Ley de Tierras: la letra chica de la reforma que flexibilizaba la venta a extranjeros

Pero la discusión no paró. Y es que además de ese cambio, el proyecto eliminaba otras cuantas restricciones clave previstas en la ley vigente.

Números ajustados y la decisión de bajar los cambios en la Ley de Tierras

La Libertad Avanza tiene 21 senadores. Para alcanzar primero el quórum y luego los votos para la media sanción de la Ley de Propiedad Privada necesitaba sí o sí votos con aliados de bloques como el PRO, el radicalismo y fuerzas provinciales.

Con los números demasiados ajustados, negociaciones de último minuto y un clima caliente en ascenso por culpa de los cambios en la Ley de Tierras, La Libertad Avanza decidió -finalmente- dejar para otro momento el debate sobre el nuevo mapa rural de Argentina.

La venta de tierras a extranjeras: limitada, pero no tanto

La legislación actual estableció, desde 2011, que la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros no podía superar el 15% de toda la superficie rural de la Argentina, de cada provincia y de cada departamento.

Mendoza se mantuvo dentro de ese límite, aunque es la tercera provincia del país- después de Santa Cruz y Salta- con más hectáreas rurales extranjerizadas. Dentro de ella, Malargüe sobresale con más de 600.000 hectáreas en manos de extranjeros, rozando el máximo del 15% establecido.

Según el dictamen del martes, el cambio -que finalmente quedó fuera del proyecto- consistía en ampliar al 25% la superficie de tierras rurales que personas físicas o jurídicas extranjeras, en conjunto, puedan poseer por provincia.

Y ya sin restricciones por departamento y sin el límite general del 15% que actualmente rige para toda la Argentina.

Las únicas limitaciones que se mantenían para la adquisición de tierras rurales, además de ese tope provincial, eran la compra por parte de Estados Extranjeros y por parte de personas jurídicas u organizaciones con participación estatal extranjera (directa o indirecta).

No obstante, estas últimas igual podrían adquirir tierras rurales si contaban con la autorización de la provincia donde se ubica el inmueble y de Nación.

Otro de los puntos clave que se eliminaba con la caída reforma es la restricción de cupos por nacionalidad. Actualmente, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% del cupo de extranjerización (es decir, el 4,5% del territorio).

También se derogaba el artículo 8 de la Ley de Tierras, que establece un límite de 1.000 hectáreas individuales en la "zona núcleo" (o equivalencia en otras regiones según factores de productividad), es decir, aquella más fértil del país.

Y se eliminaba la prohibición específica y absoluta de adquirir tierras que “contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”. En este caso, quedaban bajo el resguardo de la normativa ambiental general.

¿Más poder a las provincias o menos control generalizado de los recursos?

Uno de los principales argumentos de quienes apoyaban el proyecto de reforma de la Ley de Tierras era que les daba “más poder a las provincias”, devolviéndoles protagonismo en la regulación y el control de sus campos.

El último borrador -antes de la eliminación del capítulo III- reafirmaba la jurisdicción plena de las provincias sobre sus territorios y el dominio originario de sus recursos naturales y, además, ratificaba que tienen autonomía constitucional para establecer su propia normativa respecto de las tierras rurales.

Bajo esos argumentos, la reforma eliminaba el límite general de extranjerización del país, descentralizaba los controles, le quitaba “poder” al Registro Nacional de Tierras Rurales y les daba la llave a las provincias para autorizar la compra de tierras por parte de empresas de un Estado extranjero y para fiscalizar la registración de todas las compraventas de extranjeros.

Así, de haberse sancionado una nueva ley, las adquisiciones tendrían que asentarse en el Registro de la Propiedad provincial y los propietarios extranjeros ya no tendrían la obligación de denunciar y registrar directamente sus tierras en el actual registro nacional.

Otro de los puntos clave que demostraban el cambio de modelo es que el proyecto exigía la autorización de la provincia en cuestión para que un extranjero pudiese comprar tierras en zonas de seguridad de frontera, cuando la ley actual solo requiere el aval de Nación.

Las dudas fueron tantas que, en una cumbre entre el bloque de la UCR y la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, se resolvió sacar esa parte del texto del proyecto; para así avanzar con el tratamiento del resto de la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, que ya contaría con los votos suficientes para salir con media sanción del Senado.