Las 12.30 era la hora señalada. En el cuarto piso de los Tribunales, los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador y jefe del Ministerio Público Fiscal y el gremio Judiciales se vieron las caras casi tres meses después de iniciado uno de los conflictos salariales y políticos más ásperos y extensos que se recuerden en Mendoza, con paros de empleados y funcionarios, una paritaria cerrada, un aumento por decreto y el servicio de justicia resentido en todos los fueros.
La cúpula del Poder Judicial llamó a plenario para reunirse con Judiciales a mediodía
El gremio Judiciales acudió a la reunión con la Corte y el Ministerio Público en los Tribunales para hacer dos planteos concretos, tras haber levantado el acampe
Acerca de quiénes tomaron la iniciativa de reunirse existen, una vez más, posturas contradictorias: la Corte asegura que fue a pedido del gremio que conduce Ricardo Babillón; pero el dirigente sostiene que fue convocado por la Corte y para que se concretara debían desarmar el acampe montado a pocos metros de los despachos de los supremos.
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¿Expectativas de solución concreta e inmediata para el conflicto? Escasísimas. Y en eso sí coinciden las partes. Por diversas razones. Entre otras, que ni la Corte ni el Ministerio Público Fiscal tienen la potestad de resolver sobre aumentos salariales y/o pagos de ítem reclamados, ya que eso es resorte del Poder Ejecutivo, que maneja la plata y resuelve en paritarias.
Acaso sí se pueda avanzar en dos pretensiones de los Judiciales: que la Corte deje sin efecto el descuento que practicó a más de 1600 empleados y funcionarios por el día de paro del martes 30 de abril y que comience a ocuparse de los temas salariales, al menos desde lo previo a la paritaria con el Ejecutivo.
Los Judiciales llegan a la mesa de los supremos con una convicción: continuar con el paro hasta el viernes 31 de mayo porque del encuentro de hoy es casi imposible que surjan las soluciones que pretenden.
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Cara a cara: la Corte, el Ministerio Público y Judiciales
Acerca de la reunión de este jueves, sorprendió el supremo José Valerio el miércoles a la noche cuando dijo al programa Séptimo Día, de Canal 7, que no estaba enterado y que no había sido convocado. Se descontaba que finalmente sería parte del pleno que -junto a Dalmiro Garay, Pedro Llorente, Teresa Day, Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo- recibiría a Babillón y equipo.
¿Qué harán la Corte y el Ministerio Público Fiscal? En principio, escuchar al gremio.
Algo así ocurrió el miércoles al mediodía, cuando el presidente Garay recibió a Marcelo Fekonja, del gremio de los funcionarios judiciales, y quedaron en volver a conversar teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos.
Los funcionarios tienen marcado con asterisco un pendiente que sí es de competencia exclusiva de la Corte y de la Procuración: la demorada resolución de la causa por la llamada Cláusula C, donde reclaman que sus sueldos se reajusten cada vez que los sueldos de los magistrados mendocinos se aumentan con cada mejora de los salarios de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
Sigue trabado ese expediente, que en noviembre último -cuando Garay asumió la segunda presidencia de la Corte- estaba a punto de tener sentencia. Deberá llevar la firma de cada uno de los 7 supremos. Más allá de ser una decisión jurídica, el retardo y el desenlace tienen mucho que ver con el impacto político y financiero que podía desencadenar en caso de ser favorable a los funcionarios.
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