“No va a salir del Senado en los próximos meses, y es probable que no salga en todo lo que queda de gestión”, confirmaron desde la cúpula radical, muy cerca de donde se toman las decisiones. El mandatario fue claro, y la visión de casi toda la UCR es que lo mejor que puede pasarles es que el avance de Ojeda termine cajoneado, por lo menos, hasta que haya un cambio de Gobierno en la provincia.
“Lo que nos mencionó el gobernador es que sería negativo avanzar con el expediente. No está en las intenciones del Ejecutivo tratarlo, simplemente porque no ha habido un proceso de sensibilización ni debate de calidad. Al menos por ahora”, expresó una alta fuente legislativa. En ese “al menos, por ahora”, puede residir la poca esperanza de los sureños respecto a que la norma sobreviva.
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"Pedimos la solidaridad de todos los mendocinos. Necesitamos hacer minería y que ustedes nos acompañen", había pedido Ojeda este martes.
Es claro que Suarez rechaza la posibilidad de tener otra pueblada como la que marcó el inicio de su gestión, y que es con eso que tiene que ver la negativa que mantiene desde que decidió dar marcha atrás con la fallida ley 9.209. La postura de que no se volviese a discutir el tema se mantuvo hasta acá, y la perspectiva es continuar de la misma manera. Eso ya les ha quedado claro a todas las espadas legislativas de la UCR, tanto en Senadores, a donde ingresó el texto, como en Diputados, a donde es casi imposible que llegue.
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Por qué no avanzaría en 2022
Como contó UNO este martes, la falta de tiempo es uno de los argumentos con los que el oficialismo tratará de frenar la iniciativa. Es sabido que Ojeda demoró algunos meses la presentación del texto -había prometido hacerlo para mediados de junio, cuando Suarez estaba, precisamente, en la feria minera más grande del mundo, en Canadá- y finalmente lo hizo este 11 de octubre. Ahora no queda demasiado margen para tratarlo, al menos en sesiones ordinarias.
“Y extraordinarias obviamente no se van a pedir, porque no tiene aval del gobernador”, expresaron muy cerca del mandatario. La agenda de Senadores que manejan en calle Peltier –aunque puede variar- indica que el martes 18 se tratará el proyecto de reforma a la Suprema Corte, que ya tiene media sanción en Diputados. Y que el 25 será el turno de votar el presupuesto 2023. Después de eso, va a quedar un solo mes de sesiones ordinarias, en los que está casi descontado que el texto pueda siquiera pisar el recinto.
“Imposible. Para dar un debate de tal sensibilidad habría que convocar a un montón de gente, de organizaciones y de perfiles experimentados en lo técnico y en lo académico, que es lo que se hizo la vez anterior. No da el tiempo físico para poder discutir algo así. Lo que nosotros creemos es que Ojeda sabe que esto no tiene chances de avanzar, pero que lo presentó igual porque se lo debe a su gente. Y coincidimos con eso, lamentablemente, a Malargüe le han fallado sus últimos proyectos y necesita fortalecer su actividad económica”, se sinceró una de las autoridades legislativas de la UCR.
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El último encuentro entre Suarez y Ojeda. El intendente le habría anticipado sus intenciones al gobernador, pero no obtuvo su apoyo.
Quedan exactamente once sesiones en la Cámara de Senadores antes de que termine noviembre –lo que marca el fin del período ordinario inaugurado en mayo-. En todo ese tiempo, lo máximo a lo que podría apelar el jefe comunal es a que ingrese en la comisión de Ambiente, que preside el oficialista Ernesto MancinellI. Según pudo averiguar UNO, en Cambia Mendoza piensan que también sería reconducida al organismo de LAC de la Cámara Alta, pero que bien podría no tratarse siquiera en ninguna de las dos comisiones, al menos en lo que resta del año.
“Sí podemos afirmar que es un proyecto como cualquier otro, no es que lo vamos a obstaculizar en términos del proceso legislativo. Hará el camino que tenga que hacer como hacemos en el resto de las discusiones. Se discutirá en los canales formales”, buscaron aclarar. De todos modos, es evidente: no tiene apoyo de Suarez ni de -prácticamente- ningún sector del Gobierno.
