Según pudo saber Diario UNO, en ese camino se encuentra actualmente la firma norteamericana. Esa renegociación es clave y asoma como la última oportunidad que tiene IMPSA de poder seguir adelante. La otra opción… es la quiebra, justamente lo que se quiere evitar, al menos desde Mendoza.
Los principales acreedores son el Grupo Moneda, que tiene en el directorio al economista chileno José Luis Daza, hoy segundo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía; el Banco Nación Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La deuda y la continuidad de los contratos de IMPSA, las claves para que se concrete la venta
Los 27 millones de dólares que ofertó la estadounidense ARC Energy –con la razón social Industrial Acquisition Find- para capitalizar IMPSA sonaron a poco tanto en Mendoza como en Nación. Sin embargo, como fue la única empresa que mostró real interés, sus antecedentes son positivos y tiene conexión con el Gobierno de Estados Unidos, el proceso siguió su curso.
Ese camino hoy está algo estancado, aunque hay quienes son optimistas y creen que en los primeros días de diciembre podría haber novedades.
Hay tres puntos importantes en los que los estadounidenses hoy están enfocados: el más clave es el que tiene que ver con la reestructuración de la deuda.
El monto aproximado del pasivo es de 550 millones de dólares y, entre otros, los acreedores son el Grupo Moneda, el Banco Nación, el BICE y el BID. Las cartas están sobre la mesa. Los inversores estadounidenses ya les presentaron una propuesta y su plan de negocios y esperan con ello convencerlos de patear la deuda hacia adelante.
Claro, lo que dicen por lo bajo los que saben es que es eso o la quiebra de IMPSA, lo que en Mendoza preocupa no solo al Gobierno sino también a los 700 empleados y a los empresarios metalúrgicos de la provincia.
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Otro de los puntos clave es la renegociación de algunos contratos vigentes de obra que tiene IMPSA. En marcha están por ejemplo las turbinas para la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, en Corrientes; y el reactor desulfurizador para la modernización de la refinería de Luján de Cuyo de YPF.
Mientras que también es clave llevar adelante una negociación con la empresa estatal eléctrica venezolana Corpoelec, con la que según el último balance de IMPSA, la firma argentina tiene el 94,95% del saldo de créditos por ventas.
Esa firma venezolana es una operadora estatal encargada de la realización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica de propiedad del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; lo que deja en una posición complicada a los posibles capitalizadores de IMPSA.
¿Por qué? Porque son accionistas estadounidense y las empresas y los ciudadanos norteamericanos tienen prohibido hacer negocios con aquel país, salvo que la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la agencia del Tesoro de Estados Unidos, los autorice a ello.
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Entonces, en el caso de que la “privatización” llegue a buen puerto e IMPSA pase a manos estadounidenses, los nuevos dueños deberán comenzar un proceso legal en su país, antes de tomar contacto con la eléctrica estatal venezolana y negociar el pago de sus deudas.
