Se vota el miércoles

Las nuevas discusiones que traerá la reforma a la Suprema Corte en Mendoza

Aunque hubo acuerdo, algunos nubarrones asoman en el futuro de los cambios pretendidos por el Gobierno. Jueces supremos los condicionaron a la aprobación de ciertas leyes en 2023, o de lo contrario harían un planteo excepcional para frenarlos. Tensión con el PRO y la nueva bicameral que asoma

"De Marchi casi hace cagar el acuerdo con ese tuit", fue la frase que estalló en las filas radicales un día después de encauzado el diálogo. Las posturas antagónicas, tan palpables en la política como en la Justicia, siguen anidando en el proyecto para cambiar la Corte. Hay puntos que aún no se resuelven, y cuyo desenlace se dará recién entre este año y el que viene. Son los debates por las segundas instancias que impulsa el PRO, la creación de un órgano a la que el oficialismo resiste y, sobre todo, la amenaza de ciertos supremos: dicen que si no se dan determinadas condiciones, la reforma no se consolidará.

Se explica así: el punto central en la norma del Ejecutivo es la desaparición de las salas preestablecidas. Por ejemplo, no más Sala I de los jueces Day, Llorente y Gómez y no más Sala II, con Palermo, Valerio y Adaro. En su lugar, se sortearían tres magistrados ante casi cualquier causa que ingrese (a esto lo llaman colegiación). Pero eso es progresivo: primero será sólo para lo contencioso administrativo (haciendo desaparecer el famoso "forum shopping), y recién en julio o diciembre de 2023, se extendería a todo tipo de ámbito legal.

¿Por qué esas fechas? Porque sobre el final del proyecto, dice que para el 1 de julio deberán haber acordado con dos tercios del tribunal (o sea, al menos cinco jueces) la modificación que amplía el formato a todos los demás terrenos jurídicos. Si no hay acuerdo en ese entonces, los cambios se harán efectivos al 31 de diciembre "sin posibilidad de prórroga". O sea, lo que pretendía el modelo original está garantizado, al menos desde el 1 de enero de 2024. Antes de que el próximo gobernador o gobernadora haya cumplido su primer mes de gestión.

Pero aquí viene lo que anunciaron algunos supremos sotto voce, y que vuelve a tensar el ambiente: quieren las modificaciones de instancias intermedias sí o sí. Se trata del llamado "doble conforme" en el fuero penal y la creación de una Cámara de Apelaciones en lo laboral. Es decir, ámbitos que le permitan a la Corte tener considerablemente menos litigios que resolver. Según estos jueces, con ese esquema habría tiempo para que muchos más casos vayan al pleno del tribunal y con eso, agregan, no se resentirían totalmente las especialidades por las que tanto bregaron los detractores de esta idea.

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El miércoles terminaron las reuniones en la comisión LAC de Diputados, epicentro político de Mendoza durante las últimas semanas.

El miércoles terminaron las reuniones en la comisión LAC de Diputados, epicentro político de Mendoza durante las últimas semanas.

El anuncio que hicieron ante la consulta de UNO fue que, si para el año que viene no están vigentes esos cambios, podrían plantear una medida excepcional que detenga el avance de la colegiación. Es decir, manteniendo el sorteo de salas sólo para un fuero y dejando el espíritu de la reforma a medio camino. "Pero los proyectos están encaminados; hay una suerte de pacto de caballeros en torno a que van a avanzar en la Legislatura, así que no existiría este problema", apuntaron desde ese sector.

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Negociaciones de último momento

Omar De Marchi demostró una vez más su capacidad de entrar en modo anfibio: cuando se trata de temas puntuales, puede comportarse tanto como un oficialista más, y respaldar a sus socios políticos; o bien sumergirse en una oposición acérrima y contrariar con fuerza a los proyectos nacidos en el Gobierno. Esta vez ocurrió lo segundo y tanto la UCR como el presidente de la Corte, Dalmiro Garay se lo facturaron con duras acusaciones. Es que fue desde el PRO que surgieron (o se revitalizaron) las dos alternativas que generaron discordia, y también las filosas críticas al proyecto y a un supuesto "apuro" a los legisladores desde el Ejecutivo.

Según los radicales, cuando la llave para resolver el problema recayó sobre el máximo tribunal, y fueron los jueces los encargados de elaborar una nueva ley, uno de los bocetos efectivamente incluía al doble conforme penal. Es decir, durante un momento, el martes por la tarde, lo que pedía el PRO iba a estar en la norma que pasara a la Legislatura, y era algo que convencía, al menos, al ala peronista-siempre de acuerdo a esta versión-. Qué pasó en el medio, nadie lo explica con claridad. Pero sí es claro que el artículo se evaporó.

