El proyecto para modificar el Estatuto del Empleado Público, que ya tiene media sanción de Diputados, desató una fuerte polémica en el Senado de Mendoza. El oficialismo buscaba avanzar esta semana con la discusión en el Senado, pero la presión de la oposición y de los sindicatos postergó la definición.
La discusión por la nueva ley de empleados públicos se complicó y demora su tratamiento en el Senado
Si bien el oficialismo tiene los votos, decidió escuchar a la oposición, que pidió citar a los gremios. Este miércoles hubo protestas en Legislatura
Un plenario de tres comisiones recibió a los gremios este miércoles en el Senado.
El punto más conflictivo es la incorporación de la figura del “empleado interino”, que según el peronismo abre la puerta a contrataciones "a dedo". Según la presidenta del bloque del PJ, Adriana Cano, este punto contradice el compromiso asumido por Alfredo Cornejo de garantizar ingresos al Estado únicamente a través de concursos.
El pedido del peronismo y la estrategia oficialista
Cano sostuvo que la reforma “habilita discrecionalidades” y pidió más tiempo para escuchar la voz de los gremios, que no habían tenido participación en el tratamiento de Diputados.
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El oficialismo, que cuenta con los votos para aprobar el proyecto de ley, aceptó abrir el juego en comisiones. La senadora Natacha Eisenchlas (UCR) explicó que la intención es que el proyecto salga con una mayoría amplia y no sólo con la fuerza numérica de Cambia Mendoza. Por eso, se habilitó un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto y Trabajo.
Una votación que podría definirse por un voto
El escenario legislativo en el Senado ajustado: podría haber 19 votos a favor y 19 en contra. En ese caso, el desempate quedaría en manos de la vicegobernadora Hebe Casado, lo que prácticamente asegura la aprobación de la iniciativa.
Sin embargo, el costo político puede ser alto. Los gremios ya se movilizaron este miércoles y anticiparon más medidas de fuerza si la ley avanza.
El rechazo sindical
En la reunión ampliada de comisiones participaron representantes de ATE, UPCN, AMPROS, Judiciales, APEL, APOC, CTA Autónoma y también del Partido Obrero. Todos coincidieron en rechazar la reforma y acusaron al Gobierno de buscar un esquema que recorta derechos y aumenta la discrecionalidad en las designaciones.
Roberto Macho, secretario general de ATE, fue uno de los más duros: aseguró que el Ejecutivo pretende crear 300 cargos de funcionarios “fuera de nivel”, con sueldos superiores a los 5 millones de pesos, atados al salario del gobernador. El secretario gremial de ATE adviritió también que con esta ley se vulneran no sólo los derechos de los trabajadores, sino también la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Qué pasará en el Senado
Según adelantó Cano, el proyecto no se tratará en la sesión de la próxima semana, sino que seguirá en comisiones hasta que se logre consensuar un despacho. La participación de sindicatos ya se cerró y no habrá nuevas invitaciones a exponer.
Mientras tanto, el clima en la calle empieza a calentar la discusión: los gremios aseguran que, si la reforma avanza, se abrirá un escenario de fuerte conflictividad laboral en toda la administración pública provincial.
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