El Servicio Penitenciario reclamó más tecnología para evitar el uso de celulares en las cárceles
Eduardo Orellana, jefe del Servicio Penitenciario, aseguró que no alcanza con prohibir el uso de celulares en las cárceles y describió lo complejo del uso de inhibidores. Elogió el modelo chileno
En los últimos días se conoció que desde cárceles de Mendoza se cometieron estafas virtuales en Salta.
El recurrente problema del uso de teléfonos celulares en las cárceles, generalmente con fines delictivos, salió una vez más a la luz tras un operativo realizado en dos penales de Mendoza. Allí fueron hallados 21 aparatos (14 en una sola celda) y otros elementos relacionados con estafas virtuales realizadas desde nuestra provincia con víctimas en Salta.
Al respecto el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana insistió con que "es necesaria más tecnología para combatir esa tecnología. No se trata sólo de decir o escribir que no se pueden usar celulares en las cárceles".
Orellana confirmó en una nota con Radio Nihuil la realización de allanamientos en cárceles de Boulogne Sur Mer y Almafuerte a pedido de la justicia salteña.
Eduardo Orellana, director del Servicio de Penitenciario de Mendoza.
El funcionario contó que "por exhorto la justicia salteña le pidió al Juzgado de Garantías de Mendoza los allanamientos. La información llegó al área de Inteligencia del servicio y en coordinación con la Policía se hicieron los procedimientos. Así es que fueron secuestrados 7 celulares en Boulogne sur Mer y 14 en Almafuerte, más pendrives y tarjetas de memoria".
"Imposible que esa cantidad de celulares estuviese declarada cuando lo que se permite ingresar es uno por persona y por única vez. Los presos involucrados vana ser procesados y si la Justicia los encuentra culpables vana retroceder en el régimen de ejecución de la pena y se va a modificar el cumplimiento de sus condenas", explicó en entrevista con Radio Nihuil.
Orellana reflexionó: "No es la primera vez que lo decimos. Si bien hoy los celulares están autorizados porque se toma el criterio que se adoptó en pandemia por los posibles trastornos de salud, la proliferación de estos aparatos es claro que existe".
"El de los celulares ingresados en forma irregular es un problema de todas las cárceles de la Argentina. Con escribir o decir que no pueden estar, no alcanza. A la tecnología hay que combatirla con tecnología, no sólo con un deseo o con escribir una ley, que no es dato menor, claro. Pero ese mecanismo es evidente que no alcanza" "El de los celulares ingresados en forma irregular es un problema de todas las cárceles de la Argentina. Con escribir o decir que no pueden estar, no alcanza. A la tecnología hay que combatirla con tecnología, no sólo con un deseo o con escribir una ley, que no es dato menor, claro. Pero ese mecanismo es evidente que no alcanza"
El director repitió conceptos que ya ha manifestado en varias ocasiones: "La tenencia de celulares debe ser controlada de otra manera. Para mí el modelo chileno es el mejor: allí la ley establece que las mismas compañías de teléfonía tienen que inhibir los celulares de las cárceles".
Al ampliar el concepto repasó que "debe haber más control sobre la venta de tarjetas SIM. Es impresionante la cantidad de blísters que intentan ingresar a las cárceles. A veces los detectamos y a veces no".
Enseguida insistió con que "es un trabajo mucho más complejo que simplemente decir que no tiene que haber teléfonos en las cárceles. Usted imagínese lo que sería intentar inhibir las señales en San Felipe o en Boulogne Sur Mer: se afectaría al hospital Militar y al Lagomaggiore; y al Polo Judicial, es dificilísimo".
"Además -sumó- cómo se hace para inhibir el teléfono de un preso sin afectar al de un trabajador. En las cárceles trabajan médicos, psicólogos, docentes.... Por eso vuelvo sobre el modelo chileno que la da esa responsabilidad a las empresas de telefonía"
A modo de conclusión, Eduardo Orellan indicó: "Hay que inhibir los celulares en las cárceles. Hay que evitar que en las cárceles se inicien delitos o los presos sean parte de delitos. Pero hay que hacerlo con mucha tecnología y modificar leyes. No puede ser que haya venta indiscriminada de tarjetas SIM. Uno compra una y le piden mil datos y de repente cualquiera aparece con un blíster de 20 tarjetas entrando a la cárcel".
Mujeres estafadoras virtuales.jpg
Las tres mujeres detenidas en Mendoza fueron extraditadas a Salta.
Allanamientos en cárceles de Mendoza a pedido de la justicia de Salta
La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio, es quien lleva adelante la investigación por estafas virtuales en esa provincia y quien solicitó al Juzgado de Garantías de Mendoza el allanamiento de tres viviendas y cuatro celdas de los penales de Almafuerte y Bolougne sur Mer.
Tras el procedimiento resultaron detenidas tres mujeres, quienes fueron extraditadas a Salta el sábado 5 de agosto y alojadas en la Alcaidía General de la Ciudad tras el control de legalidad. En las próximas horas serán imputadas.
En los allanamientos en las viviendas fueron secuestrados teléfonos celulares, una camioneta traffic y plantas de marihuana.
A través de tareas de investigación se detectó que, mediante la modalidad conocida como vishing, un grupo de hombres alojados en las penitenciarías mendocinas estafaba a distintas personas. Los reclusos actuaban en complicidad con estas tres mujeres que operaban cuentas virtuales y recibían el dinero producto de las estafas telefónicas.
La investigación se inició luego de que una señora denunciara en abril último que, a través de Facebook, había contactado a una mujer para alquilar una vivienda en Salta. A través de la red social le brindaron el número de teléfono de contacto, al que llamó la víctima para conocer las condiciones de alquiler.
La damnificada se comunicó y uno de los detenidos en el penal simuló ser el encargado inmobiliario, enviándole fotografías a través de Whatsapp de la vivienda a alquilar y solicitándole que transfiriera distintos montos de dinero a cuentas bancarias para reservar la propiedad. La mujer así lo hizo para luego anoticiarse de que se trataba de una estafa.
Los reclusos actuaban en connivencia con las tres mujeres deportadas a Salta. Operaban cuentas virtuales y recibían el dinero producto de las estafas telefónicas y de redes sociales cometidas.
