"En campaña todo suma". El intendente de Luján y precandidato a gobernador, Omar De Marchi, se mostró en las redes sociales reunido con las autoridades de la cárcel federal que se está construyendo en Cacheuta y resaltó que esa penitenciaría generará unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El mismo mandatario años atrás, en el gobierno de Julio Cobos, se opuso categóricamente a la instalación del penal provincial de Cacheuta, que está al lado de la nueva cárcel federal.
En nuestra provincia el año pasado se retomó la construcción de la postergada cárcel federal que se inauguró parcialmente en noviembre pasado y cuya obra está hoy en un 70% albergando a unos 300 de los 600 presos federales que hay en Mendoza.
Los 34.000 metros cuadrados del predio del Centro Federal Penitenciario Cuyo, a donde se alojarán los internos federales procesados y condenados, "debieran estar terminados para julio próximo cuando se terminará con el traslado de unos 300 convictos más que hoy se alojan en los penales provinciales. A ellos se deberán sumar otros tantos internos que hoy están con prisión domiciliaria", confió el ministro de Seguridad de la provincia, Gianni Venier.
Sin embargo, adelantándose a esa inauguración, este lunes el intendente de Luján se reunió con el Prefecto Ricardo Acuña y el Encargado General Ayudante Mayor Enrique Fernández, con los cuales analizó el impacto en la generación de empleo que tendrá la cárcel federal en el departamento.
En el entorno del intendente señalaron que se habla de que genere directamente unos 500 puestos laborales de personas que se emplearán en la penitenciaria y otra cantidad similar en los servicios que esas personas demandarán en la zona de Cacheuta.
Una férrea oposición al penal de Cacheuta
El Complejo Penitenciario de Almafuerte, instalado en Cacheuta, se inauguró en el 2007, durante el gobierno de Julio Cobos, cuya administración debió sortear varios frentes opositores a la construcción de ese penal provincial.
Uno de los que en aquel momento alzó la voz en contra del proyecto fue el mismo intendente Omar De Marchi, quien coincidentemente con otros jefes comunales también se opusieron a la idea del ministro de Seguridad Gianni Venier de instalar "mini" complejos carcelarios en determinadas comunas.
El funcionario de Cornejo propuso allá por el 2016 crear esos pequeños complejos con la teoría, basada en estudios internacionales, que demostraba que si las personas privadas de su libertad se alojan en las comunidades a las que pertenecen, no pierden el contacto con sus familias y su deseo de corregir su error crece, bajando así el índice de reincidencias.
