Alineado como pocos con la política de Javier Milei de reducir los gastos del Estado, en sus primeros 7 meses de gestión el gobernador Alfredo Cornejo ya disolvió 5 organismos que se nutrían exclusivamente de aportes estatales. Así cerró el canal Acequia y retiró los aportes estatales al Instituto de Desarrollo Comercial, al de Desarrollo Rural y reestructuró el de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios. Además, hace días le puso fin al combate aéreo de la lucha antigranizo, que hacía la empresa estatal AEMSA.
Recorte estatal
En 7 meses Cornejo disolvió 5 organismos para recortar gastos del Estado
Son el canal Acequia, el Instituto de Desarrollo Rural, el de Desarrollo Comercial y la empresa estatal AEMSA, que era la encargada de la lucha antigranizo
Alineado con la política de recorte de gastos del Estado, que marca el presidente Javier Milei, el gobernador Alfredo Cornejo ya disolvió 5 organismos que costeaba el Estado provincial.
Si bien no cuenta como privatización, el gobernador también puso su firma para desprenderse de las acciones que la provincia tiene de la empresa metalmecánica IMPSA. En esa decisión fue un actor de reparto, porque el protagonista principal fue el presidente Milei, pero acompañó la carta de intención de venta a la firma estadounidense ARC Energy , quien adelantó estar muy interesada en quedarse con las acciones estatales. Por esas acciones Mendoza puso en su momento 5 millones de dólares.
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El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, dio el primer paso en el camino de las privatizaciones. El 10 de abril, cuando presentaba el paquete fiscal en la Legislatura, adelantaba que el Estado pretendía "liquidar o enajenar los activos de Acequia". Traducido en criollo, decía que al Gobierno no le interesaba seguir sosteniendo ese canal televisivo que Mendoza había inaugurado 10 años antes y al que se le destinaban $460 millones anuales.
Dos semanas más tarde se despidió a una treintena de empleados y a mediados de junio se publicó en el Boletín Oficial que se subastarían todos los activos de la señal que funcionaba como un fideicomiso en el organigrama de Mendoza Fiduciaria.
El mismo destino tendrán, con algunas variaciones, los dos organismos que dependían del Ministerio de Producción que comanda Rodolfo Vargas Arizu. Se trata del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y el de Desarrollo Comercial (IDC).
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El argumento del Gobierno es que esos institutos, que hacen grandes aportes al sector productivo, se nutrían exclusivamente de fondos estatales, y que con la decisión de retirarse de la constitución de esas entidades, Mendoza se ahorraría $2 mil millones anuales en transferencias.
"Esos institutos funcionan como fundaciones en las que el Estado era un socio más, pero al final del mes el que ponía los fondos para los gastos corrientes era el Estado y con eso se pagaba el 95% de los sueldos de los empleados", justificaron desde Casa de Gobierno para explicar por qué decidieron retirarse de esas fundaciones de las que fueron parte por décadas.
La idea que tienen en el entorno de Cornejo es que a partir de ahora, cada cluster o cada sector acuerde con el Ministerio de Producción y pague en conjunto aquellos informes o estudios de campo que sean necesarios para el desarrollo del agro, la industria o el comercio.
"Por dar un ejemplo, el Estado necesita hacer estudios de cosecha de uva para definir determinadas políticas vitivinícolas y para eso contratará a los profesionales necesarios, pero si luego se hace imprescindible hacer un estudio puntual para el Valle de Uco, se hará en conjunto con la Sociedad Rural de ese valle y se costearán los gastos en conjunto", explicaron.
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El discutido fin del combate aéreo de la Lucha Antigranizo
El otro ahorro que ya descuenta Cornejo es el dinero que destinaba a la lucha antigranizo con aviones, que hasta hace días estaba abocada la empresa estatal AEMSA, creada por él mismo en su primera gestión, allá por 2017.
El ministro Rodolfo Vargas Arizu, explicó que la idea era sostener el área de radaristas para seguir brindando esa información a los productores.
Según aportaron desde el Gobierno, a ese combate aéreo del granizo se destinó el último año unos $ 10.500 millones. Esa decisión política levantó tal polvareda que hasta hubo intendentes oficialistas que salieron a tratar de calmar a los productores sureños que esgrimían que aun con los créditos para malla antigranizo que ofrece el Gobierno no llegarían a cubrir sus fincas y que era inminente el daño si no se contaba con la lucha aérea.
De hecho el mismo intendente alvearense, Alejandro Molero, propuso hacerse cargo de que ese combate aéreo siguiera funcionando en el sur provincial y convidó a su par de San Rafael, Omar Félix, a costear juntos el 50% de la potencia instalada de la empresa. Según sus cálculos, con sólo 6 pilotos bastaba para evitar el granizo en la temporada de mayor riesgo.
Sin embargo, el sanrafaelino ya rechazó esa propuesta y argumentó que a ese servicio de lucha antigranizo debía costearlo el Gobierno provincial y no las comunas.
Cómo funcionará el IDITS a partir de ahora
El caso del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) es distinto. A diferencia de los dos organismos anteriores, este se sostiene con la explotación del Puerto Seco, la zona primaria aduanera y depósito fiscal que funciona en Godoy Cruz.
Por tanto, según acotaron desde el Gobierno, la reestructuración no le modificará demasiado su actual funcionamiento.
Hay que recordar que ese Puerto Seco tiene una superficie de unas 12 hectáreas y que mensualmente pasan por allí unos 3.100 camiones, la mayoría dedicados al comercio exterior, que van y vienen por el corredor bioceánico central.
Cuántos sueldos dejó de pagar el Estado provincial
Con la decisión de que el Estado mendocino se desvinculara de estos organismos, cerrara Acequia y le diera de baja a la lucha antigranizo el Gobierno dejará de pagar algo así como 79 salarios, aunque no todos son de empleados públicos.
Por caso, con el cierre del canal estatal el fideicomiso de Mendoza Fiduciaria notificó a 30 empleados que desde mediados de abril quedaban desvinculados.
A ellos se suman otras 22 personas, de las cuales 14 se desempeñaban en el Instituto de Desarrollo Comercial, de cuya sociedad se retiró el Estado, y otras 8 que quedaron sin trabajo por la reestructuración del Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS).
En el caso del IDR, aún no está definido si habrá recortes y cuántos serían porque está pendiente una reunión especial del Consejo de Administración que se hará este miércoles
El número de desvinculaciones se completa con los 27 pilotos que le prestaban servicios a la empresa AEMSA, los cuales ya fueron indemnizados.