Cláusula C

El Gobierno rechazó el viejo reclamo de ajuste salarial automático de funcionarios judiciales

La decisión se basó en el pleno de la Corte de 2025, que resolvió que el reclamo de la Cláusula C no obliga al Gobierno a pagar sino a negociar con judiciales

Valiéndose de un fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia, el Gobierno de Mendoza rechazó un reclamo de funcionarios judiciales de ajuste salarial automático por llamada Cláusula C, acordada hace 13 años.

En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia había resuelto que el Gobierno no tenía la obligación de pagarles, a los funcionarios judiciales, el reajuste salarial automático fijado y firmado el 17 de abril de 2013 para acortar la brecha con los magistrados y que la solución del conflicto debía encontrarse en una negociación entre las partes.

Destacó, además, que el incumplimiento de pago era real.

Tres de los jueces de la Suprema Corte que en 2025 rechazaron el histórico planteo de los funcionarios judiciales y determinaron que deberá resolverse en negociaciones entre Gobierno y el gremio: José Valerio, Dalmiro Garay y Norma Llatser.

Tres de los jueces de la Suprema Corte que en 2025 rechazaron el histórico planteo de los funcionarios judiciales y determinaron que deberá resolverse en negociaciones entre Gobierno y el gremio: José Valerio, Dalmiro Garay y Norma Llatser.

El Gobierno se apoyó en el fallo unánime de la Corte

Este lunes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto de rechazo de la pretensión de los funcionarios judiciales de que les reconocieran y les pagaran las diferencias salariales acumuladas desde el comienzo del conflicto.

Para la gestión de Alfredo Cornejo, la sentencia de la Corte zanjó el conflicto hace 9 meses, decisión que fue revalidada tiempo después cuando el mismo máximo tribunal de justicia de Mendoza negó a los funcionarios judiciales acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"El fallo judicial no reconoció un derecho subjetivo automático al reajuste de las remuneraciones ni genera, por sí sola, una obligación exigible de equiparación salarial o de pago de diferencias retroactivas, sino que constituye un compromiso cuyo tratamiento corresponde a la negociación colectiva", indica el decreto provincial.

Alfredo Cornejo, gobernador, firmó el decreto de rechazo administrativo al reclamo de funcionarios judiciales.

Alfredo Cornejo, gobernador, firmó el decreto de rechazo administrativo al reclamo de funcionarios judiciales.

La decisión fue firmada por el pleno de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Previamente, la Fiscalía de Estado opinó en el mismo sentido.

Claúsula C: histórico reclamo de funcionarios judiciales

La llamada Cláusula C de reajuste salarial automático de los funcionarios judiciales fue acordada entre el Gobierno de Mendoza y el gremio durante la gobernación de Francisco Paco Pérez.

Con el paso del tiempo y debido a los incumplimientos de parte del Estado provincial, se convirtió en eje de un conflicto largo y duradero de tintes político y judicial, que derivó en paros y movilizaciones convocados por el gremio.

En pocas palabras

  • El Gobierno de Mendoza rechazó el reclamo de ajuste salarial automático de funcionarios judiciales basado en un fallo de la Suprema Corte de Justicia.
  • La Suprema Corte de Justicia de Mendoza determinó en 2025 que el reclamo por Cláusula C implica negociación, no obligación de pago.
  • El decreto publicado en el Boletín Oficial reafirma la decisión, apoyándose en sentencias previas y la opinión de la Fiscalía de Estado.
Resumen generado por Thinkindot AI