La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, aseguró que el Gobierno nacional “está haciendo todo lo posible para demorar” el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Mientras se estira la definición judicial, advirtió que las casas de estudio siguen funcionando “como pueden”, con recursos limitados y salarios atrasados.
La rectora de la UNCuyo afirmó que el gobierno demora la ley mientras avanza el desfinanciamiento
Esther Sanchez manifestó que los problemas crecen, la universidad pierde docentes formados y que si es necesario van a a volver a apelar al apoyo social

La rectora de la UNCuyo aseguró que, con maniobras judiciales, el gobierno nacional demora la aplicación de la ley de financiamiento.
En ese contexto, la titular de la universidad mendocina planteó que la situación es cada vez más delicada. Habló de pérdida de docentes, recorte total en fondos para extensión y un sistema que se sostiene, sobre todo, por el compromiso del personal. Si no hay respuestas en las próximas semanas, no descartan volver a convocar a una movilización nacional.
Ganar tiempo para no cumplir con la ley de financiamiento
Sánchez fue directa al referirse a la decisión del gobierno nacional de llevar el tema a la Justicia. Según explicó, se trata de una maniobra para estirar los plazos y evitar cumplir con una ley que ya fue aprobada por el Congreso en dos oportunidades, incluso después de haber sido vetada.
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“El Gobierno está haciendo todo lo posible para demorar el cumplimiento”, dijo. Y detalló que el recurso presentado inicia un camino judicial que puede durar meses: primero pasa por la Cámara Federal, luego podría llegar a la Corte Suprema, y cada paso implica nuevos tiempos de espera.
Mientras tanto, la obligación de cumplir con la ley sigue vigente y debe cumplirse.
En particular, Sánchez remarcó que los artículos que establecen la actualización de salarios y becas deberían aplicarse desde el momento en que el Ejecutivo fue notificado del fallo judicial. Sin embargo, eso no es lo que está ocurriendo.
Por su parte, el CIN -Consejo Interuniversitario Nacional- también tomó sus medidas. Esta semana presentó un “incidente de ejecución” para denunciar el incumplimiento y exigir que se haga efectiva la medida cautelar.
En los hechos, se trata de un reclamo directo a la Justicia para que obligue al Estado a cumplir.
Pero más allá de lo legal, la rectora puso el foco en lo político. “Esto es una demanda social y un deber político”, señaló. Y dejó entrever que, ante la falta de respuestas, el camino vuelve a ser el de la protesta pública.
La UNCuyo confía en el apoyo social
En esa línea, esta semana las universidades realizaron una medida de fuerza bajo la consigna “las universidades no se apagan”. Durante 24 horas, mostraron puertas adentro y hacia afuera todas sus actividades: clases, investigación, extensión, cultura.
La idea fue clara: mostrar que el sistema sigue en pie, pero también advertir que ese funcionamiento tiene un límite.
“Seguimos trabajando, seguimos vivos, pero si esto continúa así, en algún momento nos vamos a apagar”, planteó Sánchez, al tiempo que explicó que si la UNCuyo se sigue sosteniendo, es, en gran parte, por el esfuerzo de docentes y no docentes que continúan trabajando con salarios pisados desde hace años.
De cara a lo que viene, la rectora de la UNCuyo anticipó que si no hay avances en mayo, el sistema universitario podría volver a convocar a una movilización nacional. Esa decisión, aclaró, se toma de manera conjunta a través del CIN, que articula las acciones entre todas las universidades públicas del país.
“Lo único que nos queda es apelar a la sociedad”, resumió.
Docentes que se van y áreas sin financiamiento
El impacto de la crisis ya se siente en distintos frentes. Uno de los más preocupantes es la pérdida de docentes e investigadores. Sánchez confirmó que hay profesionales que están dejando de pertenecer a la universidad, en muchos casos atraídos por mejores condiciones en el sector privado o en el exterior.
El dato más contundente en cuanto a pérdida de docentes es el del Instituto Balseiro, donde ya renunció más del 20% de la planta de profesores investigadores. “Son profesionales muy demandados”, explicó, y advirtió que la universidad pierde perfiles con años de formación y experiencia.
En Mendoza, dijo que también está ocurriendo este fenómeno y que la pérdida de los educadores, muchos de ellos formados en el seno de la misma UNCuyo es invaluable.
Extensión universitaria sin financiamiento
A esto se suma otro punto crítico: la falta total de financiamiento para extensión universitaria. Según la rectora, el presupuesto nacional destinado a esta área es directamente cero.
La extensión incluye todas las actividades que vinculan a la universidad con la sociedad: proyectos territoriales, culturales, educativos y de transferencia de conocimiento. Sin esos fondos, muchas iniciativas se sostienen con recursos propios o directamente no pueden realizarse.
“Ha sido una tarea heroica”, describió Sánchez, al referirse al esfuerzo del personal para mantener en marcha esas actividades.
En investigación, el panorama también es complejo. Las universidades buscan financiamiento externo, pero eso solo alcanza para algunos proyectos. El resto queda sin respaldo, lo que limita el desarrollo científico.
En ese escenario, el sistema universitario se mueve entre la incertidumbre judicial, la presión política y la necesidad de sostener su funcionamiento cotidiano. “Es un día a día”, dijo la rectora.
Por ahora, todo depende de cómo avance la causa en la Justicia y de si el Gobierno decide cumplir con la ley. Mientras tanto, las universidades siguen abiertas, pero con una advertencia cada vez más explícita.