El ministro de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza, Tadeo García Zalazar, se pronunció a favor de la baja de la imputabilidad de menores impulsada por el presidente Javier Milei, aunque advirtió que la medida sólo será efectiva si viene acompañada de financiamiento nacional y de una fuerte inversión social. El funcionario, responsable de la aplicación del régimen penal juvenil en la provincia, remarcó que no debe trasladarse el costo a los Estados provinciales.
Sistema penal juvenil
García Zalazar respaldó bajar la edad de imputabilidad y alertó: "Es altísimo el porcentaje de delitos juveniles vinculados a las drogas"
El ministro de Educación, Cultura e Infancias advirtió que la reforma en la imputabilidad de menores implica inversión social que debe ir acompañada por Nación
Tadeo García Zalazar, ministro de Educación Cultura e Infancias, detalló cómo funciona el sistema penal juvenil y cómo impactaría la reforma de bajar la edad de imputabilidad.
Según explicó, el sistema actual ya muestra una fuerte demanda de intervención estatal en adolescentes en conflicto con la ley penal, especialmente por problemáticas de adicciones y vulnerabilidad social. “Un altísimo porcentaje de los chicos de entre 13 y 16 años que cometen delitos tienen problemas de consumo, lo que implica una intervención sanitaria y social de gran envergadura”, señaló.
El responsable de la cartera de Infancias sentó la posición de Mendoza en una semana clave. Este jueves 12 de febrero se trata en el Congreso y el Gobierno de Alfredo Cornejo mantuvo reuniones con sus legisladores para explicar cómo es el panorama de la provincia: actualmente hay 400 adolescentes que están bajo algún tipo de medidas del sistema penal juvenil y de protección de derechos.
Apoyo con condiciones: bajar de 16 a 14 años
García Zalazar sostuvo que Mendoza coincide con la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad, pero planteó que el cambio debe implementarse gradualmente y con evaluación de resultados.
“Nosotros creemos que debe ser a los 14 años, bajar de 16 a 14, probar cómo funciona el sistema y verificar si bajan las tasas”, afirmó.
El ministro subrayó que la baja de la edad no resolverá por sí sola la inseguridad. “La incidencia de los menores en el delito es menor al 1%. Con la baja de la imputabilidad no van a desaparecer los crímenes ni de Mendoza ni del país”, advirtió.
El sistema actual y el impacto que tendría el cambio
Hoy la provincia aborda la problemática juvenil a través de dos organismos: el ex COSE y la Dirección de Protección de Derechos. El ministro detalló que actualmente:
- Hay 40 adolescentes de entre 16 y 18 años que ingresan y salen del régimen penal juvenil.
- Otros 360 jóvenes están bajo medidas alternativas, sin privación de libertad.
En estos casos se realiza seguimiento familiar, acompañamiento educativo y participación en talleres y actividades obligatorias.
“Si se baja la edad de imputabilidad, muchos de estos chicos pasarían al sistema penal juvenil con privación de libertad. Eso requiere inversión para trabajar la reinserción”, explicó.
Adicciones y responsabilidad parental
El funcionario puso el foco en las causas estructurales del delito juvenil. “Es altísimo el porcentaje de problemas de droga. Muchos delinquen para sostener el círculo negativo de las adicciones”, afirmó.
También señaló el rol del entorno familiar: “Muchos de estos problemas existen porque hay adultos que no cumplen con su responsabilidad parental”.
En ese sentido, insistió en que el abordaje debe ser integral: educativo, sanitario, social y cultural. “Podemos dar herramientas deportivas y culturales para la reinserción, pero hay que trabajar en el entorno. Eso es inversión social”.
El costo de la reforma
García Zalazar fue enfático al plantear el impacto presupuestario que tendría la medida en Mendoza. Según estimaciones del ministerio, si la edad de imputabilidad baja y el sistema crece, la provincia necesitaría unos $5.000 millones anuales para infraestructura y equipos profesionales.
“Decimos que la baja de la imputabilidad puede ser positiva, siempre que haya inversión social”, enfatizó el responsable de una de las áreas de mayor interés en el tema, después del Ministerio de Seguridad.
Reunión con legisladores nacionales por la baja de la edad de imputabilidad
Tadeo García Zalazar señaló que hubo reuniones con los legisladores nacionales por Mendoza para mostrar cómo es el panorama de la provincia y qué se hace para contener a los menores en conflicto con la ley penal. Pamela Verasay fue una de las convocadas en su carácter de jefa del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
"Nuestra postura es clara. La baja de la edad de la imputabilidad debe bajarse de 16 a 14 años y evaluar si descienden las tasas de los delitos graves, teniendo en cuenta que la incidencia en el total de la estadística criminal es muy baja actualmente. Como provincia, aplicamos los códigos y llevamos adelante las políticas de reinserción, pero esto implica una inversión importante", comentó.
E insistió: "No sería positivo que se hagan cargo los gobiernos provinciales de esta erogación sin el respaldo de Nación. La medida será eficaz sólo con reinserción social".
