Marcelo Romando, senador provincial de Portectora. En dos meses termina su mandato.
El senador Marcelo Romano, de Protectora Fuerza Política, fue imputado este jueves por "atentado contra la autoridad" por un hecho ocurrido en agosto de 2019, cuando habría intentado intimidar a policías amenazándolos con gestionar su despido por un procedimiento vial que involucró a una hija del legislador. Por esta misma causa le quitaron los fueros en 2020.
La imputación contra Romano, quien en las últimas elecciones se presentó por el Partido Verde, la dispuso la fiscal de Delitos Coreccionales, Gabriela García Cobos.
El hecho que originó la denuncia ocurrió el 11 de agosto de 2019, día de las elecciones PASO. Un llamado al 911 alertó que una persona manejaba un Renault Clío a alta velocidad y de forma peligrosa.
Al ser alertada, una pareja de policías de la Vial que circulaba en motos, salió en busca del vehículo indicado. Eran cerca de las 18.30 cuando los efectivos detuvieron la marcha del auto en Acceso Sur y calle Rawson, de Godoy Cruz. Al identificar a la conductora, se trataba de una joven de 20 años, de apellido Romano.
Pocos minutos después, otra pareja de efectivos de la Vial que también estaba alertada por la situación, se acercó al lugar. Mientras los policías a cargo del procedimiento inspeccionaban la documentación de la conductora y del auto, una camioneta se paró detrás de ellos, de donde se bajó un hombre.
Era Marcelo Romano, senador provincial, quien además se identificó como padre de la conductora.
Según el relato de los policías, Romano les dijo que por qué no iban a buscar delincuentes a la villa, en lugar de molestar a su hija "ya que ella no es ninguna delincuente".
Después les habría dicho que él era miembro de la Bicameral de Seguridad, y que tenía contacto directo con el ministro de Seguridad de ese momento, Gianni Venier, además de otros contactos más, por lo que haría lo necesario para que fueran echados de la fuerza.
Según el legislador, los policías la estaban “patoteando” y por supuesto que él intervino para que esto no ocurriera. Además, aseguró que no amenazó a los policías, sino que solo quiso saber qué era lo que pasaba y por qué habían detenido a su hija.
En mayo de 2020 por 22 votos a favor y 16 en contra, el Senado mendocino dejó sin fueros a Romano para que sea investigado por la Justicia tras la denuncia que hizo la fiscal por desobediencia a la autoridad policial.
A favor de Romano se mostraron los legisladores del PJ Alejandro Abraham, Lucas Ilardo, Florencia Canali, Mauricio Sat y Andrea Blandini, entre otros. También el legislador Lautaro Jiménez, del FIT.
Este mismo jueves Romano se presentó a declarar en la Justicia. “Se demoró muchísimo mi proceso de desafuero porque fue ilegítimo. Estamos claramente frente a una causa política que llegó después de que yo denunciara, entre otras cosas, la presencia de la Infantería en la Legislatura provincial”, contó el legislador a Diario UNO.
“La Constitución dice que el desafuero debe aplicarse si el delito amerita prisión preventiva y esto no lo amerita", agregó.
Tras ese desafuero, Romano planteó varias nulidades. Por eso la imputación de la fiscal García Cobos llegó recién ahora.
“Y ahora denuncié el otorgamiento de las 12.000 hectáreas para El Azufre e inmediatamente llegó la imputación. Da para pensar”, dijo también el referente de Protectora.
Luego de esta imputación empezará el proceso de citación y declaraciones de testigos, que puede demandar una duración de más de un año.
