A varios meses de haberse firmado, el acuerdo por la reestructuración de la deuda que IMPSA firmó con sus acreedores aún no termina de ser realidad. Para eso, la Justicia debe terminar de homologarlo, un paso clave que aún no se concreta y genera incertidumbre en la compañía que volvió a manos privadas hace justamente un año.
Mientras intenta resposicionarse con nuevos negocios en EEUU, IMPSA aún no logra la homologación judicial del acuerdo con los acreedores de su millonaria deuda
Desde que consiguió la adhesión en asamblea de la mayoría de accionistas el 15 de octubre, el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) está en el 2do Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza. Y si bien todo indicaba que la homologación sería casi un trámite, el expediente caratulado "IMPSA S.A. p/APE Grande" todavía duerme el sueño de los justos.
La deuda a reestructurar (¿puede considerarse ya reestructurada?) representa U$S 583 millones. Por eso, además de la capitalización de una compañía sedienta de financiamiento, se convirtió en el principal hito para IMPSA, que este febrero cumple su primer año desde su reprivatización tras 3 años y medio bajo control del Estado nacional y provincial.
De ese total, los mayores acreedores de IMPSA son bancos y organismos financieros internacionales como BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el Export-Import Developement Canadá y Corporación Andina de Fomento (CAF). De la larga lista, adhirió a la propuesta de ARC Energy, su nuevo dueño, un 84,2%, que representa 97% de la deuda en cuestión.
Qué dicen la Justicia e IMPSA sobre el acuerdo por la deuda
Recién a poco de terminar el 2025, la jueza Gloria Cortés, titular del tribunal concursal donde IMPSA tramita el acuerdo, se expresó respecto a la presentación formal. Esto, sin que se conozcan observaciones sobre el porcentaje de acreedores que firmaron ni sobre el porcentaje que representan del millonario pasivo, equivalente a U$S 565,51 millones.
"Se ha presentado un acuerdo preventivo extrajudicial para su homologación con todos los recaudos requeridos por el art. 72 de la Ley de Concursos y Quiebras", suscribió Cortés en la resolución con fecha 18 de diciembre.
Para la homologación, ese artículo exige, entre otros puntos "un estado de activos y pasivos actualizado a la fecha, con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación". Y también el listado de los acreedores con los montos de sus créditos y una certificación de "no existencia de otros acreedores".
Pero eso no es todo. La jueza requiere una nómina de juicios en trámite o con condena no cumplida, además de un detalle de todo lo refererido al APE, lo que hace más intrincado el proceso.
De hecho, antes la magistrada había formulado un requerimiento a IMPSA al respecto. Desde la compañía, no obstante, consideraron que el proceso judicial seguía "su curso normal" y que lo que falta es un "trámite formal".
Para consumarse, quedan trámites de rigor por delante. Como la publicación del edicto correspondiente, pero todo indica que, para esa instancia todavía faltan otras.