Podría votarse este miércoles

Jueces de la Corte debatieron la reforma judicial y no hubo acuerdo sobre el proyecto

Los supremos Palermo, Adaro y Garay brindaron sus posturas sobre la norma que impulsa el Ejecutivo y hasta hubo puntos de consenso para eliminar el "forum shopping". Sin embargo, desde el "ala peronista" calificaron la ley de antidemocrática, y la oposición pidió más tiempo. Podría votarse este miércoles

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Legislatura discutió la reforma en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia este martes, y lo hizo aguardando dos posturas, en parte, contrapuestas: la propuesta alternativa de jueces que pertenecen al "ala peronista" Omar Palermo y Mario Adaro; y también la visión del presidente del tribunal, Dalmiro Garay.

Garay fue el encargado de cerrar el encuentro y lo hizo en soledad, porque estaba estipulado que lo acompañase la también magistrada María Teresa Day, quien finalmente no asistió y envió un documento dirigido a los legisladores. El juez puntualizó datos que respaldan la distorsión en el reparto de causas contencioso administrativas, pero también explicó por qué este punto termina afectando la calidad de los fallos, según su opinión.

"Hoy el que viene a pedir Justicia, no encuentra una Justicia de calidad", afirmó en el inicio de su alocución. "Tanto la elección de salas, que existe, como la distribución de los casos por materias, han demorado a la salida de sentencias. Eso también es una pérdida cualitativa. Y no es hegemonía ni es una serie de posiciones doctrinarias; es algo que tiene que ver con la carga dispar del trabajo", lanzó.

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Adaro manifestó que el diálogo en la Corte había fracasado y que por eso no pudieron establecer un proyecto de consenso. Estuvieron de acuerdo en la necesidad de modificar cómo funciona el máximo tribunal.

Adaro manifestó que el diálogo en la Corte había fracasado y que por eso no pudieron establecer un proyecto de consenso. Estuvieron de acuerdo en la necesidad de modificar cómo funciona el máximo tribunal.

Antes, hubo cierto consenso en torno a dos puntos importantes del proyecto, y vino de la mano de los magistrados Adaro y Palermo, quienes se manifestaron a favor de que se imponga una colegiatura de jueces (punto esencial de la norma); aunque sólo restringido a las causas del ámbito contencioso administrativo. Es decir, eliminando toda chance de que eso avance sobre los fueros penal y laboral, y de que se aplique en cualquier causa que aterrice en lo alto de la Justicia mendocina.

El otro punto en el que acordaron, y que sorprendió a algunos de los senadores y diputados presentes, fue la habilitación para que en las discusiones participen los siete jueces y no seis como es actualmente. Lo que implica este punto es sumar al presidente de la Corte (lugar hoy ocupado por Garay), aunque -nuevamente- sólo están de acuerdo si se circunscribe a discusiones contencioso administrativas.

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Por qué el "ala peronista" se mostró a favor de algunos cambios

El primero en esbozarlo fue el juez Adaro, especialista en derecho laboral y perteneciente a la Sala II. Dijo que, al ser sólo en ese ámbito (el contencioso administrativo) donde se da la presunta elección de salas, no habría necesidad de extender la reforma a otros ámbitos jurídicos. Sí estuvieron de acuerdo en que hay "forum shopping", tal como denuncia el oficialismo, pero no dieron el brazo a torcer sobre las especialidades. En ese punto, tanto Garay como el juez Valerio aseguraron que, en la práctica, no las hay en Mendoza. A esa visión se sumaron algunos funcionarios judiciales y legisladores oficialistas.

"Si quieren probar el sorteo, estamos de acuerdo en hacerlo para causas originarias. Ahí puede que sirva, porque no hay nada más; es decir, debe generarse toda la prueba y todo el material que trataremos posterioremente. Pero en las salas en las que llegan recursos, tenemos que mantener la especialidad por completo. Es esa especialidad la que garantiza seguridad jurídica, calidad en los fallos y la celeridad que está reclamando la ciudadanía", dijo Adaro.

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La previa al encuentro. José Ramón, Mario Adaro, Marcelo Rubio y Germán Gómez discuten en la puerta del recinto.

La previa al encuentro. José Ramón, Mario Adaro, Marcelo Rubio y Germán Gómez discuten en la puerta del recinto.

Precisamente, en torno a que cada causa se sortee, el juez Adaro manifestó que la cantidad de posibles salas (obtenidas a través de la estadística y de la multiplicación de las potenciales combinaciones) sería de 840. La cantidad tan elevada de conformaciones que podrían darse (sobre todo, comparada con las tres actuales) fue calificada por ambos juristas como la causa de un "desorden jurisprudencial".

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La reforma puede votarse mañana

Ahora, el encuentro tendrá otro punto destacable. Será post cuando los trece miembros de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales deliberen si esta norma obtiene dictamen o no. Recibir ese despacho parlamentario le permitiría al oficialismo estar votándola en menos de 24 horas.

En la Cámara Baja, Cambia Mendoza tiene el "poroteo" encaminado para obtener media sanción, aunque mantiene la mira puesta en lo que ocurra con sus filas internas -por algunos indecisos- y, más que nada, en la discusión con el PRO. Los aliados que están bajo la órbita política del diputado Omar De Marchi afirman tener algunos reparos por la celeridad con que se viene tratando el proyecto, y de hecho trascendió que votaría en contra del despacho, lo que no augura algunas fricciones en la Legislatura.

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Los juristas y ex jueces supremos Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde expresaron sus posturas a mediados de mes. También estuvo el ex gobernador Arturo Lafalla.

Los juristas y ex jueces supremos Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde expresaron sus posturas a mediados de mes. También estuvo el ex gobernador Arturo Lafalla.

En cuanto a la oposición, es conocida la mirada negativa del peronismo en torno a la propuesta. Hasta este momento han presentado un puñado de críticas, cuyo ejes centrales son la pérdida de especialización que sufriría el tribunal si es que se eliminan las salas; la nueva tipificación de casos que irían a falos plenos o a discusiones plenarias (porque ahí, según dicen, el oficialismo tiene un "4 a 3"); y, sobre todo, el hecho de que se haya discutido durante menos de 15 días y con sólo dos encuentros en comisiones.

El juez Garay coincidió con el oficialismo en que el cambio de la mecánica actual por las colegiaturas no mellaría la calidad de las sentencias. Lo graficó puntualizando -como ya se había hecho antes- las causas en las que, por ejemplo, un laboralista desempata un caso penal y viceversa; manifestó que cuando hay un nuevo miembro en la Corte, casi nunca reemplaza a alguien de su mismo perfil jurídico.

En esa posible defección estuvo el argumento principal del Frente de Todos. Más allá de esa postura contraria, el justicialismo coincidió (como lo hacen los calificados juristas que han opinado) en que hay una distorsión poco equitativa en el reparto de causas de lo contencioso administrativo. Ese punto sigue siendo el "quid" de la reforma, pero son sus ramificaciones y y demás cambios los que continúan generando rispideces y que por ahora no logran resolverse.

Ahora dependerá de trece diputados que el proyecto avance o que sus intenciones reformistas se diluyan.

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