a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del CP), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir.
b) Enriquecimiento ilícito de funcionarios (Art. 268 (2) CP);
c) Malversación de caudales públicos (Art. 261 segundo supuesto CP);
d) Cohecho y tráfico de influencias (Art. 256 CP).
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El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Víctor Ibañez, el principal apuntado por el PJ mendocino en su denuncia por el caso Bonarrico.
El PJ acompañó pruebas para que la Justicia investigue el caso Bonarrico
En la denuncia, el PJ resume los hechos relativos a dicho convenio que fuera firmado el 23 de febrero por el ministro de Gobierno Víctor Ibañez, el presidente de la fundación, Héctor Bonarrico, y el tesorero de la misma, Eduardo Erario.
Mediante el mismo, el Gobierno de Mendoza y la Fundación Acción Social acordaron un subsidio de $9 millones por año, por al menos dos, actualizables por inflación, para el desarrollo de actividades educativas y sociales; apoyo legal, administrativo y de infraestructura para templos de la Provincia; promover el Mendoza Activa; entre otros puntos.
A la denuncia, el PJ incorporó las declaraciones que el ex senador Bonarrico hizo en los medios de comunicación, por las que reconoció que el subsidio "que iba a efectuar la Provincia a favor de su fundación se hacía en cumplimiento de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con Cambia Mendoza por el cierre de candidaturas de las últimas elecciones (en las que MASFE no llevó candidatos ni Bonarrico se presentó para renovar su banca en el senado)".
En el escrito, la oposición denunciante apunta que "el Gobierno provincial busca desviar la investigación y culpar solamente a Héctor Hugo Bonarrico con la presentación que hizo el ministro Victor Ibañez por 'tentativa de fraude al Estado'".
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Héctor Bonarrico, Tadeo García Zalazar y Alfredo Cornejo en la firma de la incorporación de MasFe a Cambia Mendoza, en julio de 2021.
"Este ministro -por Ibañez- ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibañez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado", argumenta la denuncia.
El PJ aduce, además, que el hecho de que el gobernador Rodolfo Suarez, mediante un nuevo decreto, haya dejado sin efecto la ratificación de aquel convenio y por tanto el subsidio en cuestión no exime de ninguna manera de responsabilidad a los denunciados en el escrito o al menos de ser investigados por el hecho y que el propio Bonarrico aseguró que negoció con Ibañez "con la autorización del Gobernador".
Incorpora pruebas como las copias del decreto 684/22 mediante se aprueba el Convenio celebrado entre las Provincia de Mendoza y la Fundación Acción Social; la copia del acuerdo celebrado; el audio de la entrevista a Bonarrico realizada en el programa Uno Nunca Sabe de la Radio MDZRadio; y la copia del Acta Constitutiva de la Alianza Transitoria Cambia Mendoza para las elecciones PASO y Generales previstas para el año 2021.
Además se propone que la fiscalía requiera informes al Gobierno y al Banco Central para recabar las pruebas que sean necesarias.
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