La noticia que surge desde la ciudad de Panamá tiene, en su aparente sencillez jurídica, un trasfondo que resuena en toda América Latina. A finales de enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá proclamó algo que parecía imposible para China hasta hace poco.
Declararon inconstitucional la concesión otorgada a una empresa china para operar terminales portuarias vinculadas al Canal de Panamá. Esto representa el cruce de caminos entre soberanía nacional, geopolítica global y un pulso por el control de uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial.
China pierde terreno en América Latina: declaran inconstitucional la concesión otorgada en el canal de Panamá
La concesión había sido entregada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), una subsidiaria mayoritariamente controlada por el grupo hongkonés CK Hutchison Holdings, para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las puertas pacífica y atlántica del Canal. Lo que cambió fue la lectura de ese contrato. Tras años de auditorías y críticas por supuestas irregularidades incluidas condiciones que favorecían desproporcionadamente a PPC y minaban los intereses estatales, la Corte consideró que las leyes y actos que sostuvieron esa concesión violaban la Constitución panameña.
En el epicentro de este fallo no está solo una cuestión técnica. Está la sombra de una disputa geopolítica más amplia. La influencia china en América Latina y el intento de Estados Unidos por frenar ese avance. En 2025, el expresidente estadounidense Donald Trump había puesto el foco en el Canal de Panamá, diciendo que China ejercía “demasiado control” sobre vías estratégicas y que el Canal debía volver bajo una esfera más alineada con Washington.
La reacción de China ante la medida de Panamá
Aunque esas declaraciones fueron polémicas, lo cierto es que el fallo de la Corte ha sido interpretado por muchos como un avance, con o sin intención directa, de esa misma lógica. Reducir la presencia de intereses chinos en un punto crítico del comercio mundial. La reacción no se hizo esperar, Beijing anunció que tomará medidas para proteger los intereses de sus empresas, y el propio sector privado ligado a CK Hutchison calificó la sentencia como carente de “base legal”.
Panamá nos recuerda que las grandes decisiones sobre infraestructura estratégica no solo se toman en pasillos judiciales, sino en la intersección de intereses nacionales y globales que afectan directamente la autonomía de los países de América Latina.