Las penas por el delito de peculado -un delito de fraude contra el Estado- no son sencillas. Pueden llegar a los diez años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en todos los casos, y multas. Para Janina Ortiz y el ex subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, las penas podrían ser mayores, ya que además están acusados de falsear documentación. Según la pesquisa, tanto Ortiz como Oyhenart y el changarín analfabeto Adrián “El Moco” Pérez firmaron planillas falsas y facturas de supuestos trabajadores por tareas de limpieza que nunca se hicieron. Así certificaron el trabajo trucho de la cooperativa fantasma.
Además de Daniel Orozco y Janina Ortiz están imputados el ex secretario de Políticas Sociales Oyhenart, el ex jefe del área de Licencias de Conducir y ex concejal Hernán Matías Mostaccio; el contador y yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi, el ex contador del municipio Daniel Herrera, el changarín y presidente de la cooperativa “Manos a la Obra” Adrián “El Moco” Pérez, y los ex funcionarios Mauricio Valle, Carlos Nofal, Mauro Homan, Javier Tolín, Leandro Tassi, y Patricia Díaz Fernández. Los fiscales diferenciaron entre los que habrían perpetrado la maniobra y los que por negligencia permitieron que ocurriera.
Este caso se ocupa de una sola de las cooperativas, de “Manos a la obra”, que habría sido sólo una de las muchas que se utilizaron para extraer dinero del municipio. En dos de ellas, el yerno de Oyhenart -Juan Pablo Pandolfi, uno de los acusados- era miembro de sus comisiones directivas.
En Las Heras hubo hasta 2019 sólo nueve cooperativas de trabajo inscriptas desde fines de los noventa. Pero a partir de ese año “explotaron” y se crearon 24 más. Cuatro de ellas relacionadas con ex funcionarios de la comuna durante la segunda gestión de Daniel Orozco, o con ex candidatos de La Unión Mendocina, como la fundación “Juntos por Vos” que regenteaba el empresario salonero y ex precandidato a intendente de Guaymallén, Fabián Manzur.
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Orozco en un acto en el que se mostró tratando de regresar a la política, este año.
Foto: Toti Rios/Diario UNO
El pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal jefe Ticheli y elaborado por el grupo de fiscales de Delitos Económicos contiene algunos testimonios asombrosos, y datos que no se conocían hasta ahora.
Como se sabe, el caso se conoció a partir de una investigación periodística. Es imposible en este punto evitar la autorreferencia del autor de esta nota. En abril de 2023, un paquete con soportes de audio y video llegó a distintos medios y periodistas de Mendoza. Fue un momento muy complejo y caliente a las puertas de unas elecciones que resultaron -desde lo político- sangrientas. Uno de los audios contenía una conversación entre Osvaldo Oyhenart y una empleada municipal, en la que el ex funcionario relataba con mucha precisión cómo tenía a disposición una cooperativa para facturarle a la Municipalidad. Allí había un delito. Valió la pena empezar a buscar información. Esa fue la punta del ovillo desde donde iniciamos un trabajo de dos meses que se publicó el 14 de junio de ese año, después de las PASO. Con el correr de los meses, la investigación creció, la justicia tomó parte y la transformó en expediente, y terminaron imputados Orozco, Ortiz, Oyhenart, su yerno y varias personas más.
La trama fue muy oscura y reveló coacciones, aprietes, espionaje interno, violencia institucional, causas “armadas” para desvirtuar la investigación, montajes mediáticos, e incluso casos de abuso sexual. De todo esto hay causas en marcha, otros imputados, e indagaciones de la Justicia.
Lo que contiene el pedido de elevación a juicio de Ticheli es un marco probatorio muy abundante, que reafirma todo lo que se investigó desde el periodismo, y especialmente por el Ministerio Público Fiscal y los querellantes particulares: el Municipio de Las Heras ya gobernado por Francisco Lo Presti (Cambia Mendoza), y el Gobierno de la Provincia a través de la Dirección de Cooperativas.
Para esta etapa procesal, lo que los fiscales han probado -con todos los controles jurisdiccionales pedidos en cada momento por las defensas- es que Orozco, Janina Ortiz y Osvaldo Oyhenart fueron los coautores del fraude, y que el resto de los imputados fueron partícipes en diverso grado. Está probado que la cooperativa de reciclaje “Manos a la obra” no tenía actividad antes de las maniobras investigadas, y que luego fue usada para participar de licitaciones direccionadas y contrataciones directas, con el fin de hacerse del dinero para fines que nada tenían que ver con la limpieza del departamento.
