También otorga a la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso, que encabeza el oficialista Martín Doñate, la facultad de evaluar la política criminal establecida por el procurador general, al tiempo que establece la obligatoriedad de contemplar en ese órgano del Estado la paridad de género y el federalismo.
El proyecto modifica además la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.
Durante el debate del Senado, la bancada del Frente de Todos anunció una serie de cambios sobre el dictamen original de la Comisión de Justicia, de los cuales uno de los más importantes se refiere a los casos de vacancia en la Procuración General.
La iniciativa aprobada establece que en esos casos asumirá el cargo el o la "fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo" elegido por la Comisión Bicameral, lo que fue muy cuestionado por la oposición.
También se agregó que en el tribunal de enjuiciamiento, el vocal representante de los abogados de la matrícula federal deberá "cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser procurador" y ser designado por sorteo público, al igual que el representante de los fiscales.