El Poder Ejecutivo formalizó la creación de una mesa institucional orientada a resguardar las inversiones enmarcadas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) frente a posibles amenazas del crimen organizado. El principal propósito de esta iniciativa consiste en diseñar un esquema preventivo capaz de neutralizar el accionar del narcotráfico y las redes criminales internacionales.
Seguridad creó mesa para blindar los proyectos del RIGI ante el narcotráfico y las mafias
Con el RIGI en marcha, el Ministerio de Seguridad refuerza la lucha contra el narcotráfico y las mafias para salvaguardar las inversiones
Alejandra Monteoliva dispuso una estructura técnica conjunta para identificar vulnerabilidades operativas y neutralizar riesgos en los proyectos RIGI.
Mediante la Resolución 461/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso una estructura técnica conjunta para identificar vulnerabilidades operativas y neutralizar riesgos de manera temprana en sectores productivos estratégicos de Mendoza y el resto del país.
Blindar RIGI ante el crimen organizado
Desde la cartera que lidera la ministra Alejandra Monteoliva explicaron que las actividades delictivas de gran escala poseen la capacidad de desestabilizar la continuidad de los emprendimientos económicos.
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La resolución argumentó que estas prácticas ilícitas tienen el potencial de impactar negativamente tanto en la integridad de las obras como en la estabilidad institucional. El monitoreo constante se aplicará prioritariamente sobre los nodos logísticos, las rutas de transporte esenciales como la Ruta 7 y la Ruta 40, y los enclaves geográficos donde se radiquen los capitales financieros.
El diseño del espacio prevé la participación de distintas fuerzas federales de seguridad, las cuales compartirán datos de inteligencia criminal para trazar diagnósticos sobre eventuales extorsiones o filtraciones de activos.
El andamiaje de la medida se apoya en dos estructuras operativas ya existentes dentro de la órbita de Seguridad. Se trata del Centro Regional de Inteligencia Criminal y de la Unidad Antimafia, dependencias encargadas de procesar la información estratégica disponible en cada territorio afectado.
La convocatoria general y la moderación de los encuentros programados estarán a cargo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Este enlace administrativo buscará unificar los criterios de las fuerzas de seguridad ante escenarios de conflictividad delictiva o amenazas directas al patrimonio.
Por otra parte, se contempla que las corporaciones privadas que adhieran al programa de incentivos mantengan canales ágiles para reportar anomalías operativas. El mecanismo prevé agilizar los tiempos de respuesta ante denuncias por actividades sospechosas en las cercanías de los yacimientos o plantas industriales.
Expansión geográfica de las iniciativas del RIGI
La urgencia en la implementación de este protocolo de control se vincula directamente a la expansión geográfica de las iniciativas aprobadas en el país. Tras la ampliación de plazos dispuesta por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía detalló una nómina con múltiples proyectos en fases de evaluación y ejecución efectiva.
El mapa de los emprendimientos abarca actividades vinculadas a la minería, la energía y la infraestructura en regiones clave como San Juan, Catamarca, Salta, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y Mendoza. En la Zona Norte y la Zona Este de nuestra Provincia, el interés por reactivar proyectos metalíferos y de energías renovables aceleró la necesidad de contar con estas garantías de control, especialmente para asegurar el transporte de insumos hacia el paso internacional Cristo Redentor.
El volumen económico de las propuestas justificó un despliegue preventivo específico para evitar la radicación de organizaciones que usufructúen la logística productiva. Fuentes oficiales confirmaron que se buscará articular acciones conjuntas con las justicias provinciales. El objetivo final apunta a blindar las cadenas de valor locales frente a la posibilidad de que el dinero ilícito intente penetrar en el circuito formal a través de proveedores o subcontratistas vinculados a los grandes desarrollos.
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