En las cárceles de Mendoza el 54% de los presos tiene teléfonos celulares
El director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, destacó que han endurecido el ingreso y los controles pero que no se puede prohibir el uso del celular en las cárceles porque rige el decreto presidencial de emergencia por Covid-19
El 54% de los presos tienen teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza.
Este lunes hallaron 1.054 dosis de cocaína, 77 envoltorios con marihuana, 65 tarjetas SIM de celulares, cuatro teléfonos y una tablet en el penal Almafuerte, en Cacheuta. Luego de este operativo, resurgió la problemática de que la población tenga teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza.
El director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, aseguró que actualmente el 54% de los presos tiene teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza, pero aclaró que el porcentaje ha disminuido porque había llegado al 69%.
Orellana explicó que la población carcelaria en la provincia llega casi a 6.000 personas, entre presos estables y cambiantes. Añadió que este año solamente han dejado ingresar 387 celulares porque han endurecido los controles.
Por qué se permiten los celulares en las cárceles y cómo combatirlo
En diciembre pasado el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia pública en materia sanitaria a raíz de las consecuencias e impacto generados por la pandemia de la COVID-19. Producto de esa disposición, se continuó con la autorización del ingreso de celulares a las cárceles.
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El director general del Servicio Penitenciario de la provincia dijo que este año solamente han dejado ingresar 387 celulares en las cárceles de Mendoza.
El director general del Servicio Penitenciario de Mendoza dijo que al no haberse restablecido los derechos del régimen interno que le corresponde a las personas que han pedido la libertad -que sería una visita semanal- el atenuante del celular sigue vigente. Hoy las visitas son cada 15 días.
"Cuando termine esa restricción, el celular debería salir de la cárcel y a partir de ahí se podría trabajar si sigue, si se inhibe o no se inhibe, pero es una excepción que se está haciendo en estos momentos. La ley prohíbe el uso de teléfono", agregó al programa Mediodía por radio Nihuil.
Orellana dijo que la tecnología se combate con más tecnología e indudablemente con inteligencia. "La principal diferencia que hay entre el uso de telefonía celular en Mendoza y en otras provincias es que Mendoza mantuvo su aparato de inteligencia durante esta gestión, mientras todos los servicios penitenciarios las desmantelaron. Eso nos permite tratar de encontrar el equilibrio entre lo que se debe buscar a través de la cárcel, que es lograr que las personas que han cometido delitos busquen acciones positivas que les permiten reinsertarse, y después está la seguridad penitenciaria que tiene que evitar fugas o nuevos delitos cometidos desde cárcel", añadió.
El funcionario indicó que junto al procurador de la Corte, Alejandro Gullé, hicieron la propuesta de poner inhibidores de señales, pero se necesita una ley, un juez que lo autorice y un Servicio Penitenciario que lo haga cumplir.
Aclaró que debe existir el marco necesario para que aquellas personas que utilizan los teléfonos celulares para cometer nuevos delitos sean aisladas.
