El PRO lanzó su propio proyecto para cambiar la 7.722 y habilitar ácido sulfúrico en Mendoza
Es una iniciativa del diputado Gustavo Cairo, quien además apoya el proyecto de Ojeda al que Suarez le bajó el pulgar. Pretende habilitar el ácido sulfúrico para beneficiar proyectos de cobre y también modificar el ente que controla el agua en la provincia
Gustavo Cairo, el autor de la modificación que pretenden en el PRO para la ley ambiental.
El diputado provincial Gustavo Cairo (PRO) está terminando un proyecto de ley que reavivará el debate "minería sí -minería no" en la provincia. Tan sólo una semana después del que el intendente de Malargüe presentara su iniciativa para zonificar la actividad, desde las filas amarillas lanzaron una normativa para cambiar el primer artículo de la 7.722, eliminando la prohibición a "otras sustancias peligrosas", pero también habilitando el uso de ácido sulfúrico, que ha estado vedado por más de quince años. Además, busca hacer cambios en el ente que controla a AySam.
"El ácido sulfúrico es una sustancia clave para la provincia, se usa en bodegas y en muchas actividades más. Que se prohíba solamente en la minería es una cuestión parcial que tenemos que modificar", expresó el legislador a Diario UNO. Su intención es que, al cambiar la ley actual, se vean beneficiados todos los proyectos de cobre que tiene Mendoza y que requieren de esa sustancia para poder completar el tratamiento de extracción y separación del mineral.
En el medio está la faz política del problema: el propio gobernador Suarez le bajó el pulgar a Juan Manuel Ojeda a pesar de ser de su mismo color partidario, por entender que no estaban dadas las condiciones para avanzar con cambios a la normativa vigente. Cairo sabe esto, como sabe que hacia adentro de su partido también encontrará (o ya encontró) oposiciones. A eso, responde que ya lo ha "estado trabajando" con algunos de sus compañeros de bancada y que, al menos, debe darse el debate.
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Cairo (derecha) dijo estar trabajando "hacia adentro" para lograr el apoyo de más referentes del PRO.
Entre los argumentos que esgrimen, citan algunos detalles técnicos del proceso que se inició contra la constitucionalidad de la ley 7722. Allí dice que el ácido sulfúrico es utilizado -como remarca Cairo- en un amplio número de rubros e industrias, entre los que se destacan los fertilizantes, la refinación del petróleo y la fabricación de detergentes, entre otros. Los controles a su uso están regulados por la Ley General de Ambiente 25.675 de la provincia.
Elimina uno de los puntos más polémicos de la 7.772
Como anticipó la periodista Agustina Fiadino este miércoles en Canal Siete, otro de los puntos en la normativa que arma el PRO es eliminar parte del artículo 1 de la ley ambiental. Ese que reza que "se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos". La ambigüedad de "otras sustancias similares" ya fue señalada por la Corte Suprema en su último fallo - en noviembre de 2021-, afirmando que era inconstitucional la manera en que estaba planteado.
¿Qué busca Cairo entonces? Que ese dictamen particular del máximo tribunal se vea plasmado en una ley concreta y que rija para cualquier iniciativa parecida en la provincia. Según explicó, ese cambio traería seguridad jurídica para las inversiones, ya que pueden venir empresas que quieran utilizar distintas sustancias y no estén seguras de si se los permitirá la Justicia provincial.
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El fervor por la defensa de la ley 7.722 pobló las calles de manifestantes antimineros.
Foto: Martín Pravata
En su momento, la defensa de los sectores antimineros (en rigor, "antimineros" de la actividad metalífera y con materiales prohibidos) planteó que el artículo no estaba mal escrito y que era importante mantenerlo, porque sugería la imposibilidad de usar elementos "muy dañinos para la salud" como xantato y poliacrilamida (un polímero sintético que se aplica para recuperar la mayor cantidad posible del agua utilizada en separación). Sin embargo, con el aval de la Corte, sería difícil exponer un argumento jurídico contrario a ese cambio.
"Este es el último punto que estuvimos trabajando y para lo cual hubo que analizar finamente ese fallo, hasta ayer (domingo) estuvimos con esas tareas, pero creemos que, de acuerdo a lo que tenemos hasta el momento, el texto pueda presentarse esta semana", anticipó Cairo a Diario UNO.
Que la Declaración de Impacto Ambiental no vaya a la Legislatura
"Para los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la Declaración de Impacto Ambiental debe ser ratificada por ley". En estos dos renglones de la 7.722 reside otro de los ejes que el diputado intentará modificar. Según él, el paso de las declaraciones por la Legislatura termina siendo negativo, porque los representantes aprovechan para politizar un debate que debe ser técnico.
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Suarez ya le bajó el pulgar al proyecto de Ojeda para zonificar su departamento y hacer minería por fuera de la ley actual.
Allí es donde puede estar el aspecto más controvertido de su apuesta, porque la Casa de las Leyes es el espacio de expresión de la ciudadanía casi por excelencia, y consagrado en el carácter republicano de la división de poderes. Es precisamente donde se han librado las últimas batallas decisivas para la actividad minera en Mendoza. Para el titular de la bancada PRO en Diputados, es una instancia secundaria a los controles que realizan otros órganos previamente, ya que estos son -en su mirada- exhaustivos y sí tienen un bagaje académico y más formado al respecto.
"Todo lo que pasa por la Legislatura, viene antes de ser analizado por universidades y por asambleas del agua, entre otras entidades. Ahí, lamentablemente, cuando llega a las cámaras, muchos lo utilizan para hacer daño electoral. Es un bando político contra otro". Una de las posibilidades que se manejan en el PRO es proponer que la DIA pase a las comisiones de Ambiente, pero no necesariamente al pleno de los recintos.
Actualmente, la 7.722 habla de que el impacto ambiental debe haber pasado por informes municipales, del Departamento General de Irrigción y de otros organismos autárquicos - a los que el artículo en cuestión no especifica-. Sí se agrega más adelante que debe incluirse una manifestación concreta de cómo se afecta el agua, desarrollada conforme al artículo 30 de la ley 5961.
La UOCRA está a favor de la minería en Mendoza. El pasado jueves se manifestó para apoyar el proyecto de Ojeda.
Transformar el ente que controla el uso del agua
En torno al Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Cairo propuso que se modifique su composición y aseguró estar trabajando una pieza legal para que esa iniciativa se discuta en la Legislatura. Sin embargo, no confirmó que vaya a ser parte de este mismo proyecto que intentará ingresar por estos días.
"La intención es que el EPAS se transforme en una agencia ambiental. Que, con menos recursos de los que requiere actualmente, pueda estudiar y auditar toda actividad en Mendoza que tenga que ver o que pueda afectar en materia ambiental. Es algo en lo que nos enfocamos en el último tiempo y que, además, podría bajarle costos", aseguró.
Cairo estuvo en la mina Veladero, en San Juan, hace menos de tres semanas. De ahí retornó con estas intenciones de presentar normativas que cambien el horizonte minero de Mendoza para los próximos años. "Yo estoy en mis últimos meses de período legislativo. Quiero impulsar estas ideas a las que probablemente no me toque votar, pero que sí me gustaría ver en la mesa de debates", cerró.
