Buscarán votarla este año

El oficialismo estableció un cronograma para buscar nuevamente la reforma constitucional

Las presentaciones para destrabar el proyecto de Suarez comenzarán antes del próximo 17 de junio. Buscarán ir a las universidades, los departamentos alejados del Gran Mendoza y hasta se piensa en un encuentro amplio con varios disertantes sobre el tema. El Gobierno habla de cinco ejes de cambio

El Gobierno vuelve a la carga. Quieren que la reforma constitucional de Mendoza se vote en 2022, y para eso están apurando un cronograma de presentaciones ante distintos organismos. El senador Marcelo Rubio es uno de los que encabeza el avance del oficialismo, precisamente desde la comisión de Asuntos Constitucionales. Planean llevarlo al Consejo Económico y Social, a las cámaras empresarias y a ámbitos académicos. También respondieron a algunos dardos del PJ, que ya vaticinó su voto en contra en la Legislatura.

Este lunes, el bloque de Cambia Mendoza en la Cámara Alta mantuvo un encuentro especial. Si bien cada comienzo de semana hay reuniones para definir estrategias parlamentarias, ésta fue distinta, ya que sobre la mesa se puso este calendario y se reiteró la consulta de cómo reencauzar la modificación de la Carta Magna.

No hay un plazo establecido ni muchos detalles respecto a cuánto debería durar todo el proceso. Pero sí se sabe que la intención del frente es que se vote este año. Fundamentalmente, para -en caso de aprobarse- lanzar el referéndum constitucional en las elecciones del 2023. Eso quiere decir que Suarez y muchos de sus funcionarios habrán dejado atrás la gestión para cuando los hipotéticos resultados impacten en la provincia. En el espacio legislativo, en cambio, muchos permanecerán y hasta pueden ser parte de las instancias decisoras. Hoy se dedican a la fase previa, que es un calendario para instalar el tema en el debate público y político.

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Aún no resuelven si comenzarán esta misma semana o lo harán la próxima; pero fue estipulado que antes de mediados de mes ya estará lanzado recorrido de las presentaciones (debe recordarse que Suarez viaja a Canadá el próximo viernes y que regresaría después del 15). El CEAS (Consejo Económico, Ambiental y Social) es uno de los ámbitos a los que apuntarán, aunque también se habla aterrizar en los departamentos más alejados, con chances de sumar a los intendentes a las actividades planeadas. Además, volvieron a pensar en miembros de la sociedad civil (cámaras empresarias, sobre todo) y hasta se habla de un evento con distintos oradores -según confirmaron fuentes de la UCR a este diario-.

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El senador Marcelo Rubio encabeza la nueva avanzada de la UCR para destrabar la reforma. Preside el órgano de Legislación y Asuntos Constitucionales en la Cámara Alta.

El senador Marcelo Rubio encabeza la nueva avanzada de la UCR para destrabar la reforma. Preside el órgano de Legislación y Asuntos Constitucionales en la Cámara Alta.

La pata académica volverá a ser uno de los escenarios y está estipulado que se armen foros o debates en las universidades. En primera instancia, cuando fue el avance inicial del Gobierno sobre el tema, se hicieron distintas sesiones por videollamada (ocurrió en el peor momento de las restricciones por Covid, mediados del 2020) y allí participaron decanos de las facultades de Derecho, entre otros especialistas. Esas presencias podrían reeditarse e incluso sumar a más actores. Una de las propuestas recibidas en los últimos días también planteó la chance de llevar oradores a los colegios secundarios.

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Los pasos de la reforma constitucional

Una vez superada la etapa de presentación, el recorrido es el previsible en todo intento de reforma: el proyecto deberá ingresar en ambas cámaras y allí requerirá de dos tercios de las voluntades para no volver a naufragar (como pasó en intentos anteriores y como lo sufrió esta misma gestión, aunque en aquel caso decidieron esperar y no llevarlo al recinto, estimando que no tenía posibilidades). Eso significa que el oficialismo necesita de al menos 32 aprobaciones en Diputados y de más de 24 en Senadores. Las últimas elecciones lo dejaron muy cerca de esas cifras, pero necesitará apoyo externo (y que ningún socio juegue en contra) para lograr los votos que faltan.