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¿El PJ está a favor o en contra?
En el peronismo tampoco encontrará apoyo. Más allá de que hay posturas divididas en torno a si la actividad debe prosperar o no en Mendoza, y a si la ley 7.722 debería flexibilizarse para habilitar más proyectos de los que permite actualmente; lo cierto es que están en contra hasta que no se demuestre que un amplio sector ciudadano permite habilitar la discusión.
“Lo hemos sondeado varias veces entre nosotros, incluso antes de que llegara esta propuesta que, como sabemos es sólo para Malargüe. Y la verdad es que entendemos que mientras no haya licencia social de los mendocinos, no se puede discutir ni esta ni ninguna otra normativa que habilite minería por fuera de la ley”, respondieron desde el PJ que se sienta en Senadores, ante la consulta de este diario.
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Parte del bloque pejotista en Senadores. Allí tampoco encontrarían apoyo las intenciones mineras de Malargüe.
Es la postura en el grueso del Frente de Todos, al menos en esa cámara. La única duda podría estar en la decisión que tomen las dos legisladoras malargüinas Rosa Quiroga y Alejandra Barro, de quienes se esperaba que firmasen el proyecto al ingresar a la Legislatura –como sí lo hizo la senadora radical, también de Malargüe, Jéssica Laferte-; pero que finalmente no estamparon su conformidad.
El resto de los senadores no habría tenido tiempo de leer la norma, porque -como se ha contado- no fue mostrada en la previa más que a algunos colaboradores cercanos del intendente, y desde el lunes el sistema digital del parlamento mendocino está caído, con lo cual no pueden revisarse los proyectos escaneados. Su único acceso, hasta que se restablezca, es por vía física; es decir, a través del material en papel.
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"Falta de transparencia"
En la Cámara de Empresarios Mineros de la provincia también arreciaron algunas críticas. No contra el proyecto, al que aseguraron no conocer, pero sí contra las formas en las que se había confeccionado y llevado adelante. Según explicaron, recién este martes por la mañana empezaron a hacer las gestiones para que les llegara una copia y poder analizarlo.
“Esperábamos ser consultados, pero eso no ocurrió. De todos modos, aclaramos que no es que esta cámara puede definir políticas de desarrollo, ni para Mendoza ni para el departamento de Malargüe. Lo que sí creemos es que podríamos haber hecho, quizás, algunos aportes desde nuestra óptica, dijo Raúl Rodríguez, el titular de ese organismo.
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Suarez, durante su viaje a la feria minera PDAC, la más grande del mundo para el sector. En Mendoza, sólo se ilusionan -por lo pronto- con actividades permitidas en la 7.722.
“La semana pasada se empezó a agitar tanto desde los medios que esta iniciativa se venía a la Legislatura, que muchos nos consultaron a nosotros nuestra opinión. No podemos tenerla, por eso hicimos un comunicado en el que dejábamos claro que no habría una toma de posición hasta no ver qué dice el articulado. Hasta el momento, sólo sabemos que toma algunos puntos de la ley que se cayó; de la 9.209”, completó.
En efecto, el proyecto del intendente sureño sostuvo elementos que ya estaban presentes en aquel texto de 2019. “Toma varias particularidades de ese y de otros avances que hubo en el pasado, pero sí podemos decir que hasta hoy lo manejábamos menos de cinco personas, así que los que tengan puntos en contra, están hablando sin haberlo visto", expresó un referente minero de los que, como se desprende de sus palabras, sí tuvo acceso.
De cualquier modo, tal como han hecho trascender desde el oficialismo, la rotunda negativa no tiene que ver con los detalles, la formulación, ni con las instancias de control para la actividad que dispone lo confeccionado por Ojeda. En términos generales, el pulgar apuntando al suelo tiene únicamente que ver con evitar el enojo social, y con cumplir aquel designio del gobernador Suarez que parece sintetizar todas su respuestas sobre el tema: “En mi gestión, es un tema terminado”..
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