Fueron más de 500 personas en total, según los presentes, y todos marcaron un eje en común: para ellos, el problema que enfrenta el sector ya no tiene que ver con los ambientalistas o los sectores antimineros, sino que se trata de un conflicto meramente político. Es por eso que los principales destinatarios fueron los miembros del Poder Legislativo y también el propio Gobierno encabezado por Rodolfo Suarez a pesar de ser del mismo color político que el intendente Juan Ojeda, quien los acompañó en el encuentro.
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La baja del pulgar al proyecto cambió las relaciones entre Ojeda y el gobierno de la provincia.
"Nosotros no tenemos banderas. Sólo pedimos que se nos escuche y que se entienda la realidad que atraviesa nuestro departamento. Para nosotros, la economía es el turismo, los hidrocarburos y la minería; no tenemos las bondades de otras comunas que pueden gozar de la vitivinicultura o de otros rubros parecidos. Lo que sí queremos aclarar es que, con las regalías que traería el avance minero, podemos ayudar al resto de la provincia: a pagar sueldos más altos y a que los policías estén mejor equipados, por ejemplo", apuntó Guevara, siguiendo con el tono crítico.
El pedido se centró en que avancen dos proyectos de ley. Uno es el mencionado del jefe comunal sureño, que apunta a zonificar el territorio malargüino, disponiendo zonas en las que estaría permitida -y otras en las que estaría prohibida- la actividad. Fue presentado el 12 de octubre por el propio intendente, pero minutos después Suarez se desmarcó de la idea y sus espadas en la Casa de las Leyes salieron a anticipar que es casi imposible que se trate.
"No sabemos si políticamente nuestros representantes se la van a jugar, pero sí sabemos que los votamos pensando que decidirían lo mejor para Mendoza. Nosotros vamos a hacer toda la presión que sea necesaria, porque lo que vemos es que en todas las otras provincias, como Jujuy, Catamarca, Salta, San Juan, La Rioja y Santa Cruz, hay minería. Sólo nosotros seguimos negados a esto", cerró Guevara.
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Piden por el proyecto del PRO
El otro es del diputado Gustavo Cairo, jefe del PRO en la Cámara Baja. Ese texto busca que se modifique el primer artículo de la ley 7.722, permitiendo así el uso de ácido sulfúrico en Mendoza. Esa sola modificación le abriría la puerta a decenas de proyectos que hoy están frenados, pero generaría la resistencia de sectores políticos, sociales y ambientales.
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Cairo (derecha) es el autor del proyecto que busca permitir ácido sulfúrico en la minería de Mendoza.
"El ácido sulfúrico es una sustancia clave para la provincia, se usa en bodegas y en muchas actividades más. Que se prohíba solamente en la minería es una cuestión parcial que tenemos que modificar", expresó el legislador a Diario UNO al momento de presentarlo
Si esto avanzara, la principal beneficiada sería la industria de extracción de cobre, que precisa de esa sustancia para la separación del mineral. No es el único eje de la propuesta, ya que también sugiere eliminar el apartado donde ya fue señalado un aspecto ambiguo de la ley: la mentada frase "otras sustancias similares", cuya falta de rigurosidad tuvo observaciones negativas por parte de la Corte Suprema de la Nación.
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