Test de drogas para funcionarios públicos, el proyecto de un concejal mendocino. Imagen ilustrativa.
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La aplicación de pruebas de drogas a funcionarios públicos, que ya es obligatoria en Santa Fe, Córdoba, San Luis y Salta, generó ecos en Mendoza. El concejal de Unión por la Patria de Godoy Cruz, Martín González, presentó un proyecto para someter a narcotests cada 6 meses a todos los funcionarios municipales, concejales y magistrados del Juzgado de Tránsito y Faltas de la comuna.
La iniciativa es más estricta que otro, que está presentado en la Legislatura el 31 de enero de 2024 y no tiene avances desde entonces.
Según la propuesta de González, los controles se realizarán de manera sorpresiva a funcionarios seleccionados mediante sorteo y tendrán un plazo máximo de 24 horas para presentarse a la toma de muestras.
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El sistema contempla un régimen de sanciones escalonado. Negarse a realizar el examen será considerado automáticamente como presunción de resultado positivo.
Para funcionarios sorteados, un primer resultado positivo implicará una multa económica equivalente a una falta grave de tránsito. Un segundo test positivo derivará en el cese inmediato del cargo. En el caso de funcionarios electos, como los concejales, se activarán los mecanismos institucionales de remoción previstos por la normativa vigente.
"Estamos comprometidos con la lucha contra el narcotráfico y el consumo problemático, y creemos que desde la función pública debemos dar el ejemplo", explicó González.
"No podemos combatir estos flagelos si no demostramos ante la sociedad que quienes tomamos decisiones estamos plenamente capacitados y libres de dependencias de sustancias ilegales".
El proyecto de narcotests de La Unión Mendocina que no se mueve
El 31 de enero de 2024, La Unión Mendocina presentó un proyecto que va en la misma sintonía pero con un enfoque distinto. No busca solo remover a los funcionarios que tienen consumo problemático, sino que también prioriza su recuperación.
La iniciativa establece que será un nuevo requisito para tener un cargo político y/o jerárquico en la función pública "carecer del carácter de consumidor problemático de drogas ilegales".
Para efectuar las pruebas determina que los funcionarios deberán realizarse -con carácter obligatorio- un examen de orina en 2 muestras identificadas como "Frasco A" y "Frasco B", las que deberán ser selladas y firmadas por las partes.
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Marcos Quattrini, senador por La Unión Mendocina.
El primer control debería realizarse dentro de los tres meses de aprobada la ley y luego repetirse anualmente, según propuso Marcos Quattrini, de La Unión Mendocina.
En caso de resultado positivo, el funcionario tendría derecho a exigir una contraprueba dentro de los cinco días hábiles, utilizando el Frasco B y acompañado por un perito bioquímico que designe.
¿Qué pasa si se detecta a un funcionario con drogas? El proyecto establece su suspensión, respetando todas las garantías constitucionales hasta su recuperación, y se considera como que está dentro del régimen de licencias vigente.
Y explica que será el Estado Provincial quien arbitre los medios idóneos y necesarios para su recuperación.
En Salta, será obligatorio el narcotest a funcionarios públicos
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó la semana pasada un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obliga a someterse a exámenes toxicológicos a todos los funcionarios públicos de los 3 poderes del Estado.
El decreto establece controles que podrían detectar opioides, marihuana, cocaína y anfetaminas.
En caso de que un funcionario de positivo, se activarán de forma inmediata mecanismos de remoción del cargo, que incluyen desde juicios políticos hasta la destitución directa.
"Es un acto de transparencia ante la sociedad”, afirmó el gobernador, quien destacó la importancia de garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas libres de adicciones que puedan afectar su objetividad e independencia.
