La diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley para limitar el uso de las inhibiciones generales de bienes en los juicios de apremio en Mendoza, con el objetivo de garantizar mayor proporcionalidad y proteger los derechos de los contribuyentes.
Proyecto de ley
Griselda Petri busca acotar las inhibiciones que afectan propiedades, créditos y vehículos
La diputada Griselda Petri presentó un proyecto para que la medida sólo se aplique cuando no existan otras garantías para el cobro de deudas fiscales
La diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley para limitar el uso de las inhibiciones generales de bienes en los juicios de apremio en Mendoza.
La iniciativa propone modificar el artículo 250 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza para que la inhibición general de bienes sólo pueda dictarse cuando no existan otros bienes identificables que permitan garantizar el crédito fiscal o cuando medidas menos gravosas resulten insuficientes.
Según explicó la legisladora, la normativa vigente permite solicitar este tipo de medidas cautelares en cualquier momento, incluso antes del inicio formal del juicio de apremio, únicamente mediante la presentación del título ejecutivo.
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El proyecto apunta a evitar situaciones que, según sus fundamentos, pueden afectar la actividad económica y patrimonial de personas y pequeñas empresas por deudas de bajo monto.
Buscan priorizar medidas menos restrictivas
Griselda Petri sostuvo que el objetivo del Estado debe ser garantizar el cobro de las obligaciones tributarias sin generar consecuencias desproporcionadas para los contribuyentes.
“La finalidad del Estado debe ser cobrar lo que corresponde, no paralizar la vida económica de los mendocinos. Las medidas cautelares tienen que ser razonables y proporcionales”, expresó la diputada.
La propuesta incorpora además el principio de menor afectación posible sobre el patrimonio del deudor, priorizando embargos específicos sobre bienes determinados antes que restricciones generales sobre la totalidad de los activos.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, las inhibiciones generales pueden impedir la venta de inmuebles, el acceso a créditos, la transferencia de vehículos o el desarrollo de actividades comerciales, aun cuando existan otras herramientas para garantizar el cobro.
La iniciativa también toma en cuenta los avances en la digitalización de los sistemas judiciales y registrales de Mendoza, que facilitaron los trámites vinculados a la inscripción y levantamiento de medidas cautelares.
“Necesitamos un sistema tributario eficiente, pero también justo. El poder de cobro del Estado no puede transformarse en una herramienta que asfixia económicamente a quienes trabajan, producen e invierten en Mendoza”, concluyó Griselda Petri.
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