Mercedes Rus confirmó que ya hay menores a los que se aplica el nuevo régimen penal juvenil

“Ahora van a tener un proceso penal”, afirmó Rus. La ministra habló de 6 hechos con participación de menores durante el fin de semana y destacó los casos de San Rafael y Maipú por sus diferencias con el régimen anterior. En la entrevista no confirmó condenas por esos episodios.

Qué cambió para los adolescentes que cometen delitos

El nuevo régimen comenzó a regir el sábado 5 de septiembre. La Ley 27.801 alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir 18, cuando sean imputados por un delito.

Rus explicó que el cambio no se limita a la incorporación de los chicos de 14 y 15 años. Como ejemplo, mencionó que en el episodio del kiosco de Maipú intervinieron un joven de 15 años y otro de 16. Según la ministra, este último también habría quedado fuera de una sanción penal con el régimen previo, por la pena prevista para el delito investigado.

“Si cometen un delito, habrá consecuencias penales, y van a tener un antecedente que a la larga va a agravar su situación”, sostuvo.

Aclaró, sin embargo, que esas consecuencias pueden incluir medidas que no impliquen encierro.

Un listado de supervisores para controlar las sanciones

Uno de los puntos centrales de la implementación será el seguimiento de quienes permanezcan en libertad. Rus anticipó que Mendoza proyecta un sistema de supervisores al que se pueda recurrir cuando el personal disponible resulte insuficiente.

La idea, explicó, es que cada profesional atienda no más de 4 o 5 casos. Su tarea incluiría entrevistas personales, coordinación con los organismos necesarios para cumplir las medidas y comunicaciones al juez ante incumplimientos.

La ministra vinculó ese acompañamiento con la formación y la salida del circuito delictivo. “Que si ese menor está libre, esté libre, pero que esté formándose”, expresó.

El anuncio coincidió con la publicación del decreto nacional 875/2026, que reglamentó la ley y organiza su implementación en la Justicia nacional y federal, con el Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación. Rus señaló que Mendoza toma como referencia los perfiles de supervisores previstos en esa reglamentación para su esquema provincial. Aquí, el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Nación.

Rus aseguró que hay capacidad y anticipó una dependencia para el Valle de Uco

Consultada por los recursos para atender más causas, Rus destacó que Mendoza cuenta con fiscales y jueces especializados. Reconoció que la ampliación del régimen supondrá más trabajo y que será necesario evaluar la evolución de la demanda.

“Con lo que tenemos hoy podemos garantizar plenamente que todo este nuevo alcance sea abordado efectivamente”, sostuvo.

En materia de infraestructura, anticipó que falta abrir una dependencia policial especializada para adolescentes en el Valle de Uco. Indicó que el Gobierno prevé trabajar esa incorporación con el presupuesto del año próximo. Mientras tanto, aseguró, los jóvenes de esa región son trasladados a una unidad del Gran Mendoza y no permanecen en una comisaría común.

Rus también afirmó que el sistema de responsabilidad penal juvenil dispone de capacidad de alojamiento para esta primera etapa. Fundamentó esa evaluación en la cantidad actual de adolescentes alojados y en la posibilidad de aplicar sanciones alternativas.

Reparación a las víctimas y un máximo de 15 años de prisión

Durante la entrevista, la ministra fue consultada por los daños a un comercio de Luján de Cuyo, uno de los 6 hechos con menores que se registraron recientemente. Respondió que la Policía identificó a los jóvenes involucrados y mencionó una denuncia por agresión.

Para ese tipo de situaciones, destacó la posibilidad de reparar a la víctima y de imponer medidas que ayuden al adolescente a comprender el peso de sus actos. Mencionó como ejemplos colaborar con tareas de pintura o con la reparación de un muro.

"Es la mejor manera de entender cuál fue el error que cometieron y por qué tiene consecuencias", describió.

La ley contempla, entre otras sanciones, servicios a la comunidad y reparación integral del daño. Para las penas privativas de la libertad fija un máximo de 15 años y prohíbe la prisión y la reclusión perpetuas.

Rus sostuvo que ese límite exige un trabajo de reinserción que compromete al Estado y también al adolescente y su entorno. “Es una responsabilidad grande la que pone en el Estado”, afirmó.