Robaron y mataron sin piedad antes de cumplir los 18 años. Fueron condenados a prisión perpetua en juicios que marcaron un quiebre en Argentina. Años después, en 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que Mendoza violó estándares internacionales para juzgar a menores y ordenó anular esos fallos.
Imputabilidad de menores
Niños asesinos, perpetuas prohibidas: los casos históricos que llevaron a Mendoza a una condena internacional
Tres menores condenados a perpetua por crímenes que conmocionaron a la provincia. En pleno debate por la edad de imputabilidad, sus historias vuelven a escena
Menores condenados como adultos. Los casos mendocinos que cambiaron la historia.
Imagen realizada con IAEn pleno debate por la baja de la edad de imputabilidad, estos casos -que ocurrieron hace más de 25 años- vuelven a ponerse sobre la mesa y reabren una discusión clave en materia penal juvenil.
“Nunca más se aplicaron penas perpetuas a menores; pero el escenario no ha cambiado: el sistema penal sigue incapacitado para resolver los problemas de jóvenes de 16 a 18. Mucho menos puede abordar los de menores de 15”, advierte el abogado Fernando Peñaloza, especialista en Derechos Humanos y defensor de Ricardo David Videla, el Perro, uno de los dos mendocinos condenados a perpetua cuyas causas llegaron hasta la Justicia internacional.
El Perro murió en la cárcel, ahorcado. Tenía 20 años y no llegó a ver la resolución de la Corte Interamericana.
El segundo caso es el de Saúl Cristian Roldán Cajal, quien permanece privado de la libertad por un asesinato cometido ya siendo mayor de edad.
El tercer menor mendocino condenado a perpetua fue Diego Daniel Arce, aunque su sentencia no llegó a la Corte Interamericana porque la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo.
Niños asesinos que hicieron historia: nunca más una perpetua para menores
Dispararon a matar y arruinaron varias vidas, pero seguían siendo chicos. Peligrosos, sí, pero chicos. “Niños”, dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, cuando prohibió terminantemente imponer penas de prisión o reclusión perpetua a quienes cometieron delitos antes de los 18 años.
Sus causas fueron revisadas y, hoy en la Argentina, la pena máxima para un menor es la escala de la tentativa del delito que se juzga. Para hechos que en adultos se castigan con perpetua -como un homicidio agravado- la tentativa va de 10 a 15 años de prisión.
Cuando Peñaloza afirma que “el escenario no ha cambiado”, apunta a la falta de personal idóneo para gestionar el sistema penal juvenil, a los episodios de violencia que siguen atravesando los menores imputables y a que aún quedan procesos abiertos por apremios ilegales contra exfuncionarios del antiguo COSE (Centro de Operaciones Socio Educativas), hoy Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.
Sin embargo, reconoce que la coyuntura no es idéntica a la de hace dos décadas. “Mejoraron las condiciones edilicias, la Ejecución penal ahora es mirada por todos los jueces y se atienden los hábeas corpus”, señala el abogado, con décadas recorriendo cárceles.
Los tribunales mendocinos que impusieron perpetuas a Ricardo David Videla (el Perro), Saúl Roldán Cajal y Diego Arce sostuvieron en sus sentencias que las medidas de protección previas no habían logrado rehabilitarlos.
Hablaron de “inusual barbarie” y de un desprecio absoluto por la vida para justificar las penas máximas. Consideraron que, por la peligrosidad atribuida a los autores, correspondía una condena equivalente a la de un adulto y que la reducción a la tentativa no era un mandato constitucional.
Pero ninguno de esos argumentos fue válido para la Corte Interamericana. El tribunal internacional determinó que las penas de prisión perpetua a menores son incompatibles con la Convención Americana y con la Convención sobre los Derechos del Niño, ambas con rango constitucional en Argentina.
Según el fallo, las perpetuas para niños son arbitrarias, anulan todo horizonte de futuro y resultan devastadoras, configurando tratos crueles e inhumanos.
Mendoza, condenada
El Estado argentino fue condenado. Mendoza también. Y no fue solo por la aplicación de penas perpetuas a menores sino también porque en la provincia se constató que los chicos condenados sufrieron hacinamiento extremo, falta de higiene –debían hacer sus necesidades en bolsas-, falta de luz natural y encierros de más de 20 horas al día.
La Corte señaló, además, que el Estado no cumplió con su deber al no prevenir la muerte de Videla bajo custodia. Su estado depresivo y las amenazas de suicidio del chico eran conocidas por el personal de la penitenciaría; aunque siempre quedó un manto de dudas sobre su fallecimiento porque la investigación fue deficiente.