Duelen los ojos de sólo leer lo que hicieron.
Los testimonios y la cooperativa de Orozco
Muchos de los testimonios que ayudaron a sostener las pruebas contra Orozco, Ortiz y el resto de los ex funcionarios resultan novedosos, y vale la pena ponerlos en valor. Vicenta González, una recicladora, declaró en la causa y contó que les ofrecieron formar una cooperativa y que les pagarían del 5% al 10 % de lo que facturen, y que no lo aceptaron. También dijo que un día Adrián “El Moco Pérez” les preguntó si convenía meterse con lo de la cooperativa Manos a la Obra. “Él nos preguntó (...) si le convenía, porque estaba mal de plata. Pero nosotras le dijimos que se iba a meter en algo ilegal, algo turbio”, sostuvo.
Los fiscales tomaron declaración a todos los cooperativistas “originales” a los que entre Mostaccio, Pandolfi y el “Moco” Pérez les hicieron firmar renuncias. También a la familia del “Moco”, una especie de mandadero político de Oyhenart en el mundo de los recicladores de Las Heras. Uno de ellos, Brian Martín Pérez, declaró que creía que su hermano había aprendido a leer y escribir, y a hacer transferencias de dinero.
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Orozco y Ortiz se casaron en medio del escándalo.
Los delitos nunca son perfectos. El “Moco” se compró una motocicleta Zanella 110 cero kilómetro unos días antes de que Orozco le adjudicara una licitación a “Manos a la Obra”, en 2021. Luego, fue despedido de la municipalidad por el propio intendente en medio de la investigación periodística. El hilo se corta por lo más delgado.
Otro de los testimonios importantes resultó el del ex director de Desarrollo Económico Felipe Martín Gutiérrez Diele, encargado entre otras cosas de ejecutar un crédito del BID para gestión de residuos. Contó a los fiscales cómo lo fueron “encerrando” para que formasen cooperativas que pudieran recibir subsidios. Esto fue a partir de la reelección de Daniel Orozco en 2019. Involucró directamente a Juan Pablo Pandolfi y a Orozco. Y explicó que Janina Ortiz le pidió personalmente desplazar a las funcionarias que ejercían el rol de control. Gutiérrez Diele dependía de Oyhenart.
El mueblero
Cuando ocurre un caso de fraude al Estado, parte de la investigación es qué se hizo con el dinero. Osvaldo Oyhenart y el “Moco” Pérez ampliaron sus declaraciones, de hecho Oyhenart estuvo a punto de transformarse en arrepentido -imputado “colaborador”- pero ello no ocurrió.
Por estas declaraciones es que se le tomó testimonio a un empresario propietario de una mueblería, Marcelo Adi. Contó que Oyhenart le pidió que les hiciera “precio” para dos personas que irían desde la Municipalidad de Las Heras a hacer una compra. Y así fue. Janina Ortiz y una concejal fueron de “shopping” a la mueblería, ese mismo día o al siguiente.
Adi recordó que hicieron una compra por $452.000 -que fue la más grande- y otras dos por $87.000 cada una. “Luego se presentaron a retirar la mercadería, contrataron un taxi flet y se fueron”, dijo. Compraron una mesa y “8 o 10 sillas, un sillón de dos metros aproximadamente, un horno eléctrico o microondas, tostadora, cafetera eléctrica”, entre otros enseres.
Todo se pagó con dos transferencias hechas desde la cuenta de la cooperativa Manos a la Obra del Banco Supervielle. Esta información ya fue contrastada por los fiscales. Se supone que este mobiliario fue a dar a un local de campaña que alquiló Daniel Orozco en la calle 25 de mayo de Ciudad. Allí luego hubo mucha actividad de La Unión Mendocina. Fue el propio Oyhenart quien declaró en la causa que los muebles se habían comprado para aquel búnker de Janina y Orozco.
Cooperativa fantasma: los chats incriminadores
Aunque Orozco fue reiteradamente señalado como responsable político de este desastre, fue durante la investigación judicial que se pudo establecer su rol de ordenador y coautor del fraude. En el expediente hay numerosos chats entre el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi, y Matías Mostaccio, uno de los “armadores” de la trama. Hay muchas conversaciones de WhatsApp en las que Mostaccio le refiere el apuro de Orozco para presentar la cooperativa.
