La Nación reglamentó la Ley N° 27.793, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad. Según un primer análisis de especialistas, su aplicación es inmediata en todas las provincias. En Mendoza, el cambio impacta en 90.000 personas con discapacidad.
Reglamentación
La letra chica de la Ley de Emergencia en Discapacidad: qué cambia para los 90.000 discapacitados mendocinos
La Nación reglamentó la ley N° 27.793, que regulariza deudas, compensa prestadores y crea una nueva pensión no contributiva. En principio, es de aplicación inmediata
A partir de la reglamentación, la Ley de Emergencia en Discapacidad es de aplicación inmediata en las provincias.
La norma crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, una prestación distinta a la pensión no contributiva por invalidez laboral que funciona actualmente.
También establece un régimen de regularización de deudas tributarias para los sujetos alcanzados, con la posibilidad de condonar multas e intereses.
Para sostener el sistema de atención, la ley incorpora mecanismos de compensación de emergencia destinados a los prestadores de servicios.
Tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) —envuelta en escándalos por coimas y suspensiones irregulares de pensiones—, la autoridad de aplicación pasa a ser la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud.
Las nuevas pensiones no contributivas en la Ley de Emergencia en Discapacidad
La norma crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a fortalecer la protección social de las personas con discapacidad. Sus puntos centrales son:
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Son prestaciones inembargables, personalísimas y no cedibles, y se mantienen mientras persistan las condiciones que dieron origen al beneficio.
Las pensiones no contributivas vigentes se convertirán automáticamente al nuevo régimen, aunque la autoridad deberá verificar que cada beneficiario continúe cumpliendo los requisitos.
La ANSES tendrá a su cargo la liquidación y el pago.
El beneficio puede extinguirse por muerte, renuncia, salida del país sin registros durante tres meses, o por una condena a prisión mayor a tres años, entre otros supuestos.
Además, el Decreto 84/2026 reglamentó un régimen de emergencia para regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de diciembre de 2025.
El esquema permite condonar hasta el 100% de los intereses si la deuda se cancela al contado o mediante planes de pago, y también prevé la condonación de multas por infracciones formales o materiales, siempre que se cumpla con la obligación principal dentro del plazo de adhesión.
Los beneficios incluyen la condonación de hasta el 100% de los intereses resarcitorios y punitorios si la deuda se cancela de contado o mediante planes de pago. Y la condonación de multas por infracciones formales y materiales, siempre que se cumpla con la obligación principal o formal antes de que finalice el plazo de acogimiento.
El pago a prestadores, uno de los principales reclamos del sector
Para sostener el sistema de atención, los prestadores alcanzados por la Ley N° 24.901 —que regula el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad— podrán acceder a una compensación de emergencia.
La medida aplica a los montos facturados entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Quedan excluidos quienes hayan recibido sanciones firmes de suspensión o exclusión en los últimos dos años.
El Ministerio de Economía definirá el cronograma de pagos y podrá descontar de esas compensaciones las deudas que los prestadores mantengan con el Estado.
El nuevo CUD en la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Secretaría Nacional de Discapacidad, junto al Consejo Federal de Discapacidad, fijará los nuevos lineamientos para la certificación y los criterios del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También tendrá a su cargo un plan de auditorías periódicas para reforzar la transparencia y el control del sistema.
¿La nueva ley de Discapacidad se aplica de inmediato en Mendoza?
La reglamentación de la Ley N° 27.793 establece que su vigencia es inmediata. Así lo dispuso la Justicia Federal de Campana, después de que el Poder Ejecutivo vetara la norma e intentara frenar su implementación por falta de presupuesto.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Salud como el área legal del Observatorio de Personas con Discapacidad de Mendoza aún analizan el alcance y la puesta en práctica de la norma. Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio, advirtió que la aplicación real en las provincias dependerá de los recursos disponibles y de la articulación con Nación. La especialista se mostró escéptica por los antecedentes del gobierno nacional en la materia.
El Ejecutivo ya anticipó en la reglamentación que cualquier medida adicional acordada en el Consejo Federal de Discapacidad se implementará mediante esquemas de cofinanciamiento entre Nación y provincias.