Infraestructura escolar

La DGE acordó con seis municipios obras escolares que deberán ejecutar con fondos coparticipables

La DGE firmó convenios con Las Heras, Junín, San Martín, Tupungato, Godoy Cruz y Rivadavia

En medio de la paralización de programas de financiamiento nacional para la construcción de edificios escolares, la Dirección General de Escuelas (DGE) logró acordar con seis municipios un listado de proyectos prioritarios que se ejecutan a partir de fondos que envía la Nación y se coparticipan a las comunas, enmarcados en la Ley de Financiamiento Educativo.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, coordinó acciones con los intendentes de Las Heras, Junín, San Martín, Tupungato, Godoy Cruz y Rivadavia.

En total, el gobierno nacional coparticipa unos 32.700 millones de pesos, que después Mendoza distribuye a los municipios y estos están obligados a ejecutarlos en infraestructura escolar.

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Raúl Rufeil, intendente de San Martín junto al ministro Tadeo García Zalazar.

Raúl Rufeil, intendente de San Martín junto al ministro Tadeo García Zalazar.

El último en sellar el acuerdo fue el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, con la firma del convenio que ratifica el destino de las partidas para la culminación de los trabajos en una escuela de oficios que podrían finalizar para el segundo semestre del 2024.

En el encuentro, el ministro analizó que “que es importante ratificar los compromisos en inversión educativa” y agregó que esta obra, que ya está en su segunda etapa, será modelo para la región.

Además, García Zalazar señaló: “Buscamos modelos flexibles que cumplan con la demanda de oficios de cada zona y cada región con una mirada federal. Este convenio es muy bueno, ratifica el rumbo de la inversión educativa y le da una territorialidad importante”.

Rufeil indicó que con la concreción del proyecto, “los adultos y jóvenes del departamento van a contar con las herramientas educativas para insertarse en el mundo laboral con el apoyo de la DGE".

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Godoy Cruz también firmó el convenio para obras escolares

Por otro lado, García Zalazar coordinó con el intendente Diego Costarelli la finalidad que Godoy Cruz les dará a los fondos que la Provincia coparticipa entre los municipios.

Godoy Cruz realizará diversas labores de mantenimiento y refacción, como instalaciones sanitarias (agua y cloacas), reposición de vidrios, mantenimiento instalaciones de gas y eléctricas, cubierta de techos, cerramientos, mantenimientos edilicios (menores), limpieza de tanques, pintura y desmalezado y desinsectación, entre otros trabajos.

En el caso del municipio de Tupungato, su intendente Gustavo Aguilera adelantó que se está trabajando en proyectos de inserción laboral de los jóvenes y la comuna hará un relevamiento en instituciones educativas para determinar cómo utilizará los fondos. Como resultado de esta tarea, se construirán nuevas aulas y se ampliarán espacios, según lo anunciado.

Por su parte, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, también trabó un convenio para la inserción sociolaboral de los alumnos lasherinos con actividades extracurriculares y obras de infraestructura para el deporte.

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El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, acordó obras de infraestructura escolar con el ministro Tadeo García Zalazar.

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, acordó obras de infraestructura escolar con el ministro Tadeo García Zalazar.

Un municipio opositor también consensuó obras

De las seis comunas que ya coordinaron el destino de los fondos a obras escolares, el único opositor hasta el momento fue el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur.

Fuentes de la cartera de Tadeo García Zalazar indicaron que está previsto que el ministro se reúna con todos los jefes comunales opositores que "hasta ahora no se pudo concretar por temas de agenda".

Y puntualizaron: "La intención de cada una de estas reuniones es que realmente el dinero vaya a obras de alto impacto para la sociedad".

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Rendir cuentas de los fondos para infraestructura educativa

Desde el 2022, durante la gestión de José Thomas en la cartera de Educación, se inició un control de la batería de trabajos o el destino de los fondos que se coparticipaban y que tenían un destino específico, de acuerdo con la Ley de Financiamiento Educativo N°20.075.

El detalle de lo actuado y la firma de los convenios específicos generó enojos y polémicas en aquel momento. Algunos intendentes, incluso, cuestionaron que muchas veces se hacían cargo de funciones que no les correspondía.