En las huestes uceerreístas niegan que el pedido haya sido político y que ellos hayan tenido que ver, pero sí admiten haber estado al tanto de los pormenores en ese momento. Y de haberlo mantenido al tanto a Rodolfo Suarez, que seguía el minuto a minuto -o casi- desde Brasil. Afirman, en cambio, que la eliminación de esa chance fue más bien técnica, y atada a que era imposible incluirlo en la norma por diversos motivos: "Primero y principal, todavía lo estamos estudiando, pero entendemos que para meter eso que pide el PRO, hay que cambiar todo el Código Procesal Penal. O sea, no es tan fácil como suena. Igual, no es el único inconveniente, y esta ley trata sólo de cómo funcionará la Corte", se justificaron.

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Otros tiempos.

Otros tiempos. "Garay me descalifica. Yo esperaba que me agradeciera", dijo De Marchi. "Sus dichos fueron, por lo menos irresponsables", había dicho el juez.

El miércoles a la madrugada, cuando ya estaban impresos los 14 artículos del consenso, parte del PRO tuvo un plan: enviar una moción alternativa (es decir, un despacho diferente en comisiones) que sí contuviera a la -a esta altura, manoseadísima- modificación del doble conforme. La idea de cuidar el acuerdo, tan dificultosamente conseguido además, fue más fuerte que las intenciones de introducir el cambio y la norma se aceptó con el texto conocido.

El interrogante es qué pasará desde que se apruebe la reforma hasta diciembre del '23. ¿Se harán esos cambios en lo penal y laboral? El sector no radical de Cambia Mendoza; jueces -de los dos "bandos"-, y quienes responden a De Marchi creen que sí. Pero algunos en la UCR no dan el brazo a torcer y dicen que sólo se trataría de ser absolutamente necesario. ¿Y los cambios al artículo 152 de la Constitución, para que los nombramientos pierdan carácter político? "Tampoco. No lo vemos. Como implica tener dos tercios de los votos, es una invitación al toma-y-daca entre PJ y UCR. Te doy uno, vos me aprobás dos. No sirve; es más transparente así", contestaron. Aunque la enunciación de tal lógica enciende nuevas preguntas, por supuesto.

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Una comisión para mirar a los jueces

Casi no trascendió, pero el diputado Cairo -del PRO-, quien había llevado las alternativas a Asuntos Constitucionales, no se fue con las manos vacías el pasado miércoles, luego de que estas quedasen afuera del texto. Al mismo tiempo en que ingresó el proyecto consensuado durante horas por los supremos, el legislador impulsaba una nueva propuesta parlamentaria: crear una comisión bicameral de seguimiento a la Justicia; a propósito -entre otras cosas- de las profundas modificaciones que sufrirá si es reformada la Corte.

El proyecto tiene la firma de todos los bloques, desde el peronismo hasta el radicalismo, pasando por el Partido Verde y el PD. Eso implica un apoyo transversal que podría ser decisivo para su creación. En la UCR, sin embargo, algunos de los más cercanos al ex gobernador Alfredo Cornejo le pusieron paños fríos al asunto y adujeron que no es una prioridad para ese sector ni tampoco para la Casa de las Leyes. Eso, a pesar de que la propuesta lleva la firma de la "China", Cecilia Rodríguez; diputada y presidenta del bloque. Habrá que esperar, pero no es claro que salga este año.

El pliego propone que las iniciativas relacionadas a lo judicial pasen por ese órgano. Menciona que podría evaluar las reformas implementadas hasta el momento (como las Oficinas de Conciliación Laboral y los juicios por jurado), además de servir para monitorear cómo funcionan futuros cambios. Entre ellos, las propias modificaciones a la Corte, y las distintas estrategias que se cranean en el Ejecutivo. Una de ellas, por ejemplo, es ampliar los jurados populares y que resuelvan también causas como los abusos sexuales con acceso carnal.

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La penúltima foto. Después de días de conflicto, la Corte casi en pleno y referentes del oficialismo se tomaron esta imagen conciliadora. Metros más allá, el peronismo registró una similar y celebró haber sido parte del diálogo.

La penúltima foto. Después de días de conflicto, la Corte casi en pleno y referentes del oficialismo se tomaron esta imagen conciliadora. Metros más allá, el peronismo registró una similar y celebró haber sido parte del diálogo.

Sería una instancia paralela a la Bicameral de Seguridad y a la comisión de Asuntos Constitucionales; con estudios específicos y seguimientos de los instrumentos que utiliza la Justicia. Para muchos de los que firmaron, es llamativo que haya reticencia; pero a pesar del consenso previo que el PRO cosechó en los últimos días, hay legisladores cercanos al Gobierno que ratificaron ante nuestra consulta no ver la iniciativa con buenos ojos, y mucho menos con perspectivas de que se materialice pronto.

Por ahora, la idea quedará entre los engranajes parlamentarios de la provincia; con mucha gente esperando a que no se aplace de manera indefinida como le pasó a tantas otras. En el medio, lo que es casi una certeza es que, tras semanas de mucha tensión y de hiperactividad legislativa, el miércoles quedará por fin aprobada la reforma judicial y lista para su aterrizaje en el Senado.

Es un avance clave, pero como lo enuncian todos los frentes de conflicto vertidos en esta nota, el horizonte no asoma completamente despejado.

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