Mediante un festival de chicanas, apelaciones, un viaje y el cambio de abogado defensor, el ex legislador provincial Marcelo Romano lleva casi 3 años esquivando la causa judicial que lo tiene como imputado por el delito de atentado contra la autoridad policial.

Ni el recordado Nicolino Locche lo hubiera hecho mejor. Con todo, la pesquisa iniciada el 11 de agosto de 2019 tras un control de tránsito en Godoy Cruz, no puede ser elevada a juicio porque Romano (ex Protectora y actual asesor en el Congreso Nacional) ha interpuesto todo tipo de acciones para dilatar la definición.

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Marcelo Romano.

Marcelo Romano.

A última hora cambió de abogado y Carlos Moyano renunció. Ahora, Romano es representado por un sobrino, que pidió al tribunal la postergación de la audiencia de acusación para estudiar la causa y armar la estrategia defensiva.

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Paso a paso

La Justicia pudo notificar a Romano de la causa en su contra recién tres meses después del episodio que también involucró a una hija.

Tras cinco intentos fallidos para dar con él personalmente, al sexto intento se lo pudo notificar en la calle, cuando ingresaba a la Legislatura provincial.

Se lo había buscado sin suerte en domicilios de Ciudad e incluso de Chilecito, en su San Carlos natal. También se había solicitado la colaboración de las autoridades del Senado pero esa ayuda tampoco fue suficiente.

A esa altura, la fiscal Gabriela García Cobos ya lo había imputado por el delito de atentado a la autoridad agravado.

La fiscal García Cobos lidera las causas.
La fiscal Gabriela García Cobos.

La fiscal Gabriela García Cobos.

En noviembre de 2019, la magistrada pidió el desafuero del entonces legislador.

Ya en el último mes de ese año, Romano comenzó a plantear nulidades contra el proceso judicial, específicamente contra peritajes practicados a las policías que intervinieron en el episodio. El Ministerio Público Fiscal las rechazó, pero él insisistió.

Romano fue desaforado por el Senado en mayo de 2020. Antes hubo otros planteos que apuntaron a retardar el proceso penal.

Más adelante, el imputado cargó, uno a uno, contra los jueces actuantes hasta que en febrero de 2021 se le rechazó el pedido de sobreseimiento y archivo de la pesquisa.

Luego apeló ante un tribunal superior, a cuyos miembros también cuestionó mediante recusaciones.

Así, a fines de 2021, la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia confirmó que el tribunal cuestionado por el imputado debía intervenir.

Minuto a minuto

El 20 de abril, la fiscal García Cobos solicitó audiencia de acusación, que fue fijada para el 25 de abril por el organismo judicial administrativo.

Sin embargo, Romano se volvió inhallable otra vez. Todos los intentos de la Justicia Penal fueron en vano: mensajes de Whatsapp, llamados telefónicos y presentaciones en domicilios particulares.

Finalmente pudieron dar con él y la audiencia fue reprogramada para 19 de mayo.

Sin embargo, cuatro días antes, Romano pidió reprogramarla otra vez porque tenía previsto viajar a Buenos Aires y regresar el 20 de mayo.

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