Más allá de la revisión de las sentencias y del llamado de atención a la Justicia penal argentina, el tribunal internacional ordenó al Estado el pago de indemnizaciones para los menores condenados.
El fallo se refería también a las condenas a prisión perpetua de Lucas Matías Mendoza, Claudio David Núñez y César Alberto Mendoza, impuestas por tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Perro Videla, amistades peligrosas y 2 asesinatos con solo 16 años
El caso de Ricardo David Videla Fernández fue emblemático. No le gustaba que le dijeran El Perro. Creció en el barrio San Martín. Él y sus dos hermanos varones murieron en situaciones de violencia en un año y medio. Tenía otras tres hermanas mujeres.
El contexto era bravo y comenzó a consumir drogas a los 15. Era el 2001 –plena crisis social y económica- cuando lo agarraron por primera vez por robar una bici con un arma. Tenía 16.
Fue internado en el COSE pero se fugó a los pocos días. Entonces, la escalada de violencia fue imparable. La Policía describió que “se divertía matando”. Le atribuyeron los asesinatos del repartidor de gaseosas Fabián Vidal y del remisero Augusto Zapata.
A Vidal lo mató de un disparo en la cabeza, sin robarle nada. Zapata le encontraron siete balas en el cuerpo. Le robaron apenas $5 (de aquella época) y su reloj. Los hechos causaron conmoción pública.
El Perro Videla dejó al sistema pagando varias veces y tras una serie de fugas papelonescas, fue recapturado a mediados del 2002, luego de recibir un disparo.
Sus amigos, también con prontuario, eran nada más y nada menos que Matías, el Morocha, Cerón y Fabián Cedrón, dos de los más temidos de la época. En el COSE conoció a otros delincuentes juveniles “famosos” como el Tanga Gómez o el Ñato Capano.
El 28 de noviembre de 2002 el Tribunal en lo Penal de Menores de Mendoza -compuesto por Eduardo A. Brandi, Carlos Alberto Parma y Oscar Denis León- lo declaró culpable por dos homicidios y unos cuantos robos y le impuso la pena de prisión perpetua. El 21 de junio de 2005 fue encontrado ahorcado con un cinturón en su celda del módulo de jóvenes adultos, en San Felipe.
Roldán Cajal, el crimen en una farmacia, detención inhumana y un amor en la cárcel
Saúl Cristian Roldán Cajal tenía 17 años cuando mató a Eduardo García Ortega. El hecho ocurrió el 1 de diciembre de 1998 cuando entró a la farmacia PAYEM de Guaymallén para cometer un asalto.
Durante el robo, el marido de la empleada llegó en su camioneta. Roldán Cajal tenía un arma. Le exigió dinero y el vehículo y cuando intentaba huir… se bajó de la Toyota, apuntó y disparó. García Ortega cayó muerto en el lugar.
Durante el juicio no mostró arrepentimiento. “Tiene conducta psicopática”, decían de él. Tomaba alcohol desde los 14 y había vivido una infancia durísima. Llegó a Mendoza a los 7, proveniente de su Santiago del Estero natal. Vivió siempre en la marginalidad y pasó buena parte de su niñez entre hogares, familias cuidadoras y el ex COSE.
Fue condenado a perpetua el 8 de marzo de 2002 por el Tribunal en lo Penal de Menores de Mendoza –mismos jueces que condenaron a Videla- por los delitos de homicidio agravado en concurso real con robo agravado.
Su caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez. En 2012, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó el caso, anuló la perpetua e impuso una nueva pena de 15 años de prisión. Además, fue indemnizado.
Sin embargo, Roldán Cajal no recuperó la libertad. Por aquel entonces, no solo registraba condenas por otros delitos, sino que, además estaba acusado de matar a otro interno en el penal de Cacheuta.
Por ese homicidio recibió una nueva condena a perpetua y aún permanece en Almafuerte. Estando preso conoció a una docente, con la que se casó en 2023.
Matar a los 16
El tercer caso de un menor condenado a perpetua en Mendoza es el de Diego Arce, quien tenía 16 años cuando cometió el delito de homicidio agravado el 26 de septiembre de 1997.
Su caso no llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo que se resolvió, tras sucesivos rechazos de la justicia mendocina, fue que la situación de Arce era análoga a la de los otros cinco menores condenados a perpetua bajo el Régimen Penal de la Minoridad aplicable en Argentina, por lo que se redujo su pena.
Hoy, además de respetarse el límite máximo de pena fijado para menores, los jueces del sistema penal juvenil suelen priorizar medidas menos gravosas: programas de tratamiento, abordajes de consumo, escolarización y dispositivos de contención.
Las penas de encierro son, en general, la última opción.