Los intercambios de mensajes entre Pandolfi, Oyhenart y Mostaccio alcanzan para un libro sobre la trama corrupta de Las Heras. Lidiaban entre el apuro de Orozco y la necesidad de dinero, y los problemas con la gente que habían buscado para formar la cooperativa fantasma, que era absolutamente impresentable en organismos tales como el INAES o la entonces AFIP.
Tal parece que a Pandolfi y Mostaccio no les fue sencillo armar el andamiaje de la cooperativa. Tuvieron problemas hasta para blanquear una clave fiscal, obtener el CUIT, y luego para montar la operatoria. Hay en esos chats una frase premonitoria de Hernán Mostaccio, entre los 353 mensajes de Pandolfi que analizó la justicia. Este fue el 23 de junio de 2021 a las 17.24. Allí, el ex concejal y funcionario le escribió a Pandolfi:
- Me podrás pasar el estatuto de la cooperativa. Dame bola Juampi que andas dando vueltas por la Argentina y yo acá prendido fuego-.
Este mensaje fue escrito. Luego fue un audio, también de Mostaccio a Pandolfi:
-Por el otro lado yendo estrictamente a lo de la cooperativa necesito el estatuto para ver el objeto social y ehh si la cooperativa está en condiciones de presentarse una licitación porque lo vamos a tener que largar por licitación, porque esto ya agarró magnitudes insospechadas no vamos a hacer ese acuerdo, ninguna huevada por el estilo, lo voy a hacer por licitación porque yo en cana no voy a ir (sic).
Habría noticias para el ex operador de Orozco, Hernán Matías Mostaccio, pero en sentido contrario. Va a necesitar un abogado caro, porque podría ir preso varios años.
En el mismo documento de elevación a juicio se detalla con precisión cómo fueron amañadas las licitaciones y contrataciones de la cooperativa fantasma “Manos a la obra”. Lo mismo que la saga de documentos firmados por Janina Ortiz, y que requirieron de una pericia caligráfica.
El documento que analizará el Tribunal Penal Colegiado para llevar la causa a juicio incluye parte de las declaraciones de Orozco y Janina Ortiz. El ex intendente lo tiró “abajo del camión” a Oyhenart, pero no pudo responder ninguno de los cuestionamientos de los fiscales. Tampoco Janina Ortiz. A su turno, Oyhenart quedó a “mitad de camino” de reconocer los delitos, trató de salvar a su yerno, y no mucho más.
Cómo sigue, y la extinción de dominio
Al ser el caso de la cooperativa fantasma un hecho de corrupción contra el Estado, cabe preguntarse si habría forma de aplicarles a los imputados la ley de Extinción de Dominio.
Es decir, la misma ley que afectó a los bienes del ex intendente peronista Luis Lobos. Pero para saberlo, habrá que esperar que el Tribunal Penal Colegiado confirme la elevación a juicio y decida luego sobre eventuales pedidos de sobreseimiento, si los hay.
Son los fiscales los que evalúan si la acción civil puede tener éxito. Pero ello tiene relación directa con la trazabilidad del dinero, algo difícil de seguir en este caso, ya que la plata se retiraba en efectivo desde el Banco Supervielle, donde iban Adrián “El Moco” Pérez y el contador Daniel Herrera, un eslabón clave ya que fue contador de la cooperativa trucha y luego contador municipal. La plata en efectivo iba a dar en ocasiones a la oficina de Oyhenart y en otras, se la llevaba el propio Daniel Herrera.
De todos modos, sobre la extinción de dominio hay un caso latente. La ex esposa de Luis Lobos, Claudia Sgró, no aceptó en su momento conciliaciones y su caso contra esta ley que le quitó parte de sus propiedades llegó en casación a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Sgró ya está libre. Y ya está sorteada la sala que deberá entender en el caso. La integrarán el presidente del tribunal Dalmiro Garay, el juez Julio Gómez y el juez José Valerio. En el Gobierno esperan con interés el fallo que produzcan los ministros de la Corte, ya que la extinción de dominio sancionada en Mendoza ha sido destacada como ejemplo en el país, y otras provincias sancionaron instrumentos similares.
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Orozco y José Luis Ramón en la sede de Protectora.
Foto: X José Luis Ramón
Daniel Orozco continúa siendo noticia. Hace poco lanzó un frente junto al diputado neoperonista José Luis Ramón. De la diputada suspendida Janina Ortiz se sabe menos. Alguien manifestó haberla visto semanas atrás atendiendo un kiosco en la 4ta Sección de Ciudad, sobre la calle Santiago del Estero.
