Jimena Latorre cruzó a la oposición por Los Nihuiles: "Se ha pretendido confundir a la gente"

Ante este escenario, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, brindó una entrevista a Radio Nihuil y fue categórica respecto a las acusaciones.

Para la funcionaria, los cuestionamientos opositores carecen de rigor técnico y buscan generar un clima de sospecha infundado sobre un proceso que recién está dando sus primeros pasos.

El factor Neuss, la polémica por la adjudicación directa de Los Nihuiles

El núcleo del conflicto y de las suspicacias de la oposición tiene un nombre propio: el grupo Neuss. Este holding empresario se convirtió recientemente en el accionista mayoritario de CEMPPSA, la operadora de los complejos Potrerillos, Álvarez Condarco y El Carrizal.

Al vencerse la concesión de Los Nihuiles y frente a la necesidad de mantener el complejo funcionando, el Gobierno contrató de manera directa a CEMPPSA (grupo Neuss) para que se haga cargo de la operación transitoria.

Esta jugada rápida es lo que motivó los pedidos de informes y las acusaciones de falta de transparencia.

Sin embargo, Latorre justificó la medida explicando que se trató de una urgencia operativa. Según relató, los operadores anteriores (Pampa Energía) avisaron con muy pocos días de anticipación que no estaban en condiciones de seguir prestando esos servicios transitorios. Frente a esto, CEMPPSA fue la única firma local que aceptó tomar el mando operativo bajo las condiciones provinciales.

“De los tres operadores hidroeléctricos de la provincia (CEMPPSA, Hidroeléctrica Los Nihuiles e HIDISA), el único que aceptó fue CEMPPSA. Esto es necesario por seguridad: no se pueden apagar las presas o dejarlas sin protocolos para el manejo de compuertas ante fenómenos climáticos”, explicó la ministra.

La falta de informes, otro de los reclamos de la oposición

Uno de los principales reclamos del Bloque Fuerza Patria fue solicitar que se indiquen los motivos por los cuales el Ejecutivo omitió enviar los informes trimestrales obligatorios a la Legislatura. Frente a esto, Latorre aseguró que la acusación es falsa.

"Es bastante frustrante que para algunos la tarea legislativa se confunda con desinformar a la gente”, se quedó la ministra de Energía.

“Enviamos la información, la tienen a disposición y hasta pidieron acceso al expediente desde la semana pasada. No fue la idea que quedó después de la conferencia que dieron", disparó la funcionaria.

Además de negar la falta de información, la ministra aseguró que es imposible que el Gobierno esté "vendiendo" los bienes de la provincia (como afirman algunos sectores), ya que una enajenación de activos requeriría una ley específica aprobada por la Legislatura.

Lo que está en marcha es la conformación de una empresa estatal (que licitará la concesión de sus acciones).

“Los decretos emitidos por Provincia y Nación aprueban trabajar en un pliego de licitación común para tener un solo oferente integral. Ensuciar un proceso que recién inicia perjudica la llegada de grandes inversores que por cuestiones de compliance prefieren no entrar, dejando el terreno a los mismos jugadores de siempre”, expresó.

Por último, respecto a la incertidumbre sobre las fuentes de empleo de los actuales trabajadores (otro punto clave del pedido de informes), Latorre señaló que la criticada contratación temporal de CEMPPSA vino a resolver justamente esa necesidad. Al designar a esta firma, se logró absorber y mantener al personal jerárquico y operativo que ya venía trabajando en el lugar y que conoce a la perfección el funcionamiento de las centrales.

"No íbamos a contratar 15 gerentes por 6 meses para que recién adquieran la expertise", detalló la ministra.

Licitación por 30 años e inversión millonaria

Más allá de las controversias por la transición de 6 meses, el objetivo de fondo del gobernador Alfredo Cornejo es avanzar hacia una solución definitiva. Recientemente, el mandatario formalizó la toma de posesión del complejo tras el fin de la concesión original a Pampa Energía (Hinisa) y confirmó que se lanzará una licitación pública para operar el sistema por los próximos 30 años.

Esta licitación será impulsada de manera conjunta entre la Provincia y el Estado Nacional. Este esquema combinado responde a una cuestión de competencias: mientras Mendoza es la dueña de la infraestructura y tiene el derecho de uso del agua, la Nación es la autoridad encargada de otorgar la concesión para la generación de energía eléctrica.

El desafío para la empresa que resulte adjudicataria no será menor. Se calcula que el nuevo operador deberá realizar una fuerte inyección inicial de aproximadamente U$S200 millones de dólares. El foco principal de esta inversión será la puesta en marcha de las centrales Nihuil 2 y 3. Estas usinas, que son estratégicas para la red, se encuentran fuera de servicio y requieren una regeneración tecnológica profunda luego de que un aluvión en enero de 2025 dañara severamente sus turbinas y sistemas auxiliares.