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Mal uso de redes

Patricio Civit, asesor del PRO en Tunuyán fue denunciado por presunta intimidación pública

Patricio Civit fue denunciado por apoderados de la Municipalidad de Tunuyán. Lo acusan de difundir falsas usurpaciones y tiroteos en un barrio

Por Redacción de UNO

En una avanzada legal destinada a frenar la difusión de noticias falsas que alteran el orden social, la Municipalidad de Tunuyán formalizó una denuncia penal contra Patricio Adán Civit, conocido asesor del PRO en la región, que a su vez está vinculado al espacio político de Omar De Marchi.

La acción judicial busca establecer un precedente ante publicaciones digitales que, según el Ejecutivo municipal, sembraron el pánico y alteraron la paz social del departamento mediante datos falsos.

La presentación fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal por el doctor Andrés Alonso, apoderado legal de la comuna. El escrito solicita que se investigue penalmente a Civit por sus declaraciones emitidas en la red social Facebook el pasado domingo 17 de mayo.

17 segundos que sembraron el pánico en Tunuyán

De acuerdo con el expediente, el asesor del PRO transmitió en vivo desde su cuenta personal, publicando dos videos sucesivos. En apenas 17 segundos, Patricio Civit instaló una versión alarmante: aseguró que preventores municipales realizaban desvíos de tránsito sobre la Ruta 40 porque "estarían intentando usurpar las casas del barrio Bordelongue" y afirmó que le informaban la existencia de "tiroteos en la zona".

Aunque los videos fueron posteriormente eliminados por el propio usuario, la rápida circulación de las imágenes en las redes sociales provocó una profunda confusión, preocupación y angustia entre los vecinos, especialmente en las familias que recientemente se mudaron al complejo habitacional Bordelongue en Tunuyán o que esperan la entrega de sus viviendas.

Tunuyán (1)

Unas 70 familias habitan hoy el barrio Bordelongue de Tunuyán que terminó de construir la Municipalidad.

La declaración de las autoridades policiales desmintió por completo la versión del referente político de Tunuyán. El comisario Juan Ortubia explicó a los medios locales que los disturbios reales no tuvieron ninguna relación con el barrio Bordelongue ni con una toma de propiedades, sino que se originaron en un asentamiento ubicado en las inmediaciones del Callejón Santillán y el barrio Unión y Progreso, cerca de la Ruta 40.

La Policía desmintió al asesor del PRO en Tunuyán

El episodio comenzó alrededor de las 18 del domingo pasado, tras llamados al 911 que alertaban que una persona no podía ingresar por ese callejón. Al arribar el personal policial para verificar la situación, se encontraron con unas 15 personas. Al intentar dialogar, la situación escaló rápidamente y los civiles comenzaron a agredir a los uniformados con elementos contundentes.

Para restablecer el orden público y proteger a los presentes se requirió la intervención de los cuerpos especiales de la Policía. El violento enfrentamiento concluyó con un saldo de 7 efectivos policiales lesionados y 9 personas aprehendidas, quedando el caso bajo la órbita de la Oficina Fiscal.

Patricio Civit asesor del PRO

El asesor del PRO Patricio Civit fue denunciado también en 2024 por maltrato laboral al increpar a una taquígrafa en la Legislatura.

El comisario Ortubia fue categórico al aclarar que "gracias a Dios no hay ningún fallecido" y desestimó de cuajo los rumores de enfrentamientos armados.

La Municipalidad de Tunuyán hizo la denuncia contra el asesor del PRO

Ante la evidente contradicción entre los hechos reales y los videos difundidos por el asesor del PRO, la Municipalidad de Tunuyán solicitó formalmente que se lo investigue por el presunto delito de "intimidación pública", tipificado en el artículo 211 del Código Penal Argentino.

El municipio -en su carácter de propietario del barrio Bordelongue, constructor y custodio de las casas del predio aún no entregadas- argumentó que las afirmaciones falsas del denunciado tuvieron la "aptitud suficiente para generar temor público y alarma social".

La denuncia ya se encuentra en manos de la Justicia para determinar el alcance y las responsabilidades legales de comunicar hechos de extrema sensibilidad sin la debida verificación periodística u oficial.

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