Por el caso Bonarrico también el Gobierno hizo una denuncia penal para que se investigue al pastor
El Ejecutivo se presentó ante el Ministerio Público Fiscal este lunes, el mismo día en que el PJ realizó una denuncia en la Justicia y que la Oficina de Ética Pública iniciara de oficio una investigación
El caso del pastor Héctor Bonarrico y el subsidio que le dio el Gobierno sigue en el centro de la escena.
En la misma jornada en que el PJ hizo la denuncia en la Justicia y la Oficina de Ética Pública anunció el inicio de una investigación de oficio, y tal como lo había anticipado el ministro Víctor Ibañez, el Gobierno se presentó ante el Ministerio Público Fiscal para hacer también su denuncia penal para que se investigue si Héctor Bonarrico cometió algún delito.
La presentación del Gobierno es por el caso que ha tomado gran repercusión pública y se ha instalado en la agenda respecto del subsidio otorgado y luego dado de baja a la fundación que preside el pastor Bonarrico, ex senador provincial y ex aliado de la alianza gobernante.
El jueves 26 de mayo en el Boletín Oficial de la provincia se publicó el decreto que dictaminaba el otorgamiento del subsidio de $9 millones durante dos años ($18 millones en total) pero a las pocas horas, esa pieza legal fue derogada por el gobernador Rodolfo Suarez, luego de que se generara una ola de comentarios adversos, sumado a las declaraciones del pastor quien aseguró que el beneficio le fue dado por un acuerdo político con el Gobierno.
Este lunes, la presidenta del PJ de Mendoza, la senadora Anabel Fernández Sagasti, presentó una denuncia por el Caso Bonarrio en el Polo Judicial, acompañada por el abogado Carlos Blanco. Allí pidió que se investigue no solo al ex senador Héctor Bonarrico, sino también al gobernador Rodolfo Suarez, al ministro de Gobierno Víctor Ibañez,,al presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, al tesorero de la Fundación Acción social, Eduardo Erario "y demás personas que intervinieron en las contrataciones".
"Lo vamos a denunciar penalmente. Indudablemente hay una interpretación errónea o subvertida por parte del ex senador", dijo días atrás el ministro Ibañez.
Este lunes, desde prensa de la Gobernación se informó que se "presentó denuncia penal a los fines de que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo de conformidad con lo establecido por el artículo 326 y siguientes del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, en virtud de declaraciones que suponen un destino distinto al previsto para los fondos comprometidos en el convenio oportunamente suscripto".
El comunicado agregó que "en la denuncia se acompañó como prueba la copia certificada del convenio de colaboración entre la Fundación Acción Social y el Gobierno de la Provincia de Mendoza de fecha del 23 de febrero del 2022, que no alcanzó a ejecutarse ya que fue dejado sin efecto debido a las declaraciones públicas realizadas por quien es presidente de la Fundación Acción Social a MDZ Radio en la entrevista realizada por el periodista Marcelo Arce, conductor del programa radial 'Uno Nunca Sabe', con fecha del 26 de mayo del corriente año. En dicha nota radial el pastor habría manifestado, entre otras declaraciones, un objeto distinto al establecido taxativamente en el objeto del convenio".
La nota sumó que "a partir de dichas declaraciones se formuló la correspondiente denuncia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal a fin de que investigue si ello podría implicar la comisión de un delito o cuanto menos el inicio de su ejecución, atento a que manifiestan un destino de los fondos distinto al del objeto establecido en el convenio de referencia".
"Dentro de la denuncia -agregó a modo de justificación- se expresa que el Gobierno de la Provincia, a través de sus ministerios, suscribe convenios y otorga subsidios para fines que estima de interés público. Todo ello en el marco de la normativa vigente, en especial la Ley de Administración Financiera 8.706, que reglamenta todo lo atinente a los trámites que autorizan gastos públicos".
Finalmente el documento señaló: "Es importante destacar que el trámite del convenio cumplió con todas las etapas y exigencias que prevé la Ley de Administración Financiera Nº 8.706, puntualmente se acompañó la documentación que acreditaba la aptitud jurídica de la entidad solicitante, intervino la Contaduría General de la Provincia como también las demás instancias administrativas y económico financieras que exige la norma, contando con dictamen legal previo a la ratificación del convenio".
