La Ley de Extinción de Dominio fue reformada para que los bienes obtenidos por el Estado en juicios vinculados a la corrupción pasen directamente a las escuelas estatales. La reforma -que obtuvo sanción definitiva del Senado provincial- altera el artículo 210 del Código Procesal Civil y busca agilizar la recuperación de activos ilícitos, enfocándose en beneficiar a niños y niñas.
Ley de Extinción de Dominio
La Legislatura aprobó que los bienes recuperados en causas de corrupción vayan a las escuelas
La modificación de la Ley de Extinción de Dominio que había presentado el ministro de Educación Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, tuvo sanción definitiva este martes
El Senado local le dio sanción definitiva a la norma. Imagen ilustrativa.
La medida está enmarcada en la Ley 9.151 y ahora sólo resta que sea promulgada oficialmente por el Gobierno provincial.
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Una bandera del Ejecutivo
Durante la sesión del Senado, se aprobó por unanimidad el proyecto de modificación del Régimen Procesal de la acción civil de Extinción de Dominio, presentado a principios de año por el Poder Ejecutivo y enarbolado por el ministro de Educación Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, en sus últimas visitas a la Casa de las Leyes.
Esta iniciativa tiene como objetivo brindar una herramienta al juez a cargo del proceso para permitir la entrega directa de bienes provenientes de delitos de corrupción a la Dirección General de Escuelas (DGE).
En el recinto de sesiones fue el senador Walther Marcolini (UCR), presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, quien explicó los alcances del proyecto. Destacó la importancia de esta medida para recuperar bienes adquiridos ilícitamente, especialmente los vinculados a delitos de corrupción, y destinarlos al beneficio de instituciones educativas estatales.
Por su parte, la senadora Mariana Zlobec (UCR) enfatizó la relevancia de esta modificación para combatir la corrupción y mejorar la calidad educativa en la Provincia. Destacó el trabajo de la DGE y resaltó el impacto positivo que tendría destinar los bienes recuperados a fondos para la educación.
Sin embargo, la senadora Adriana Cano (PJ) expresó algunas reservas sobre la propuesta y argumentó que deberían asignarse más recursos del presupuesto general a la mejora del sistema educativo en lugar de depender únicamente de herramientas parciales como la modificación en la ley de extinción de dominio.
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La reforma propuesta implica alterar el inciso IX, apartado f) del Artículo 210 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia, Ley Nº 9001.
Este cambio permitirá que, en caso de que el remate de los bienes resulte manifiestamente antieconómico o fracase por falta de oferentes u otros motivos, el juez pueda disponer la entrega directa de los bienes a la Dirección General de Escuelas, quien informará al Tribunal sobre el destino final de cada uno de los bienes referidos en un plazo de noventa días hábiles.
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