Si los consigue, habrá un año para confeccionar más finamente algunos puntos esenciales de la modificación, ya que la instancia previa sólo define si hay necesidad o no de la reforma. Transcurrido ese lapso, las próximas elecciones legislativas (2023, que coincidirán con las de cambio de Gobierno), serían las propicias para un referéndum ciudadano.

Sólo allí se votarían también los convencionales constituyentes. Es otro estadio del proceso, y es uno fundamental, porque en él, la coalición gobernante pondría en peligro algunas de sus intenciones clave. Si la oposición obtiene una victoria que le de las mayorías en dicha asamblea, podría podría dar de baja algunos de los ejes propuestos por Cambia Mendoza.

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El PJ respondió minutos después de que hubiese terminado el discurso del gobernador. El mandato partidario es negar la discusión de la reforma.

El PJ respondió minutos después de que hubiese terminado el discurso del gobernador. El mandato partidario es negar la discusión de la reforma.

De hecho, el PJ ya anunció que su mandato partidario es decirle que no a este avance del radicalismo. Lo puso en palabras, hace poco más de un mes, su presidenta Anabel Fernández Sagasti. Según ha trascendido, propusieron discutir algunos cambios, pero agregando posturas propias: plazos rotativos para manejar el Tribunal de Cuentas y modificaciones en el Ministerio Público Fiscal, por citar ejemplos.

Consultado sobre esto, Marcelo Rubio respondió a esos pedidos asegurando que el intento oficial pretende mayor autonomía para esas entidades: "Precisamente. El Ministerio Público Fiscal no dependería más del Poder Judicial en nuestra reforma; tampoco la Fiscalía de Estado e, inclusive, está la idea de escindir a la Oficina de Ética. Que sean todos órganos extrapoder. Está en el planteo", aseguró.

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Balotaje mendocino y equilibrio fiscal "a la chilena"

Una vez estipulados los ejes del proyecto, la modificación no podrá moverse de esos puntos esenciales. En el oficialismo hoy hablan de un número cercano a cinco pilares, entre los que se destaca que las elecciones a gobernador pasen a tener balotaje en Mendoza, tal como se da en la carrera presidencial. Los pormenores de cómo sería el mecanismo recién se pulirán si el intento avanza.

También resalta una exigencia de manejar las cuentas procurando el equilibrio fiscal. Pasaría a estar prohibido gastar más de lo que se recauda y eso se haría extensivo a las conducciones departamentales. "Hay constituciones de avanzada, como la de Chile, que contienen estos lineamientos, sería un progreso para Mendoza", afirmó el consultado Rubio.

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Debate amplio. Si el oficialismo decide avanzar, necesitará de dos tercios de los votos en ambas cámaras para hacer realidad su deseo de cambiar la Constitución.

Debate amplio. Si el oficialismo decide avanzar, necesitará de dos tercios de los votos en ambas cámaras para hacer realidad su deseo de cambiar la Constitución.

En efecto, se refirió a la constitución trasandina de 1980, en cuyas modificaciones se incluyeron fuertes disposiciones para el manejo de la hacienda pública, otorgando a los poderes Ejecutivo y Legislativo la prerrogativa de controlar y sancionar potenciales excesos -aunque sin vedar las posibilidades de presentar balances deficitarios, cosa que de hecho Chile ha hecho en al menos tres ocasiones en la última década y media-.

Por último, a esos pilares de la reforma pretendida por Suarez deben agregarse propuestas mencionadas ampliamente, como la búsqueda de la unicameralidad para la Legislatura de la provincia (que en lugar de haber dos cuerpos parlamentarios, haya uno solo, reduciendo en número de miembros); la autonomía municipal, y también un cambio en materia electoral: que cada uno de los departamentos tenga asegurado por lo menos un representante -garantía que hoy no existe en Mendoza-; con lo cual serían 18 legisladores elegidos por su pertenencia comunal, y el resto, por el mismo sistema que rige actualmente, de representatividad en términos de población.

Esos son los elementos que maneja el oficialismo. Es claro que el gobernador y su equipo mantienen firme la decisión de dar este debate y es por eso que están encarando un cronograma de discusiones acerca del tema. Más allá de su tratamiento en los diferentes ámbitos apuntados, el martillo se bajará primero en la Legislatura (donde necesitarán apoyo opositor y lealtad de los propios). Y recién después; si avanza, en las urnas de una consulta ciudadana.

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