La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública inició este lunes una investigación por el caso del pastor Héctor Bonarrico. Sin necesidad de que mediara una denuncia (el PJ se presentó en esta misma jornada en la Justicia) este organismo cuyo titular es Gabriel Balsells Miró decidió actuar de oficio frente a este hecho de gran repercusión pública.
Por el convenio de los $9 millones
La oficina de Ética Pública abrió una investigación de oficio por el caso Bonarrico
La repartición que conduce Gabriel Balsells Miró comenzó a actuar para determinar si hubo irregularidades en la entrega de un subsidio, luego dado de baja, a la fundación que conduce el pastor Héctor Bonarrico
El caso Bonarrico ya es investigado mpor la oficina de Ética Pública.
La auditoría comenzó con los pedidos de documentación e información a las distintas unidades involucradas pero no es mucho más lo que se puede decir ya que está todo bajo secreto de sumario.
Balsells Miró ya había dicho días atrás que no puede formular declaraciones ni apreciaciones porque eso significaría preopinar e invalidaría la legalidad de la investigación.
Lo que sí está confirmado es que Ética Pública abrió una investigación de oficio, sin necesidad de recibir una denuncia y más allá de puede haber alguna en las próximas horas.
El hecho está encuadrado en la ley 8.993 que es de responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
El subsidio acordado y dado de baja
El jueves 26 de mayo, apenas horas después de su publicación en el Boletín Oficial, el gobernador Rodolfo Suarez derogó el decreto que le otorgaba 9 millones de pesos a la Fundación Acción Social, que preside el pastor Héctor Hugo Bonarrico, ex senador provincial por el oficialismo.
Según consta en la malograda norma, el dinero debía utilizarse en beneficiar a sectores vulnerables de la sociedad pero también le permitía brindar ayuda económica a templos y ONG cristianas, lo que generó un gran revuelo.
El Ejecutivo anuló el envío de fondos tras las declaraciones radiales que hizo el religioso, en las que aseguró que el desembolso tuvo que ver con un acuerdo político sellado entre sus seguidores y la cúpula de Cambia Mendoza. Estos dichos le cayeron muy mal a Suarez y a varios de los dirigentes del oficialismo.
Por qué se cuestiona la línea ética del convenio entre el Gobierno y Bonarrico
El pastor Héctor Bonarrico es el presidente y socio fundador de la Fundación Acción social que recibió el subsidio para desarrollar acciones educativas y sociales en su comunidad, además de promover el programa Mendoza Activa del Gobierno provincial.
La firma de ese acuerdo se dio el 23 de febrero, según consta en la certificaciónque realizó la Escribanía Mayor de Gobierno el 20 de abril pasado. Durante ese lapso, el pastor era un senador aliado de Cambia Mendoza.
La incorporación de su partido Más Fe a Cambia Mendoza se dio en julio del año pasado. En las elecciones legislativas, Bonarrico no fue candidato y, por tanto, el 30 de abril de este año terminó su mandato en la Legislatura.
Según él mismo advirtió en declaraciones públicas, hizo dos acuerdos con el Gobierno, uno preelectoral y uno post. El primero se dio cuando Más Fe se sumó a Cambia Mendoza. "Me dijeron que alguien del partido iba a continuar en la Legislatura representando al 20% de los evangélicos que me eligieron a mí", dijo a Radio Nihuil.
►TE PUEDE INTERESAR: Bonarrico a sus fieles: "El pueblo cristiano al Gobierno le importa tres pepinos"
Y el segundo, ya una vez que se cayó la posibilidad de que formara parte de las listas, cuando se le ofreció, desde Gobierno manejar una dirección interculto. Fue entonces cuando él, siempre según su relato, propuso que fuera la Fundación la que llevara a la práctica las acciones sociales sin la necesidad de qué él obtuviera un cargo público. De hecho, el propio Bonarrico advirtió antes de conocer la derogación del decreto, que si el gobernador daba marcha atrás, él se retiraría de Cambia Mendoza.
Lo que tendrá que analizar la Oficina de Ética Pública es si este último acuerdo, por el que se selló un subsidio de $9 millones en dos veces a favor de su fundación, siendo su partido parte del frente oficialista, cumple o no con la normativa provincial, independientemente de si configuró un delito de corrupción o no.
Respecto de esa cuestión ética, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez se defendió aduciendo que el lazo se selló con la fundación y no con él, aunque él es su presidente. Mientras, para el PJ, lo ocurrido podría encuadrarse en un posible tráfico de influencias.
► TE PUEDE INTERESAR: Caso Bonarrico: las 24 horas que marcaron un final de semana complicado para el Gobierno