cerrarse antes de contar con una aproximación certera sobre las cantidades de fruta y variedades disponibles. "Esta información solo se obtiene una vez que la materia prima ha sido cosechada y pesada en el establecimiento elaborador. Además, los precios relativos por variedad y zona se clarifican al finalizar la cosecha, cuando ya se conoce el stock resultante y las condiciones del mercado, lo que ha generado un desfase entre los precios acordados y los reales al momento de la entrega", argumentaron.

El ministro Vargas Arizu confió a Diario UNO que Bodegas de Argentina y las cámaras regionales de San Rafael, Alvear y San Martín ya le manifestaron su conformidad con la media sanción.

"El sector privado coincide en que la norma entorpece el comercio", dijo, por lo que este proyecto de derogación surgió en respuesta a esos requerimientos.

¿Y ahora cómo se protegerá al productor?

"La nueva norma establece que se entregue un remito con valor que detalle de cantidad, calidad, precio pactado y la forma de pago, pero sin frenar la exportación", expresó el titular de la cartera de Producción.

Pero más allá de eso, Vargas Arizu remarcó que son las reglas claras de la macroeconomía las que acabarán por ordenar las relaciones contractuales. "Al productor se lo protege con un tipo de cambio libre, sin cepo, con mercados internacionales abiertos y con condiciones estables del mercado que permitan el acceso al crédito", dijo.

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