La ex esposa de Luis Lobos analiza la posibilidad de declararse culpable en juicio abreviado por el delito de enriquecimiento ilícito al igual que el ex intendente peronista de Guaymallén.
La ex esposa de Luis Lobos analiza la posibilidad de declararse culpable en juicio abreviado por el delito de enriquecimiento ilícito al igual que el ex intendente peronista de Guaymallén.
Claudia Sgró, quien cumple condena firme por fraude en el caso de los empleados truchos de la Municipalidad de Guaymallén, está alojada junto con Lobos en el sistema penitenciario provincial.
El Tribunal Penal Colegiado 2 tiene previsto juzgarlos por enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública a partir del 15 de diciembre.
Él, además deberá enfrentar cargos por fraude a la administración pública junto al ex funcionario Federico Sampieri y el empresario Héctor Núñez, de Wanka SA.
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Los abogados defensores de Luis Lobos y Claudia Sgró negocian con la Unidad Fiscal de Delitos Económicos admitir, a cambio de una pena de prisión baja, que son culpables de haberse enriquecido cuando estaban al frente de la Municipalidad de Guaymallén.
Pero no solamente el monto de la pena de prisión está en juego: los defensores ofrecen que la Justicia de Mendoza pueda dejar en firme la sentencia del juicio de extinción de dominio contra Lobos-Sgró que en 2021 estableció que los bienes muebles e inmuebles del ex matrimonio debe ser rematados bajo sospechas de haber sido adquiridos con fruto de la corrupción.
Esta parte de la negociación atrae a autoridades judiciales y políticas ya que, en caso de acceder a juicio abreviado, Lobos y Sgró sumarían años de condena a los que hoy cumplen en el sistema penitenciario y Mendoza contaría, como primer antecedente en el país, con una sentencia firme en un caso de extinción de dominio de bienes.
La semana próxima se definirá si Lobos y Sgró aceptan juicio abreviado con el aval indispensable de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
De ser así, ambos sumarán más años de condena y la Justicia quedará en condiciones de llevar a subasta pública los bienes muebles e inmuebles confiscados para, finalmente, según la ley de extinción de dominio, destinar la recaudación a mejoras de obras públicas, como escuelas.
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